Un beneficio que se consolida cada diciembre
El Congreso de la República volverá a otorgar en diciembre un conjunto de beneficios económicos a sus 130 parlamentarios, un “paquete” que asciende a S/46 900 por congresista, según reveló una reciente investigación periodística. La entrega incluye sueldo, gratificación, bonos congresales y una tarjeta electrónica de consumo, lo que ha generado un nuevo debate sobre el uso de recursos públicos en plena crisis económica y con crecientes demandas de austeridad estatal.
La revelación fue realizada por el programa Cuarto Poder, que accedió a documentos de licitación y compras internas. La pregunta que surge es directa: ¿por qué el Congreso mantiene este nivel de gastos mientras otras entidades recortan presupuestos? La respuesta oficial apunta al convenio colectivo vigente hasta 2025, pero el impacto político continúa generando controversia.
¿Qué incluye el “paquete” de S/46 900?
De acuerdo con la información difundida, cada congresista recibirá en diciembre un monto compuesto por diversos conceptos laborales. El detalle es el siguiente:
- Sueldo mensual: S/15 600
- Gratificación de diciembre: S/15 600
- Bono por función congresal: S/11 000
- Asignación por semana de representación: S/2 800
- Tarjeta navideña electrónica: S/1 900
En total, el beneficio asciende a S/46 900 por parlamentario. Uno de los puntos más polémicos es la tarjeta navideña, un vale electrónico que pueden usar en supermercados y tiendas. Solo este rubro representa un gasto institucional de S/8.5 millones, pues el Parlamento adquirió 4 500 unidades para distribuir entre trabajadores y legisladores.
Tarjetas navideñas: un gasto que no deja de crecer
El valor de la tarjeta electrónica también ha tenido un crecimiento constante. En 2020 y 2021 era de S/1 500; en 2022 y 2023 se incrementó a S/1 700; y desde 2024 llegó a S/1 900, monto que se mantiene este año. Entre 2023 y 2025, el Congreso ha gastado más de S/24.6 millones solo por este beneficio, de acuerdo con la investigación.
Este aumento abre una interrogante clave que también se plantea en el debate público: ¿responde el incremento a criterios técnicos o a decisiones políticas internas? Desde el Parlamento se sostiene que todo se enmarca en el convenio colectivo firmado con el sindicato y vigente hasta el próximo año.
Convenio colectivo y nueva negociación
El manejo de estos beneficios se rige bajo un convenio que establece montos, bonos y condiciones laborales. En octubre, la Mesa Directiva aprobó la instalación de una comisión negociadora encargada de preparar el próximo acuerdo para el periodo 2026–2027, lo que anticipa que el sistema de beneficios se mantendrá en los siguientes años.
Sin embargo, especialistas consultados advierten que los convenios colectivos en entidades públicas deben alinearse a criterios de transparencia y sostenibilidad fiscal. El analista político Iván García calificó el gasto como “otro festín en trineo por parte de un Congreso que ha demostrado poquísimo apego a la austeridad”. Su crítica resume el sentir de una parte importante de la ciudadanía, especialmente en un contexto en el que el país enfrenta recortes presupuestales y bajos indicadores de crecimiento.
Contexto: crisis económica y descontento ciudadano
La entrega de beneficios ocurre mientras miles de trabajadores del sector público enfrentan congelamiento salarial o retrasos en negociaciones. Además, distintos gremios advierten que el 2025 cerrará con inflación acumulada, crecimiento económico menor al esperado y menores ingresos para regiones y municipalidades.
En ese marco, la revelación sobre los ingresos navideños del Congreso genera fricción social: ¿es pertinente mantener este nivel de gasto en medio de la desaceleración económica? Esta pregunta ha sido ampliamente difundida en redes sociales, donde se multiplican críticas a la gestión presupuestal del Parlamento.
Reacciones dentro y fuera del Congreso
Aunque hasta ahora ningún vocero oficial del Congreso ha respondido públicamente al reportaje, algunos parlamentarios han señalado fuera de cámaras que los beneficios son parte del régimen laboral y no deberían considerarse cuestionables. No obstante, especialistas en gestión pública recuerdan que la legalidad no siempre coincide con la legitimidad social, especialmente en una institución con índices de desaprobación superiores al 85%.
El tema también ha reavivado el debate sobre la reforma del Parlamento, los límites de los bonos congresales y la necesidad de transparentar todos los beneficios recibidos por los legisladores.
¿Puede modificarse este tipo de beneficios?
Expertos en derecho laboral señalan que los convenios colectivos pueden ser revisados por razones de interés público, aunque esto requiere voluntad política de la Mesa Directiva y acuerdos con los sindicatos. Sin embargo, dado que se aproxima un año electoral, es poco probable que los legisladores respalden una reducción de beneficios que podría afectar su respaldo interno.
Mientras tanto, el Congreso continúa con la entrega de estos montos, que cada año generan el mismo debate, pero que hasta ahora no han sido modificados por ninguna gestión parlamentaria.