El Congreso de la República oficializó este martes 23 de septiembre la moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, por presunta falta de idoneidad, confianza y probidad en el cargo. La moción 19267, que ya cuenta con 35 firmas de congresistas de diversas bancadas, cuestiona la capacidad del funcionario para liderar uno de los sectores más sensibles del Estado.
Santiváñez asumió el Ministerio de Justicia el 23 de agosto de 2025, tras ser ratificado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, después de haber ocupado el Ministerio del Interior. Esta situación convierte a Santiváñez en el primer funcionario en ser sometido a dos mociones de censura en diferentes carteras dentro de un mismo año.
¿Por qué el Congreso cuestiona a Santiváñez?
La moción señala que el ministro ha dejado de reunir las condiciones mínimas de idoneidad para encabezar la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Parte de los cuestionamientos se basan en los procesos judiciales que enfrenta actualmente, incluyendo investigaciones por un posible tráfico de influencias en el Tribunal Constitucional a favor del expolicía Miguel Salirrosas, alias ‘El Diablo’, en coordinación con el premier Eduardo Arana.
Además, los legisladores recuerdan su gestión previa en el Ministerio del Interior, donde fue censurado el 21 de marzo de este año tras reconocer públicamente que pondría a disposición la cartera si no lograba controlar la ola criminal. La moción destaca que esta declaración y la falta de resultados concretos deterioraron la percepción de su idoneidad ante el Legislativo y la ciudadanía.
Cronología de su carrera reciente
Tras su censura en el Mininter, Santiváñez asumió un cargo temporal como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, entre abril y fines de agosto de 2025. Posteriormente, Boluarte lo reincorporó al gabinete como ministro de Justicia, decisión que ahora se encuentra bajo revisión mediante esta moción de censura.
La congresista Susel Paredes había adelantado que se habían reunido las firmas necesarias para oficializar la moción desde el pasado 17 de septiembre. Hoy, el Congreso consolidó la iniciativa con 35 firmas, superando el mínimo requerido de 33, equivalente al 25% de representantes legislativos.
Implicancias políticas y judiciales
La moción de censura contra Santiváñez no solo cuestiona su idoneidad, sino también la legitimidad de su gestión frente a la ciudadanía y la transparencia en el manejo de la cartera. Los congresistas argumentan que los procesos judiciales abiertos podrían afectar directamente la confianza en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, especialmente por su vinculación con casos sensibles que involucran a funcionarios y exagentes policiales.
La medida también abre interrogantes sobre la política del Ejecutivo en cuanto a la selección de funcionarios públicos, dado que Santiváñez había sido previamente censurado y, a pesar de ello, fue reincorporado al gabinete en una cartera de alta relevancia.
Reacciones del ministro
Hasta el momento, Santiváñez no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la moción de censura. Sin embargo, en otras ocasiones ha indicado que no descarta postular a futuras elecciones, afirmando que ha recibido invitaciones de diversos partidos políticos, lo que añade un componente político a la controversia en torno a su gestión.
El Congreso y el control del Ejecutivo
El caso de Santiváñez pone en evidencia el rol del Congreso como órgano de control político y la tensión que puede generarse entre el Legislativo y el Ejecutivo. Las mociones de censura se convierten en instrumentos clave para exigir responsabilidad y transparencia, especialmente cuando los funcionarios enfrentan cuestionamientos por su trayectoria y posibles conflictos de interés.
La moción ahora deberá ser discutida y votada en el Pleno del Congreso, donde se definirá si Santiváñez continuará al frente del Minjusdh o si será removido del cargo, como ya ocurrió previamente en el Mininter.