La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República llevó a cabo una importante sesión este martes 5 de mayo, convocando a los responsables del sistema electoral para abordar las irregularidades detectadas durante las últimas elecciones generales, que se realizaron el 12 de abril de 2026.
Desde las 10:00 de la mañana, la reunión se desarrolla en el Hemiciclo del Parlamento, con participación presencial y virtual. Los principales funcionarios invitados, que deberán rendir cuentas sobre los problemas operativos del proceso electoral, son:
- Roberto Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
- Bernardo Pachas Serrano, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
- Carmen Velarde Koechlin, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)
Investigación de irregularidades en las elecciones
Durante la sesión, los citados deberán explicar las fallas que se registraron en diversos puntos del país, las cuales fueron motivo de preocupación y denunciadas por los ciudadanos. En especial, la comisión busca aclarar los retrasos en la instalación de mesas de sufragio y complicaciones en el traslado del material electoral.
Entre los temas a evaluar se encuentran denuncias sobre incidentes críticos en distritos limeños, donde la jornada se extendió hasta el día siguiente, un hecho sin precedentes en la historia electoral del país. Además de los funcionarios, también se invitaron a especialistas en derecho constitucional, como Domingo García Belaunde y Jorge Luis Cáceres Arce, quienes brindarán su análisis sobre la situación.
¿Qué otros temás habrán en la agenda legislativa del Congreso?
Además de la revisión de las irregularidades electorales, la sesión contempla la aprobación del acta de la quinta sesión extraordinaria y la evaluación de documentos administrativos correspondientes a los últimos días de abril y principios de mayo.
Otro punto crucial en la agenda es el debate sobre el proyecto de ley 14337/2025-CR, que busca incorporar en el Código Penal la regulación de los delitos de lesa humanidad, alineándose a lo establecido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta iniciativa es fundamental para fortalecer el marco normativo del país en temas de derechos humanos.