En tan solo 10 días, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación, el proyecto de ley que formuló el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, para eliminar la meritocracia en el concurso que define a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La iniciativa ingresó al Parlamento el 30 de abril. Solo dos días después, la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Martha Moyano, ya tenía listo el texto que pondrían a votación en el Pleno y cinco días más tarde, la Junta de Portavoces ya la había incluido en la agenda de la próxima sesión plenaria.
El texto, propone habilitar a todos los postulantes que figuren como aprobados en el cuadro final de méritos como suplentes de los jueces titulares del organismo que se encarga de designar y destituir a los jueces y fiscales del país, además de nombrar a los jefes de ONPE y Reniec.
Actualmente, la ley solo permite que haya siete suplentes de los magistrados. Estos son los siete magistrados que quedaron en los siete lugares subsiguientes a quienes lograron ser titulares.
La norma aprobada por el Parlamento también apunta a la inhabilitación para el ejercicio de la función pública del suplente que se niegue a incorporarse al Pleno de la JNJ sin que haya una “causa o impedimento señalado en la ley”.
El dictamen también habilita a quienes postularon en el último proceso de selección de magistrados de la JNJ para que puedan ser miembros suplentes en la presente composición de esta institución.
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Como se sabe, actualmente este ente autónomo solo tiene cinco de los siete magistrados que la componen debido a que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió la medida cautelar que el Poder Judicial había otorgado a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, a fin de que fueran repuestos en sus cargos en la JNJ.
De esta manera, el fallo del TC reactivó la inhabilitación política de 10 años con la que el Parlamento había sancionado a ambos magistrados.
La parlamentaria de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, se pronunció sobre el hecho en sus redes sociales. Escribió: “Sin reconocer la crisis política que vivimos, el Congreso aprueba, en primera votación, una reforma de Ley Orgánica para copar la Junta Nacional de Justicia y hacerse de esta institución para favorecer a Patricia Benavides y poder elegir a un jefe de la ONPE a su medida”.
