El Congreso de la República aprobó en primera votación, el dictamen que propone que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se hayan cometido antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma (2002), prescriban.
La propuesta impulsada por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular) también busca impedir que se pueda procesar y sancionar estos crímenes si fueron cometidos antes del 1 julio del 2002.
El dictamen alcanzó 60 votos a favor gracias a la adhesión de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú, Honor y Democracia, siete no agrupados y uno del Bloque Magisterial.
Durante el debate, la congresista Ruth Luque recordó los casos en que los militares fueron sentenciados por violaciones a los derechos humanos por las matanzas de campesinos que se dieron en el marco de la lucha antisubversiva. Diversos congresistas de izquierda llamaron la atención de que esta norma beneficiaría al expresidente, Alberto Fujimori, a su asesor Vladimiro Montesinos y a miembros del grupo Colina.
Sin embargo, el fujimorismo y sus bancadas afines negaron que la norma busque beneficiar al excarcelado exmandatario o a sus socios, e incluso, el mismo presidente del Congreso, Alejandro Soto, sostuvo que no se trataba de una ley con nombre propio.
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Por su parte, la congresista Sigrid Bazán, presentó un recurso para que el Pleno del Parlamento reconsidere la aprobación de la propuesta normativa que beneficiaría a los políticos, funcionarios y militares cuestionados por violación de derechos humanos.
Anteriormente, la abogada Gloria Cano, había explicado a CARETAS que la aprobación de esta ley permitiría que los sentenciados por casos de violaciones de derechos humanos anulen sus sentencias por la vía judicial. Asimismo, casos como “Pativilca” en el que se juzga a Alberto Fujimori, podrían terminar por verse afectados.