La Comisión Permanente del Congreso aprobó, por 13 votos a favor y 6 en contra, el informe final que propone inhabilitar por 10 años al expresidente Pedro Castillo por las acciones que configuraron el intento de quiebre constitucional del 7 de diciembre de 2022.
La sesión estuvo marcada por momentos de tensión luego de que el abogado de Pedro Castillo, el excongresista Carlos Torres Caro, fuera expulsado del hemiciclo tras emitir expresiones ofensivas contra los parlamentarios. El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, ordenó su retiro al considerar que el letrado había excedido los límites permitidos para una intervención de defensa. Según López, Torres Caro no presentó argumentos técnicos durante sus primeros minutos y, por el contrario, recurrió a ataques directos contra la representación nacional.
La expulsión generó críticas entre los legisladores, quienes lamentaron la ausencia de una defensa jurídica sólida. Congresistas como Alejandro Muñante (Renovación Popular), Eduardo Salhuana (APP) y Martha Moyano (Fuerza Popular) afirmaron que la intervención de Torres Caro perjudicó aún más la situación legal del expresidente. Otros, como Alejandro Cavero (Avanza País), tomaron la palabra para recordar los actos de corrupción que marcaron el gobierno de Castillo, mientras que parlamentarios como Elías Varas (Juntos por el Perú) insistieron en que una parte del Congreso conspiró para su vacancia.
Comisión Permanente aprueba la inhabilitación
Pese a la controversia, la Comisión Permanente continuó con el debate y finalmente aprobó el informe de las Denuncias Constitucionales 547 y 575 (acumuladas). Según el documento sustentado por Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se determinó que Pedro Castillo vulneró diversos artículos de la Constitución al ejecutar acciones orientadas a quebrar el orden democrático.
El informe detalla que el expresidente sostuvo reuniones cuyos contenidos no fueron esclarecidos y que ordenó a la entonces primera ministra, Betssy Chávez, coordinar con TV Perú la transmisión del mensaje en el que anunciaría la disolución del Congreso. También se precisa que Castillo emitió un mensaje público en el que proclamó medidas sin sustento constitucional, como la reorganización del sistema de justicia y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Asimismo, se indica que Castillo impartió órdenes directas al entonces comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, para cerrar el Congreso, impedir el ingreso de cualquiera de sus miembros, intervenir el Ministerio Público y detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Estas acciones, de acuerdo con el informe, constituyeron graves infracciones a la Constitución, incluyendo la imposición de un toque de queda sin base legal y la usurpación de funciones legislativas.
Solicitud rechazada y continuidad del proceso
Durante el debate, el congresista Víctor Cutipa presentó una cuestión previa para permitir que un segundo abogado asumiera la defensa del expresidente. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por falta de acreditación y por no cumplir con los requisitos de procedibilidad. López explicó que no existía documentación que respalde la presencia de un defensor adicional y recordó las circunstancias que motivaron la salida de Torres Caro del hemiciclo.
La Comisión Permanente continuará con la evaluación de las responsabilidades individuales vinculadas al intento de golpe de Estado. En ese marco, el exministro del Interior Willy Huerta Olivas fue citado para el jueves 27 de noviembre a las 10 de la mañana, a fin de ejercer su derecho de defensa en el proceso que también recomienda su inhabilitación por 10 años.