La Comisión de Ética del Congreso decidió blindar a la legisladora Lucinda Vásquez al rechazar el informe final que proponía sancionarla por contratar irregularmente a tres familiares en su despacho parlamentario. El documento obtuvo 5 votos a favor, 8 en contra y una abstención, pese a que la investigación concluyó que se vulneró la normativa vigente respecto al uso de recursos públicos y a la prohibición de nepotismo.
El informe técnico detallaba que Vásquez incorporó a tres sobrinos-nietos en puestos de confianza sin acreditar experiencia profesional ni idoneidad. Estas contrataciones —realizadas con fondos del Estado— motivaron la apertura de una investigación que, en su momento, fue considerada procedente por la propia comisión. Sin embargo, la mayoría parlamentaria desestimó el informe, lo que generó críticas por la falta de independencia del grupo de trabajo y el peso de los acuerdos políticos internos.
Especialistas señalaron que este tipo de decisiones refuerza la percepción de un funcionamiento politizado de la Comisión de Ética, que suele variar en sus criterios según las alianzas congresales. Aun con este blindaje, Vásquez mantiene procesos abiertos por otros hechos, entre ellos el caso conocido como “cortaúñas”, relacionado con el uso de un asesor para realizar tareas personales.
Investigación en el caso “cortaúñas” continúa
La Comisión de Ética aprobó por mayoría iniciar un nuevo procedimiento contra Lucinda Vásquez luego de que un reportaje revelara que uno de sus asesores le cortaba las uñas de los pies dentro de su despacho en pleno horario laboral. El informe preliminar calificó los hechos como un posible abuso de poder y una vulneración de la dignidad laboral, al emplearse personal del Congreso para asuntos personales.
Con siete votos a favor, uno en contra y una abstención, el grupo de trabajo decidió abrir una investigación que podría derivar en sanciones que van desde la suspensión hasta otras medidas disciplinarias, dependiendo de las conclusiones del proceso. Este caso se suma a los cuestionamientos previos contra la congresista y mantiene su situación bajo escrutinio público.