El nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos ha desatado una nueva tormenta política en el Gobierno de Dina Boluarte. Desde el Congreso, las críticas han sido inmediatas y el legislador de Renovación Popular, Diego Bazán, se convirtió en la voz más dura al pedir la inmediata salida del ministro.
En una entrevista con Canal N, Bazán sostuvo que Santiváñez “no da estabilidad al Gobierno” y advirtió que su permanencia en el cargo podría comprometer la gestión del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, generando un escenario de alta tensión interna en el Ejecutivo.
¿Por qué Diego Bazán exige la salida de Santiváñez?
El parlamentario sostiene que Santiváñez enfrenta cuestionamientos graves, tanto por su desempeño como exministro del Interior como por presuntas vinculaciones con el hermano de la presidenta Dina Boluarte.
“Nos damos cuenta que está bastante involucrado en casos gravísimos y la correlación con el hermano de la presidenta. No puede seguir en el cargo, no da estabilidad al Gobierno y podría poner en juego la continuidad de Arana en el premierato”, declaró Bazán.
Para el congresista, mantenerlo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que podría agravar las fracturas internas del Gabinete en un momento en que el Ejecutivo necesita mostrar cohesión.
¿Qué riesgos enfrenta Eduardo Arana?
La permanencia de Santiváñez también podría debilitar la posición de Eduardo Arana, quien asumió recientemente como presidente del Consejo de Ministros. Bazán advierte que el nuevo premier se vería arrastrado a una crisis de gobernabilidad si el Ejecutivo insiste en blindar al ministro cuestionado.
La estabilidad del Gabinete es crucial para enfrentar los problemas más urgentes del país: la seguridad ciudadana, la conflictividad social, la crisis económica y las crecientes tensiones con el Congreso. Sin embargo, el nombramiento de Santiváñez abre un nuevo frente que podría comprometer las negociaciones políticas y dificultar la aprobación de reformas clave.
“Hay cogobierno y no se puede fiscalizar”
En medio de la controversia, Bazán lanzó otra denuncia que complica aún más el escenario: acusó a varias bancadas del Congreso de cogobernar con Dina Boluarte, lo que, según él, impide ejercer un verdadero control político.
“Hay cogobierno de algunas bancadas, lo que impide que tengamos un control político real”, afirmó. Estas declaraciones alimentan las sospechas de alianzas subterráneas entre el Ejecutivo y ciertos sectores del Parlamento para blindar a funcionarios cuestionados y mantener equilibrios internos que podrían condicionar futuras votaciones.
Contexto: un Gabinete bajo presión
El nombramiento de Santiváñez, oficializado el 23 de agosto, sorprendió a varios sectores políticos. En medio de la expectativa por un perfil técnico y libre de cuestionamientos para liderar el Minjusdh, la decisión de Boluarte generó resistencia inmediata.
Desde que asumió el cargo, Santiváñez ha sido señalado por supuestas irregularidades durante su paso por el Ministerio del Interior y por su presunta cercanía con figuras controvertidas dentro del entorno presidencial. Para varios analistas, la designación fue políticamente arriesgada en un momento de frágil estabilidad institucional.
El rechazo no solo proviene de la oposición. Incluso sectores que suelen respaldar al Ejecutivo han expresado preocupación por la señal que envía el Gobierno al insistir en un ministro cuestionado en una cartera clave como Justicia y Derechos Humanos.
¿Qué viene ahora para el Ejecutivo?
La presión política sobre el Ejecutivo podría escalar en los próximos días. Si Boluarte decide mantener a Santiváñez, el Congreso podría activar mecanismos de control como interpelaciones, censuras o incluso nuevas mociones de vacancia.
Por el contrario, si el Gobierno opta por un cambio en el Minjusdh, podría desactivar parcialmente la crisis, pero evidenciaría las fracturas internas en la toma de decisiones del Gabinete.
Mientras tanto, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo atraviesa una etapa de alta volatilidad. Cada designación ministerial se convierte en una prueba de resistencia política, y el caso Santiváñez no es la excepción.
