El Perú vive una ola de inseguridad ciudadana sin precedentes. Sicariatos, extorsiones y delitos organizados se han multiplicado, especialmente en Lima y regiones críticas como Trujillo, Piura y Puno. Frente a este escenario, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, anunció una iniciativa legislativa que busca cambiar las reglas del juego en el combate contra el crimen.
En una entrevista dominical, Jerí señaló que presentará un proyecto de ley para modificar el accionar del Estado durante las declaratorias de estado de emergencia. El objetivo, según explicó, es dotar al Ejecutivo de nuevas herramientas para ejecutar operativos más contundentes contra la delincuencia.
“Vamos a darle una herramienta nueva al Ejecutivo para que los operativos se realicen de otra manera. Tal como se han aplicado, a la fecha, los estados de emergencia no sirven. Solo así podemos hacer un barrido real con la delincuencia”, enfatizó Jerí.
¿Qué cambiará con esta propuesta?
La iniciativa, que ya fue comentada en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) el pasado 26 de agosto, busca redefinir el alcance constitucional de los estados de emergencia.
Actualmente, la declaratoria permite que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, pero con limitaciones operativas y legales. Con la modificación que plantea Jerí, el Ejecutivo tendría mayores facultades para realizar intervenciones directas, allanamientos masivos y despliegues focalizados en zonas críticas.
¿Podría esto significar más control o más riesgo de abusos? La pregunta divide opiniones. Mientras sectores del Congreso y gremios empresariales respaldan la propuesta como una medida urgente, organizaciones de derechos humanos advierten que un uso desproporcionado de la fuerza podría generar violaciones a las libertades individuales.
Criminalidad sistemática: un nuevo tipo penal
Jerí también destacó que el Congreso aprobó recientemente un dictamen que incorpora el delito de criminalidad sistemática, conocido como “terrorismo urbano”, en el Código Penal.
Este nuevo tipo penal permitirá procesar a organizaciones criminales que ejecuten ataques, extorsiones, asesinatos y amenazas como parte de un plan coordinado, similar a la figura utilizada para perseguir al terrorismo en décadas pasadas.
La apuesta legislativa es clara: equiparar el crimen organizado con el terrorismo para darle al Estado más herramientas legales en su combate.
Estados de emergencia: ¿funcionan o no?
Los estados de emergencia se han convertido en uno de los mecanismos más utilizados por los últimos gobiernos para responder a la inseguridad. Sin embargo, los resultados hasta ahora han sido limitados.
En distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Trujillo y Chiclayo, donde las declaratorias se han aplicado por meses, los índices de delitos graves no han disminuido significativamente. Según datos de la Policía Nacional, los homicidios por sicariato crecieron un 38% en Lima entre enero y agosto de 2025, a pesar de las intervenciones militares.
¿Se necesitan más estados de emergencia o un rediseño profundo de la política de seguridad? Para Jerí, la respuesta es clara: “Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados no van a cambiar. Necesitamos nuevas facultades para atacar el problema desde la raíz”.
Crimen organizado y extorsión: el desafío de fondo
La propuesta legislativa llega en un contexto marcado por la expansión de las mafias de extorsión y el crimen organizado en el país. Organizaciones locales y transnacionales han tomado control de sectores clave como el transporte público, la minería ilegal y el comercio informal, imponiendo cobros de “cupos” bajo amenaza de muerte.
Solo en Lima, la Dirincri reporta que las denuncias por extorsión crecieron un 52% en lo que va del 2025. En Trujillo, epicentro del sicariato en el norte del país, los homicidios vinculados a ajustes de cuentas se duplicaron respecto al año anterior.
Sin una política integral que combine reformas legales, inteligencia policial y coordinación interinstitucional, los especialistas advierten que el problema podría volverse incontrolable.
Debate en camino: ¿seguridad o libertades?
El proyecto de Jerí promete abrir un debate intenso en el Congreso y la opinión pública. De aprobarse, el Ejecutivo tendría mayor poder operativo en zonas declaradas en emergencia, pero esto también plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos fundamentales.
Colectivos de derechos humanos ya han advertido que una modificación constitucional de este tipo podría legitimar detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y una militarización excesiva en áreas urbanas.
El desafío para el Parlamento será encontrar un equilibrio entre la seguridad ciudadana y la protección de las libertades democráticas.
