MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) –
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los pilares del acuerdo de paz alcanzado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha abierto un nuevo caso para investigar la violencia sexual contra más de 35.000 personas durante el conflicto armado en el país.
Se trata del caso número 11 y permitirá a la JEP investigar y sancionar la violencia basada en el género contra numerosas víctimas, incluida violencia sexual, reproductiva y delitos o crímenes cometidos por motivos de orientación sexual, entre otros.
Este nuevo caso parte de 35.178 víctimas ya identificadas, que fueron agredidas por distintos actores armados durante el conflicto. No obstante, se estima que al menos un 33 por ciento de estos casos son atribuibles a grupos paramilitares, por lo que no corresponde a la JEP juzgarlos. En otro 30 por ciento de los casos, las autoridades no han logrado identificar al presunto autor.
Así, uno de los mayores retos en este caso será garantizar la participación de las víctimas, por lo cual la JEP ha hecho un llamamiento a las organizaciones de la sociedad civil para que contribuyan a ampliar sus informes y participar en el caso, que se ha abierto a raíz de las peticiones insistentes de víctimas y organizaciones de mujeres, según informaciones del diario ‘El Tiempo’.
La Alianza 5 Claves, que congrega a cinco organizaciones que desde 2014 trabajan por el tratamiento diferencial de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, ha aplaudido la decisión de la JEP y la ha descrito como «histórica». Además, ha señalado que «representa un avance que pone a Colombia y a la JEP como referentes en el derecho nacional e internacional en el análisis de las violencias basadas en género».
En la fase previa a la apertura del caso se han registrado 35.178 víctimas, de las cuales un 89,2 por ciento son mujeres. El 35 por ciento de estas personas fueron víctimas de la violencia cuando eran menores de edad.
La mayoría de estas víctimas son racializadas, por lo que la jueza Lily Rueda, investigadora del caso, ha destacado que esto permite «poner un foco especial en los elementos discriminatorios que tienen estas violencias», así como en las «dinámicas de guerra, que reflejan y multiplican las discriminaciones estructurales que históricamente han afectado a mujeres, niñas y personas con orientaciones sexual e identidades de género diversas».
