La campaña electoral de Aldo Mariños, quien postula al Gobierno Regional de La Libertad, se sacude tras revelarse un delicado flanco judicial en su fórmula. Su candidata a la vicegobernación, Gladys Espinoza Llerena, cargaría sobre sus hombros con un proceso penal pendiente por la presunta comisión de delitos contra la voluntad popular.
CARETAS accedió al requerimiento acusatorio emitido por la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo, a cargo del fiscal Luis Rodríguez Musto, que fue presentado ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en el que se formaliza el pedido de una pena de tres años de privación de la libertad contra Espinoza Llerena.
El escándalo se retrotrae al 19 de septiembre de 2021, fecha en la que el Consejo Regional II La Libertad del Colegio de Enfermeros del Perú llevó a cabo sus elecciones virtuales para renovar su consejo directivo. En dichos comicios, Espinoza Llerena competía por el decanato liderando la Lista N° 11.
Sin embargo, lo que debía ser una fiesta democrática gremial derivó en una intervención fiscal. Según detalla el documento del Ministerio Público, el padrón oficial de enfermeros aptos se había cerrado el 5 de agosto de ese año con un total de 2,891 votantes.
Para sorpresa de los involucrados, el día de las votaciones la cifra se disparó irregularmente a 3,105 habilitados. En paralelo, un sector importante de profesionales denunció que se le cercenó su derecho a sufragio al no recibir las claves de acceso al sistema virtual.
La tesis fiscal apunta a que la candidata habría intentado consumar una manipulación informática de la base de datos. Mediante coordinaciones técnicas rastreadas a través de correos electrónicos y respaldadas por el testimonio reservado con código 01GHT, la investigada Gladys Espinoza Llerena habría buscado asegurar de manera fraudulenta el triunfo de su agrupación.
Pruebas claves
Frente a las evidencias recabadas —que incluyen actas de constatación policial, ocurrencias comunes, capturas de pantalla de los correos electrónicos y las declaraciones testimoniales de los propios integrantes del Comité Electoral Regional—, la Fiscalía sustentó la responsabilidad de Espinoza Llerena en calidad de autora.
Si bien el Ministerio Público reconoció que la imputada carece de antecedentes penales computables, la naturaleza dolosa de la vulneración al sistema electoral motivó el pedido de tres años de pena privativa de la libertad, bajo el régimen procesal de comparecencia simple.
La revelación de este expediente fiscal coloca en el centro del debate ético las credenciales democráticas y de transparencia de la candidatura regional encabezada por Aldo Mariños, alcalde de Pataz, quien buscará ganar la gobernación regional de La Libertad el próximo 6 de diciembre.