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Nadine Heredia no está dispuesta a regresar a la cárcel. En julio de 2017 el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva por 18 meses contra ella y su esposo Ollanta Humala. Ambos, acusados de los delitos de organización criminal y lavado de activos por haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht –en la campaña electoral del 2011– y otros cientos de miles de dólares más de la Venezuela chavista, en la campaña anterior, la de 2006, cuando Humala perdió en segunda vuelta contra Alan García. Nadine estuvo presa 287 días, de julio de 2017 a abril de 2018, en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, el mismo donde fue recluida Keiko Fujimori. No cumplió los 18 meses ordenados por el cancerbero juez Concepción Carhuancho porque, antes, una sentencia del Tribunal Constitucional le devolvió la libertad a la pareja que gobernó el Perú en el último gobierno que cumplió su lustro de mandato constitucional (2011-2016).
En los ocho años en los que la pareja del gobierno conyugal ha sido procesada –junto a familiares y amigos, por los delitos de organización criminal y lavado de activos– su defensa legal apostó a que el fiscal Germán Juárez Atoche no iba a poder probar el origen ilícito de los millones de dólares que recibieron de Odebrecht y del gobierno de Hugo Chávez. Pero, contra sus pronósticos, el juzgado colegiado de primera instancia les ha impuesto una pena efectiva de 15 años de cárcel por lavado de activos. Entonces, Humala y Heredia optaron por aplicar su Plan B: que Nadine y su menor hijo Samín se asilen en Brasil mientras Ollanta resiste estoicamente su regreso a su celda en el penal de la Diroes hasta que resuelvan su apelación. Sus abogados los han convencido que la sentencia será revertida en la segunda instancia. En Brasil, Nadine y el adolescente Samín Humala Heredia estarán bajo la protección de Luiz Inácio Lula da Silva, el amigo, padrino político, y el hombre que hizo posible que Jorge Barata les diera tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña en 2011.
Todo indica que la pareja Humala-Heredia no ha dejado nada al azar. Hacía varios meses que el abogado Marco Aurelio de Carvalho, jurista de absoluta confianza del presidente Lula, al grado de defender a su hijo Fábio Luís da Silva “Lulinha”, tomó el caso. Por pedido del mismo Lula viajó a Lima para estudiar la acusación de la fiscalía, se entrevistó con la pareja y no se descarta que haya hecho coordinaciones personales con los funcionarios diplomáticos de la legación de Brasil en Lima. Todo estaba listo si se producía, como se produjo, un fallo adverso en primera instancia. El mismo abogado ha recibido a Nadine en São Paulo, la megalópolis en donde Heredia y su hijo esperarán noticias desde Lima. Así las cosas, por ahora, la impunidad de Nadine, en el país que ha vuelto a gobernar su padrino político, está asegurada.
LA MADRE DEL CORDERO
Al igual que otras carpetas fiscales emblemáticas de financiamiento corrupto de campañas electorales en el pasado reciente, el caso del financiamiento del partido nacionalista empezó mal. El Equipo Especial Lava Jato, liderado por Rafael Vela Barba, insistió en tipificar la entrega de esos fondos –que incluso podríamos etiquetar como una “coima prepagada”– como actos propios de una organización criminal para lavar dinero de procedencia ilícita. Lo hicieron cuando esa entrega de millones de dólares, sin duda un acto reprobable e inmoral, en ese momento no estaba tipificado como delito. Apenas era una violación a la legislación electoral. Recién en 2019 se introduce ese tipo penal específico. No es que esa conducta no era punible, sí lo era, pero con otros tipos penales, como colusión o cohecho, por ejemplo. Pero los fiscales insistieron en organización criminal y lavado de activos no solo por capricho, sino porque esas figuras penales les permitían declarar complejas las investigaciones, obtener más plazo para hacerlas y, en ese tiempo, hacer desfilar a cientos de testigos, acaparar la atención pública, convertirse en estrellas mediáticas siendo entrevistados en todos los programas de la televisión, y pedir detenciones preliminares y prisiones preventivas para erigirse como héroes de la lucha contra la corrupción en la cúspide del poder político. Lo lograron. En 2018 el fiscal provincial José Domingo Pérez fue declarado el hombre del año después que, una movilización ciudadana, encabezada por el presidente Vizcarra, saliera a reclamar airadamente porque el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry los había sacado del equipo Lava Jato.
