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Las últimas

    Tras la caída del Servicio de Inteligencia Nacional el año 2000, diversos equipos de interceptación de comunicaciones desaparecieron, muchos utilizados para chuponear periodistas y opositores al régimen de Fujimori mediante una Dirección de Inteligencia Electrónica del SIN. Con el paso de los años se hizo evidente el retraso tecnológico del nuevo Consejo Nacional de Inteligencia, el CNI 2001 a 2006, y de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, para abordar las cada vez más complejas amenazas a la seguridad.  Fuentes memoriosas recordaron que a inicios del siglo XXI el órgano rector de inteligencia, el CNI de Toledo, y posteriormente la DINI, ni siquiera disponían de un simple polígrafo (detector de mentiras) propio para realizar pruebas de rutina o aleatorias con el objeto de asegurar la fidelidad y confiabilidad de sus funcionarios. Con el gobierno de Ollanta Humala se hizo una adquisición no exenta de polémicas: el Proyecto Pisco que se encuentra hasta hoy judicializado.

    Por la necesidad apremiante de la seguridad ciudadana, el incremento de las actividades delictivas, como las extorsiones y sicariato, en un contexto de actuación de bandas criminales extranjeras transnacionales, como el venezolano Tren de Aragua, y otras amenazas más crecientemente elaboradas e interconectadas (narcotráfico, minería ilegal) el gobierno de Dina Boluarte habría dispuesto la compra de diversas plataformas tecnológicas especializadas como una manera de contrarrestrar y actuar contra un fenómeno que le pasa mucha factura al gobierno, especialmente en sus niveles de aprobación (encuestas). La reciente incautación de un cargamento del opioide fentanilo, inédito por su naturaleza y dimensiones, por la DIRANDRO, y por comenzar a llamar coloquialmente al megapuerto de Chancay como “el nuevo Guayaquil” (por la posible penetración del crimen organizado) prendió aún más las alarmas acerca de la gravedad de la situación.

    La DINI sigue en crisis: cuatro jefes en el gobierno de Boluarte y sin rumbo.

    La DINI estaba hasta hace poco encabezada por el almirante Max García Barrionuevo, con su número dos vacante (el cargo de director ejecutivo), y conformada por un gabinete de asesores presidido por Iván Kamisaki, de origen PNP, quien desempeñó funciones en ese organismo en tiempos de Humala. La DINI depende funcionalmente de la presidencia del Consejo de Ministros, por lo que es muy difícil que cualquier adquisición de medios tecnológicos de magnitud no fuese de conocimiento de Gustavo Adrianzén y de la propia Dina Boluarte. Varios sectores del poder ejecutivo habrían estado al tanto de las acciones emprendidas dado que se realizó una ampliación presupuestal, de S/ 30 millones, en base a un Decreto Supremo, donde se señaló que la partida habilitada sería utilizada para apuntalar los esfuerzos contra la delincuencia y el crimen organizado. Es decir, compras de equipamiento.

    Los trascendidos apuntan a que García Barrionuevo salió por planificar las compras de equipos de interceptación. Pero lo curioso es que resulta casi imposible que la presidenta y el premier no estuvieran al tanto. Muchas interrogantes rodean tal adquisición, especialmente en un año 2025 por definición electoral y frente a los comicios de 2026. Parte de las adquisiciones consideradas habrían estado vinculadas a un servicio de la startup Cyabra Strategy LTD que apoya a potenciales usuarios a identificar fake news, campañas de desinformación, perfiles falsos y una constelación de medios potencialmente adversos, con diversas intenciones, que pululan en el ciberespacio y redes sociales. La paradoja es que el programa fue muy efectivo para las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, contra las vastas operaciones de información y propaganda realizadas por el grupo Hamás palestino a partir del atentado del 7 de octubre de 2024. Cyabra tiene como a uno de sus altos directivos al exjefe de la CIA y de la diplomacia norteamericana Mike Pompeo. Otra plataforma sería el norteamericano Chainalysis, una herramienta especializada en ubicar y rastrear billeteras digitales, cryptomonedas y seguir rutas del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras modalidades delictivas sofisticadas. Mucha tela que cortar en esta alambicada trama en donde en inteligencia, en no pocas oportunidades, nadie sabe para quien trabaja. 

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