En medio del creciente debate por la crisis de seguridad ciudadana y el aumento de asesinatos vinculados a sicariato y extorsión, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, cuestionó públicamente las cifras de homicidios difundidas por el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), calificándolas como “falsas e irreales”.
Las declaraciones fueron brindadas en Ate, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana ante la violencia persistente, especialmente contra transportistas, comerciantes y pequeños empresarios, sectores duramente golpeados por las organizaciones criminales en distintas zonas del país.
PNP niega que homicidios superen los 2,200 casos
Durante su pronunciamiento, Arriola rechazó que el número de homicidios registrados en 2025 supere los 2,200 casos, como lo indicó el Sinadef en sus reportes oficiales difundidos a fines del año pasado. Según el jefe policial, estas cifras no coinciden con los registros de la Policía, entidad que —afirmó— es la que levanta inicialmente la información sobre muertes violentas.
“La cifra es mucho menor que lo que indica el Sinadef. Esa información es absolutamente falsa e irreal”, sostuvo Arriola ante la prensa. En ese sentido, explicó que el sistema de defunciones no cuenta de manera inmediata con todos los elementos necesarios para determinar si una muerte corresponde efectivamente a un homicidio.
Diferencias entre registros policiales y forenses
El comandante general de la PNP señaló que uno de los principales problemas del Sinadef es que sus cifras se alimentan de datos preliminares, que luego deben ser corroborados mediante protocolos de necropsia realizados por el Ministerio Público y las morgues.
“El Sinadef nunca va a poder tener, en homicidios, un número mayor al que tiene registrado la Policía, porque falta completar información que se obtiene posteriormente en la necropsia”, explicó Arriola, al subrayar que muchas muertes inicialmente reportadas no terminan siendo tipificadas como homicidios dolosos.
Desde la perspectiva policial, esta diferencia metodológica genera —según Arriola— una percepción distorsionada de la magnitud real de la violencia criminal en el país.
Violencia persiste pese a estados de emergencia
Las declaraciones del jefe de la PNP se producen mientras los atentados extorsivos y asesinatos continúan registrándose en diversas regiones, incluso en distritos que permanecen o han estado bajo estado de emergencia. Estas medidas, implementadas por el Ejecutivo durante la gestión del presidente José Jerí, buscaban frenar el avance del crimen organizado.
Sin embargo, diversos analistas y especialistas en seguridad han cuestionado la efectividad de estas disposiciones, señalando que no han logrado una reducción sostenida de los homicidios ni del uso de armas de fuego.
Análisis de datos contradice versión policial
En diciembre de 2025, el analista de datos Juan Carbajal advirtió que, según la información diaria proporcionada por el Sinadef, el país registró más de 2,200 homicidios en el año, una cifra que encendió las alertas sobre el deterioro de la seguridad ciudadana.
Carbajal sostuvo que, al analizar los periodos con y sin estado de emergencia, se observó un incremento en la prevalencia del uso de armas de fuego precisamente durante las etapas en las que se aplicaron estas medidas excepcionales.
“Son 68 días de estado de emergencia y, al comparar los datos, lo que se observa es que el uso de armas de fuego fue mayor cuando estuvo vigente esta medida”, explicó el especialista.
Lima Norte, Este y Sur entre las zonas más afectadas
El análisis también reveló que distritos de Lima Norte, Lima Este y Lima Sur presentaron un aumento considerable de homicidios con arma de fuego durante los estados de emergencia, lo que refuerza la percepción de que estas disposiciones no han logrado el efecto disuasivo esperado.
Si bien el analista reconoció que en los últimos meses se ha registrado una contención parcial del crecimiento de homicidios, advirtió que no existe una tendencia clara a la baja, lo que mantiene la preocupación sobre la evolución de la violencia en 2026.
Debate sobre cifras y política de seguridad
Las declaraciones de Óscar Arriola reabren el debate sobre la confiabilidad de las cifras oficiales y la necesidad de unificar criterios entre las instituciones encargadas de registrar y analizar la criminalidad. Mientras la PNP sostiene que sus datos son más precisos, especialistas insisten en que el Sinadef es una fuente clave para comprender la magnitud del problema.
En paralelo, gremios como el de mototaxistas y transportistas han expresado su malestar por la falta de resultados visibles en la lucha contra la delincuencia, cuestionando tanto a la Policía como al Ejecutivo por la continuidad de los ataques extorsivos.
Seguridad ciudadana, un desafío pendiente
Más allá de la controversia estadística, la discusión pone en evidencia un problema estructural: la persistencia de altos niveles de violencia y la percepción de inseguridad que afecta a millones de ciudadanos. La expectativa ahora se centra en si las autoridades lograrán articular una estrategia más efectiva que combine prevención, inteligencia policial y fortalecimiento del sistema de justicia.
Mientras tanto, el contraste entre las cifras del Sinadef y las de la Policía seguirá alimentando el debate público sobre la verdadera dimensión de los homicidios en el país.