Ocho años después, la investigación realizada por el fiscal Germán Juárez Atoche y su equipo no ha podido probar que Ollanta Humala, Nadine Heredia y todos los condenados con ellos sabían o presumían que el dinero que recibieron para dos campañas electorales provenía de un delito. El fiscal Juárez Atoche es consciente de esta inconsistencia jurídica, tanto así que en el otro caso emblemático que le ha tocado investigar, el de Martín Vizcarra y las coimas de Moquegua, optó por una mejor estrategia jurídica. No declaró compleja la investigación, recogió las declaraciones y pruebas de todos los empresarios que coimearon a Vizcarra acogidos a la ley de colaboración. Procedió de igual manera con el intermediario de la coima y examigo de Vizcarra, José Hernández, e hizo una acusación fiscal solo con los delitos que podía probar. Solicitó 15 años de cárcel para el único acusado. Pronto habrá sentencia en este caso y, por todo lo que estamos viendo en el juicio oral público, esta debe ser la cárcel efectiva contra Vizcarra. Aunque su defensora mediática de oficio Rosa María Palacios siga sosteniendo que el fiscal Juárez “solo ha podido probar medio delito”. Gran aporte a la dogmática penal peruana.
El caso Humala-Heredia lamentablemente no ha sido así. El fiscal Germán Juárez siguió la ruta trazada por el Equipo Lava Jato y lo que ha logrado es una victoria pírrica: De los 10 integrantes de la supuesta organización criminal solo cuatro tienen condena efectiva (a menos de la mitad de lo que pidió), tres fueron absueltos y los otros tres han sido condenados a penas sin cárcel efectiva.
QUÉ SE VERÁ EN LA APELACIÓN
Según abogados expertos en Derecho Penal y Procesal Penal, el colegiado que verá el caso en segunda instancia solo revisará los agravios de los apelantes. Será, básicamente, una revisión probatoria, de los cargos presentados por la fiscalía en tres tópicos. 1. Cómo llegó el dinero a manos de los Humala-Heredia o la existencia de operaciones para el desembolso de los millones de dólares. 2. Procedimientos empleados para los pagos, no solo basta con la imputación de un testigo o colaborador eficaz. 3. Cómo y de qué manera se ingresó ese dinero al patrimonio de la pareja del gobierno conyugal. Los especialistas sostienen que, para este caso, se debe tener en cuenta la casación de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema titulada “Excepción de improcedencia de acción, lavado de activos, actividad criminal previa internacional y financiamiento ilegal de organizaciones políticas” (Casación N° 617-2021) que resumidamente dice que sí hay relevancia penal en los aportes y dinero recibido por las agrupaciones políticas. Una jurisprudencia vinculante que el fiscal Germán Juárez Atoche utilizará como paraguas jurídico para sostener su posición. Los abogados de los Humala–Heredia no la tienen fácil con los millonarios aportes de Odebrecht, sin embargo, sí podrían librarla en el caso de los petrodólares recibidos del régimen chavista.
SALVOCONDUCTO EXPRÉS
Una explicación de periodistas, opinólogos y hasta de juristas para el salvoconducto que Nadine Heredia obtuvo del gobierno de Dina Boluarte a las pocas horas de ingresar a la embajada de Brasil en Lima, ha sido que el poderoso hermanísimo Nicanor Boluarte y varios actuales ministros fueron integrantes del gobierno conyugal. Nicanor Boluarte fue viceministro de Trabajo, Gustavo Adrianzén ministro de Justicia y Daniel Maurate, igual que ahora, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Quizá sea una exageración. La verdadera razón sería más pedestre, que Dina Boluarte se ve en el espejo de Ollanta Humala apenas termine su gobierno en julio de 2026. La presidenta, de los Rolex y las operaciones estéticas con canje en puestos de empleo en el Estado, dio el salvoconducto de inmediato porque en poco tiempo quizá ella necesite también que le permitan subirse a un avión declarándose perseguida política. Solo el tiempo y la justicia peruana lo dirán.
