Introducción: moción sustancial en trámite parlamentario
Este 9 de octubre de 2025, congresistas del Perú han sometido una moción de orden del día ante el Congreso de la República, mediante la cual proponen formalmente la vacancia del cargo presidencial de Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por la causal de incapacidad moral permanente. El documento invoca disposiciones constitucionales y reglamentarias —como el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución y los artículos 66, 68 y 89‑A del Reglamento del Congreso— para legitimar el procedimiento.
Fundamentos alegados: el caso Rolexgate y contradicciones públicas
La moción presenta una serie de “hechos de mayor gravedad” como base factual para acusar a la presidenta de incapacidad moral. El más visible es lo que denomina el “Rolexgate”:
- La prensa ha revelado que Boluarte habría ostentado relojes de lujo en actos oficiales, algunos valorizados en decenas de miles de dólares, generando dudas sobre su origen y coherencia con sus declaraciones públicas.
- El documento menciona tres relojes específicos: uno valuado en USD 14 000 (51 000 soles), otro de acero con bisel blanco por USD 8 000, y un tercero en oro y correa de cuero por unos 4 000 soles.
- Se acusa a la presidenta de caer en contradicciones públicas, al afirmar, por ejemplo, que el reloj más costoso era “un artículo de antaño”, frente a evidencias periodísticas que cuestionan esa versión.
Estos argumentos buscan demostrar que Boluarte ha vulnerado los principios éticos exigidos a quien ostenta el más alto cargo público.
Marco constitucional y procedimental invocado
La moción sustenta su petición amparándose en normas vigentes:
- Artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú, que contempla la vacancia presidencial cuando existe incapacidad moral permanente.
- Artículos 66, 68 y 89‑A del Reglamento del Congreso, que regulan cómo los congresistas pueden presentar mociones de orden del día y cómo debe tramitarse la vacancia: firmas necesarias, admisión y debate en el Pleno.
Los promotores argumentan que la moción no solo es constitucionalmente viable, sino que responde a exigencias éticas y políticas urgentes frente al contexto de desconfianza ciudadana.
Implicancias políticas: tensión institucional en ascenso
Con la formalización de la moción, la presión política sobre el Gobierno se intensifica. Esta iniciativa podría:
- Obligar al Ejecutivo a presentar una defensa pública ante el Pleno.
- Generar un nuevo episodio de confrontación entre poderes del Estado.
- Empujar al debate sobre estándares éticos y transparencia en el ejercicio del poder.
- Incentivar otras bancadas a sumarse a la moción o presentar iniciativas similares.
Además, el hecho de que se cite un episodio de presunta corrupción reciente le da al debate un componente de actualidad que puede movilizar la opinión pública.