Comisión de Justicia aprueba cambios para cumplir sentencias de la Corte IDH en Perú

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó un dictamen que modifica normas nacionales para regular la ejecución de las sentencias de la Corte IDH y fortalecer el cumplimiento de obligaciones internacionales.

por Edgar Mandujano

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un dictamen que busca actualizar el marco legal para la ejecución de las sentencias de la Corte IDH en el Perú.

La iniciativa plantea modificaciones a la Ley 27775, que regula la ejecución de fallos emitidos por tribunales supranacionales, y a la Ley 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional.

La propuesta fue debatida durante una sesión presidida por el congresista Flavio Cruz Mamani.

El dictamen se sustenta en el Proyecto de Ley 13486/2025-CR, presentado por Waldemar Cerrón Rojas. La votación fue ajustada: ocho votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.

Según el texto aprobado, el objetivo es armonizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH con el ordenamiento jurídico peruano.

La propuesta también busca fortalecer los mecanismos que permitan al Estado cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Comisión aprueba cambios para ejecución de sentencias internacionales

El principal objetivo de la iniciativa es actualizar la legislación peruana sobre la ejecución de resoluciones emitidas por tribunales supranacionales, especialmente aquellas provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo con el dictamen, se modificará el artículo 2 de la Ley 27775.

Además, se incorporará un segundo párrafo al artículo 123 del Código Procesal Constitucional.

Los impulsores del proyecto sostienen que estos cambios brindarán mayor claridad al procedimiento mediante el cual el Estado peruano cumple los fallos internacionales.

El debate sobre las sentencias de la Corte IDH ha sido constante en el ámbito político y jurídico peruano.

Esto se debe a que dichas decisiones pueden generar efectos en materia de reparación, restitución de derechos y adecuación de normas nacionales.

Para los promotores de la iniciativa, es necesario contar con reglas más precisas que permitan compatibilizar las obligaciones internacionales con el marco constitucional vigente.

Debate sobre la relación entre derecho nacional y derecho internacional

La aprobación del dictamen se produce en medio de un debate permanente sobre el alcance de las decisiones emitidas por organismos internacionales dentro del sistema jurídico peruano.

Diversos sectores consideran que las sentencias de la Corte IDH son obligaciones que el Estado debe cumplir en virtud de los tratados internacionales suscritos por el país.

Otros sectores sostienen que es necesario precisar cómo estas resoluciones se incorporan al ordenamiento jurídico interno para evitar conflictos de interpretación.

La propuesta aprobada por la Comisión de Justicia busca establecer criterios más claros para la ejecución de estas decisiones y reducir posibles vacíos normativos.

El tema es relevante porque Perú ha participado en diversos procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante las últimas décadas.

Estos casos han generado importantes precedentes para el sistema judicial nacional.

Comisión también aprobó cambios en la Junta Nacional de Justicia

Durante la misma sesión, la Comisión de Justicia aprobó otro dictamen relacionado con la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La propuesta plantea homologar los ingresos de los miembros titulares de la JNJ con las remuneraciones de los jueces supremos de la Corte Suprema.

Asimismo, autoriza la actualización de la escala remunerativa para los trabajadores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

La iniciativa se sustenta en los Proyectos de Ley 13363/2025-JNJ y 13506/2025-CR.

Los legisladores que respaldaron la propuesta señalaron que el fortalecimiento de la Junta Nacional de Justicia requiere condiciones laborales acordes con las responsabilidades de sus integrantes.

Aprueban medidas sobre carrera fiscal y protección de menores

La comisión también aprobó un dictamen que modifica la Ley de la Carrera Fiscal.

La propuesta reduce la edad mínima para acceder a la función fiscal e incorpora requisitos especiales para quienes aspiren a desempeñar ese cargo.

La iniciativa fue presentada por el congresista Wilson Soto Palacios y recibió respaldo mayoritario.

Además, se aprobó un proyecto que establece una ley de reparación integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad sexual.

La propuesta busca crear mecanismos especializados de protección, recuperación y restitución de derechos.

El dictamen contempla medidas de atención integral y coordinación interinstitucional.

El objetivo es garantizar asistencia psicológica, social y legal a menores afectados por este tipo de delitos.

Los legisladores destacaron que la iniciativa fortalecerá la respuesta del Estado frente a una problemática que afecta a miles de menores en el país.

Congreso impulsa nuevas normas sobre educación y sistema penitenciario

Otro proyecto aprobado busca tipificar el delito de fraude en los procesos de admisión a instituciones de educación superior.

La propuesta incorpora el artículo 438-B al Código Penal.

Además, establece penas de entre cuatro y ocho años de prisión para quienes obtengan de manera indebida el ingreso a universidades, institutos o escuelas superiores.

Las sanciones podrían elevarse hasta diez años cuando intervengan medios informáticos, organizaciones criminales o funcionarios vinculados a las instituciones educativas.

Asimismo, la comisión aprobó una iniciativa que declara de interés nacional el fortalecimiento del sistema penitenciario frente a la crisis de hacinamiento.

La propuesta busca impulsar mejoras en la infraestructura carcelaria y optimizar la gestión penitenciaria.

El objetivo es enfrentar la sobrepoblación y los problemas de seguridad en los centros de reclusión.

Finalmente, los congresistas aprobaron una propuesta para establecer procedimientos administrativos relacionados con la declaración de desprotección familiar y adoptabilidad de menores sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.

La jornada concluyó con la presentación de un recurso de reconsideración sobre el proyecto de financiamiento ilícito de partidos políticos.

La iniciativa no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada por la comisión.

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