La censura del ahora expresidente José Jerí ha abierto un nuevo capítulo de incertidumbre política en el país. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, no se ha producido un vacío de poder. Así lo explica el exoficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes, quien señala que el jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez Miranda, queda temporalmente a cargo del Gobierno tras la salida de Jerí de Palacio de Gobierno.
En diálogo con Exitosa, el especialista precisó que la Constitución no regula de manera expresa un escenario como el generado tras la censura presidencial, pero sí permite una interpretación funcional que evita la parálisis del Estado. En ese marco, el Consejo de Ministros continúa operando bajo la conducción de su presidente, quien asume las funciones estrictamente necesarias para garantizar la continuidad administrativa.
¿Quién gobierna tras la censura presidencial?
De acuerdo con Delgado-Guembes, el presidente del Consejo de Ministros pasa a ejercer las funciones de jefe de gobierno cuando el presidente de la República se encuentra ausente o impedido. No obstante, remarcó que esta conducción es acotada y no equivale a una presidencia plena.
“El gabinete es presidido por el señor Álvarez Miranda, quien queda a cargo de las funciones del Ejecutivo, pero sin un jefe de Estado formal. Esto implica que puede tomar decisiones políticas y administrativas indispensables, pero no aquellas que correspondan exclusivamente al presidente de la República”, explicó.
Esta precisión es clave para entender el momento institucional que atraviesa el país, marcado por la censura aprobada en el Pleno del Congreso de la República con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.
Funciones limitadas y sin vacío de poder
El experto descartó de forma tajante la existencia de un vacío de poder. Para Delgado-Guembes, la presencia de un Consejo de Ministros en funciones garantiza la continuidad del Estado, aun cuando no exista un presidente de la República en ejercicio pleno.
“Se puede sobrevivir en este periodo transitorio. Hay gobierno, hay administración pública y hay conducción política básica, siempre que se respete el carácter provisional de esta situación”, subrayó.
En ese sentido, aclaró que cualquier decisión que adopte el premier debe estar vinculada a lo estrictamente necesario, sin comprometer políticas de largo plazo ni afectar atribuciones que corresponden al jefe de Estado.
Relación con Fuerzas Armadas y Policía
Otro punto sensible abordado por Delgado-Guembes fue la cadena de mando de las Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas del Perú. Según explicó, los altos mandos continúan sujetos a los ministros de Defensa y del Interior, respectivamente.
Sin embargo, precisó que, en ausencia de un presidente de la República, existen restricciones formales. “No pueden firmarse decretos supremos ni resoluciones que requieran la firma presidencial. Sí pueden emitirse comunicaciones administrativas o cartas que permitan el funcionamiento básico de las instituciones”, indicó.
Esta situación refuerza la idea de un Ejecutivo operativo, pero con facultades reducidas, a la espera de que el Congreso elija a un nuevo presidente del Parlamento que, conforme a la sucesión constitucional, asuma también la jefatura del Estado.
Un nuevo episodio de inestabilidad política
La destitución de Jerí se suma a una larga lista de cambios presidenciales en la última década. Con su salida, el Perú se encamina a tener un octavo presidente en apenas diez años, un dato que refleja la fragilidad del sistema político y la permanente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La sesión extraordinaria que culminó con la censura se caracterizó por su rapidez: una cuestión previa aprobada con 84 votos permitió omitir el debate y pasar directamente a la votación, acelerando la caída del mandatario interino.
A la espera de una definición institucional
Mientras el Congreso define la elección de su nueva Mesa Directiva, el país permanece bajo una conducción transitoria encabezada por el premier Ernesto Álvarez Miranda. Para los especialistas, este periodo será clave para medir la capacidad del sistema político de administrar la crisis sin profundizar la inestabilidad.
Por ahora, la interpretación constitucional planteada por Delgado-Guembes busca enviar un mensaje de calma: no hay acefalía, el Estado sigue funcionando y las decisiones que se adopten deberán respetar los límites que impone esta etapa excepcional.