¿Una decisión histórica en la lucha contra el crimen?
Dina Boluarte anunció este martes un proyecto que marcaría un antes y un después en la política penitenciaria peruana: la construcción de un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, destinado a recluir a los criminales más peligrosos del país bajo un régimen de aislamiento total y vigilancia permanente.
La jefa de Estado, acompañada por los ministros de Justicia, Defensa y Vivienda, calificó esta iniciativa como una respuesta “valiente” y “necesaria” frente al avance del crimen organizado, al que acusó de haberse fortalecido por décadas de inacción estatal.
“Esta presidenta no retrocede. Esta presidenta toma decisiones firmes para defender la vida y la tranquilidad de los peruanos”, afirmó.
Seguridad en el centro del discurso político
Durante su mensaje, Boluarte hizo un balance de su gestión, recordando que asumió el poder tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022. A pesar de las crisis institucionales, las protestas violentas y fenómenos naturales como el ciclón Yaku, aseguró que su gobierno ha logrado restablecer la paz social, estabilizar la economía y ahora, se enfoca en derrotar al crimen.
“Durante años, gobiernos anteriores abandonaron esta causa. Y tuvo que llegar la primera mujer presidenta de la historia republicana para tomar decisiones firmes”, sostuvo.
En ese contexto, el anuncio del penal en El Frontón se presenta como una política de mano dura, que busca cortar de raíz las operaciones criminales desde los penales, un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años.
¿Qué características tendrá el nuevo penal?
Según lo anunciado, el centro penitenciario contará con:
- Acceso restringido
- Régimen especial y aislamiento total
- Vigilancia 24/7
- Capacidad para hasta 2 mil internos de alta peligrosidad
- Construcción en un área de más de 57 mil metros cuadrados
El proyecto implicará una inversión de S/ 500 millones y se ejecutará bajo un convenio interinstitucional entre los ministerios de Justicia, Defensa y Vivienda. Además, el Ejército estará a cargo de las obras iniciales.
“Con este nuevo penal daremos un golpe certero a las organizaciones criminales que operan desde las cárceles”, enfatizó Boluarte.
Respuesta a críticas: “¿Qué hicieron cuando fueron gobierno?”
La presidenta también aprovechó para enviar un mensaje directo a sus críticos, quienes han cuestionado la viabilidad del proyecto por razones técnicas, ambientales e incluso legales.
“Es fácil salir en los medios y decir que no se puede. Pero, ¿qué hicieron cuando fueron autoridades? Nosotros reactivamos este proyecto que estuvo paralizado desde 2020. Nosotros sí damos la cara y trabajamos”, respondió.
Cabe destacar que El Frontón ya fue anteriormente una prisión durante el siglo XX y es un lugar con una carga simbólica e histórica significativa, sobre todo tras los sucesos ocurridos durante el gobierno de Alan García en 1986, cuando una operación militar terminó con la vida de decenas de reclusos.
¿Una solución integral o solo punitiva?
Si bien la propuesta ha sido presentada como una respuesta integral a la criminalidad, la mandataria aseguró que no se trata únicamente de represión. También habló de derechos humanos y prevención del delito, afirmando que la expansión penitenciaria ayudará a reducir el hacinamiento carcelario, y que su gobierno trabaja en educación y prevención.
“Estamos construyendo penales en Apurímac, Lima y otras regiones. También trabajamos desde la educación para prevenir el delito en las nuevas generaciones”, dijo.
¿Qué sigue en la agenda de seguridad del Ejecutivo?
Dina Boluarte cerró su discurso asegurando que este proyecto es solo una parte de una estrategia más amplia para recuperar el control del país frente al crimen.
“Nada ni nadie nos detendrá. Seguiremos avanzando con firmeza, porque nuestra responsabilidad es con los 33 millones de peruanos. Este penal es solo una parte. Hay más por venir”.
Con ello, la presidenta deja claro que la seguridad ciudadana será uno de los ejes de su discurso político y de su eventual legado. No obstante, el éxito del proyecto dependerá de su ejecución efectiva y del respaldo técnico y legal que logre construir, en un país donde las iniciativas penitenciarias suelen generar divisiones políticas, sociales y hasta judiciales.
