La situación legal y política de la ex primera ministra Betssy Chávez ha dado un drástico giro. Juan Carlos Checkley ordenó cinco meses de prisión preventiva en su contra por su presunta implicación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, mientras que la Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe que recomienda su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos. Esta doble medida intensifica la presión sobre la exfuncionaria, quien ahora es buscada a nivel nacional e internacional.
El juez Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, fue quien dictaminó la medida de prisión preventiva. Su decisión dejó sin efecto la comparecencia restringida que Betssy Chávez mantenía, al considerar que existen suficientes indicios de su participación en el intento de quiebre institucional encabezado por el expresidente Pedro Castillo Terrones. La solicitud de esta medida fue presentada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos el pasado 7 de noviembre, argumentando que la exministra había incumplido gravemente las restricciones impuestas por el Poder Judicial tras su excarcelación, ordenada por el Tribunal Constitucional en septiembre.
Durante la audiencia del 13 de noviembre, el magistrado escuchó los argumentos de ambas partes y encontró fundado el requerimiento del Ministerio Público. Entre los incumplimientos más destacados, se verificó que la exfuncionaria no acudió a tres controles biométricos obligatorios, programados para el 29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre. Adicionalmente, Chávez se ausentó de cuatro sesiones del juicio oral, lo que la puso al borde de ser declarada reo contumaz, aunque esta medida fue descartada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a inicios de noviembre.
La resolución judicial concluye que estos hechos constituyen agravantes suficientes para justificar la orden de reclusión. Se subraya que las infracciones al régimen de comparecencia ocurrieron poco antes de que Chávez intentara solicitar asilo en la Embajada de México en Lima, un acto que fue interpretado como un claro indicio de peligro de fuga y de obstaculización a la justicia. En consecuencia, el fallo será remitido a la Policía Nacional del Perú y a la Interpol para que procedan con su ubicación y captura, tanto a nivel nacional como internacional.
Congreso avanza con inhabilitación política
Paralelamente a la decisión judicial, la Comisión Permanente del Congreso de la República dio un paso crucial en el ámbito político. El organismo legislativo aprobó el informe final de las denuncias constitucionales DC 547 y DC 575, las cuales recomiendan la inhabilitación por diez años para ejercer cualquier cargo público a Betssy Betzabet Chávez Chino. La votación concluyó con un contundente respaldo de 17 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, consolidando la propuesta de sanción por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Estas denuncias constitucionales fueron impulsadas por los congresistas Alejandro Muñante Barrios de Renovación Popular y Alejandro Cavero Alva de Avanza País. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya había aprobado este informe final el 7 de noviembre de 2025, con 10 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Es importante señalar que este mismo informe también incluye recomendaciones de inhabilitación para el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro del Interior Willy Huerta Olivas.
Situación de otros implicados
En cuanto al caso del expresidente Pedro Castillo, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, informó que su situación se tratará en una sesión posterior. La razón es que el exmandatario aún no ha acreditado un abogado defensor, un requisito legal indispensable para la continuidad del proceso parlamentario. El informe recomienda igualmente la inhabilitación por diez años para Castillo y Huerta, pero su votación definitiva aún está pendiente en el Pleno del Congreso.
Con la aprobación del informe por parte de la Comisión Permanente, el camino queda expedito para que el Pleno del Congreso debata la acusación constitucional contra Betssy Chávez. De ser aprobada en esta instancia final, la sanción de inhabilitación se aplicaría de inmediato, impidiendo que la ex primera ministra ocupe cualquier puesto público durante el periodo establecido. La propuesta de sanción se fundamenta en la infracción de diversos artículos de la Constitución Política del Perú, que abarcan desde los derechos fundamentales hasta la estructura del Estado y el rol del Poder Ejecutivo, reflejando la gravedad de los cargos imputados en el intento de golpe de Estado.