Un sector bajo amenaza del crimen organizado
El Congreso de la República dio un paso clave en la lucha contra la violencia que azota al transporte público y de carga en el país. En una sesión conjunta, las comisiones de Transportes y Comunicaciones y de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas aprobaron el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 12723/2025-CR, que plantea medidas extraordinarias para combatir la extorsión y el sicariato en las empresas de transporte.
El dictamen surge como respuesta al alarmante incremento de hechos de violencia y extorsión, que en los últimos años han convertido al sector transporte en uno de los principales escenarios del crimen organizado. Conductores, cobradores y empresarios viven bajo amenazas constantes, sufren atentados con explosivos, cobros de “cupos” y ataques armados que ponen en riesgo su vida y la continuidad del servicio.
La pregunta que guía esta nueva iniciativa es clara: ¿cómo detener una red criminal que opera a plena luz del día, bajo el disfraz de rutas y asociaciones?
Objetivo: recuperar el control y garantizar la seguridad ciudadana
La propuesta legislativa busca restablecer la autoridad del Estado y reforzar la capacidad operativa de las instituciones frente al crimen. Para ello, el dictamen establece un marco legal extraordinario que permite una intervención integral para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de extorsión y sicariato vinculados al transporte.
Las medidas incluyen operativos conjuntos entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Transportes, además de mecanismos de control financiero y un registro obligatorio de asociaciones de transporte para evitar que las mafias utilicen estas estructuras como fachadas legales.
Asimismo, se contemplan canales seguros de denuncia, programas de protección integral a las víctimas —con apoyo legal, psicológico y económico— y el endurecimiento de las sanciones penales contra quienes integren, financien o colaboren con estas redes criminales.
Un enfoque interinstitucional frente al crimen
La congresista Karol Paredes Fonseca (Avanza País), presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, destacó que este dictamen “establece un marco legal extraordinario para enfrentar delitos que han escalado en niveles de violencia, organización y frecuencia”. Según la parlamentaria, la articulación interinstitucional es clave para el éxito de la estrategia.
El texto legal propone la coordinación entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el fin de detectar, rastrear y desmantelar las organizaciones criminales que operan en el transporte público y de carga.
Estas entidades deberán actuar de manera coordinada en la prevención, persecución y sanción de las mafias que dominan rutas, controlan gremios y utilizan la violencia como método de extorsión.
Opiniones técnicas y consenso multisectorial
Por su parte, el congresista Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular), presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, precisó que para la elaboración del dictamen se recibieron opiniones técnicas de varios sectores clave: los ministerios del Interior, Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, Salud, además de la Fiscalía de la Nación y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
“Fue un trabajo consensuado, con respaldo técnico y jurídico”, afirmó Mori Celis. Con este respaldo, el dictamen se perfila como una herramienta integral para enfrentar una problemática que afecta tanto a la seguridad ciudadana como a la economía nacional.
Propuestas complementarias y debate en el Congreso
Durante el debate, la congresista Patricia Chirinos Venegas (Renovación Popular) propuso la creación de un sistema nacional de denuncias seguras para transportistas, administrado por la PNP y el MTC. Este sistema permitiría reportar casos de extorsión de forma confidencial, garantizando la protección de las víctimas frente a posibles represalias.
Asimismo, Chirinos sugirió incorporar a los comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana en la implementación de las medidas preventivas y la identificación de rutas seguras, aprovechando su conocimiento territorial y experiencia en la lucha contra la delincuencia.
Por otro lado, la congresista Isabel Cortez Aguirre (Perú Libre) pidió reforzar la presencia policial en paraderos y unidades de transporte, especialmente en horas punta. “En cada paradero deberían estar presentes dos o tres efectivos policiales para intervenir de inmediato. Esa reacción rápida es clave para frenar estos actos delictivos”, señaló.
Extorsión y sicariato: un problema que asfixia al transporte
Según fuentes del Ministerio del Interior, las denuncias por extorsión en el transporte se han triplicado en los últimos tres años. Los cobros ilegales conocidos como “cupos” se han institucionalizado en regiones como Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura, donde bandas armadas controlan rutas, terminales y gremios bajo amenaza.
El sicariato, por su parte, ha cobrado la vida de decenas de choferes y empresarios que se negaron a pagar las extorsiones. Estas mafias utilizan explosivos, armas de fuego y vehículos clonados para sembrar el terror en avenidas y terminales.
Con este dictamen, el Congreso busca romper el círculo de impunidad que ha permitido el avance de estas organizaciones criminales y restablecer la confianza de los ciudadanos en el transporte público.
Una respuesta del Estado ante la ola de violencia
El dictamen aprobado marca un punto de inflexión en la estrategia nacional de seguridad ciudadana. No solo fortalece la capacidad del Estado para investigar y sancionar, sino que también protege a las víctimas y testigos, promoviendo la denuncia sin miedo y el trabajo articulado entre instituciones.
“No se trata solo de castigar, sino de prevenir, proteger y recuperar la seguridad en las calles y carreteras del país”, sostuvo la presidenta Karol Paredes durante la sesión.
Con esta iniciativa, el Congreso busca que el Estado recupere el control sobre un sector clave para la economía nacional y que la ciudadanía vuelva a confiar en el transporte público como un servicio seguro.