El debate sobre la gestión del agua potable vuelve al centro de la agenda del Congreso de la República. Esta vez, a través de una iniciativa legislativa que busca cambiar el nombre del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para incluir dentro de su denominación la gestión directa del recurso hídrico. La propuesta, presentada por el congresista Héctor Valer, detalla que el país enfrenta una de las mayores brechas de acceso al agua de la región y que el cambio permitiría visibilizar la dimensión del problema desde la estructura estatal.
El proyecto de ley marca un nuevo capítulo en la discusión sobre las políticas nacionales en agua y saneamiento, y abre un debate sobre qué tan preparada está la institucionalidad actual para enfrentar esta crisis.
¿Qué plantea exactamente el proyecto de ley?
La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley 12836/2025-CR, propone modificar la Ley N.° 30156, que define la organización y funciones del MVCS, a fin de incorporar explícitamente la gestión del agua de consumo humano dentro de su denominación oficial.
De aprobarse, el ministerio pasaría a llamarse:
Ministerio de Vivienda, Construcción, Agua de Consumo Humano y Saneamiento (MVCAS).
Según Valer, la intención es “jerarquizar” el agua dentro de la estructura estatal y reforzar el mandato del sector, dado que la situación hídrica del país es crítica y requiere medidas estructurales.
¿Por qué se busca incluir el agua en el nombre del ministerio?
El documento sustenta que la actual denominación del ministerio no refleja la urgencia nacional frente a la brecha de acceso al agua. Los datos presentados por el legislador y por la Comisión Especial para el Acceso Universal al Agua, presidida por él, advierten un escenario preocupante:
- Para 2023, el 73.7% de la población no contaba con agua gestionada de manera segura.
- Cerca de tres millones de peruanos aún no tienen acceso a agua potable.
- En zonas rurales, la brecha es aún más extrema: el 97.5% carece de agua segura.
Esta realidad afecta de forma directa la salud pública. El informe refiere que la anemia golpea al 43.5% de niños en áreas urbanas y al 51.1% en áreas rurales, y que el acceso simultáneo a agua y alcantarillado podría reducir la anemia en 14.6%.
Estos indicadores, según Valer, justifican la necesidad de un cambio que permita colocar a la gestión del agua como una prioridad estatal explícita. De esta manera, afirma, se enviaría un mensaje político y administrativo claro: el agua es un eje estratégico y no solo un componente dentro de la política de saneamiento.
¿Cómo afectaría el cambio a la estructura del ministerio?
Uno de los puntos clave del proyecto es que no solo cambia el nombre del ministerio, sino también sus competencias y su estructura organizacional. La iniciativa propone:
- Crear un viceministerio especializado en Construcción, Agua de Consumo Humano y Saneamiento.
- Ampliar las responsabilidades del sector para formular, coordinar, ejecutar y supervisar políticas vinculadas específicamente al agua potable.
- Adecuar los órganos internos a los nuevos objetivos estratégicos.
A pesar de estas modificaciones, el proyecto asegura que no generará gastos adicionales, ya que se trata de una reorganización institucional sin creación de nuevas entidades ni incremento presupuestal. Esto responde a una de las preocupaciones recurrentes en el debate sobre reformas del aparato estatal: el riesgo de expandir la burocracia o el gasto público.
¿Cómo se compara esta propuesta con otros modelos de la región?
El sustento del proyecto señala que países como Colombia y Ecuador cuentan con estructuras ministeriales enfocadas directamente en agua y saneamiento, lo que ha permitido una gestión más eficiente y especializada del recurso. Este enfoque sectorial, señala el documento, podría replicarse en el Perú, que enfrenta mayor presión hídrica debido al crecimiento urbano, el cambio climático y la deficiente infraestructura de servicios.
El congresista sostiene que, al incorporar de manera explícita la gestión del agua en la denominación del ministerio, el Estado peruano adoptaría un modelo más moderno y alineado a las necesidades actuales.
¿Qué implica esta propuesta para las familias sin acceso formal al agua?
Otro punto relevante del sustento legislativo es la desigualdad en los costos del agua. Las familias que no cuentan con conexión formal pagan hasta seis veces más que aquellas con suministro regular, debido a que dependen de camiones cisterna para abastecerse. Esto tiene un impacto directo en su economía y perpetúa ciclos de pobreza.
La propuesta subraya que visibilizar este problema desde el nombre mismo del ministerio permitiría enfocar políticas integrales, acelerar proyectos de inversión y priorizar zonas vulnerables.
Reacciones y pasos a seguir
Aunque la iniciativa aún no cuenta con dictamen, el debate promete generar posiciones divididas. Para algunos congresistas, el cambio puede ser simbólico pero relevante para elevar el nivel de prioridad del agua en la agenda pública. Para otros, modificar la denominación de un ministerio no garantiza mejoras reales en la implementación de proyectos de saneamiento o en la ampliación de cobertura.
El proyecto deberá pasar por las comisiones competentes y posteriormente ser discutido en el Pleno. En un contexto en el que el acceso al agua se ha convertido en un tema crítico, la discusión podría avanzar con rapidez.
Por ahora, el congresista Héctor Valer insiste en que la medida es necesaria para alinear al Estado con la gravedad del problema hídrico. De prosperar, el MVCAS marcaría un cambio estructural en la forma en que el país gestiona uno de sus recursos más esenciales.