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El premier Gustavo Adrianzén no descartó plantear una cuestión de confianza en respuesta a la ola de interpelaciones y censuras ministeriales. “No vamos a escatimar el uso de ninguna herramienta”, dijo. Pero la suya, en este caso, ya no funciona.
La cuestión de confianza –mecanismo clave del Ejecutivo en su juego de contrapesos con el Congreso– pierde fuerza cuando ya no tiene consecuencias. Según la Constitución, si el Congreso censura a dos gabinetes, el presidente puede disolver el Parlamento y convocar a elecciones. Pero ese camino se cerró: las elecciones generales de 2026 ya fueron convocadas. Y tras ese acto formal, el Congreso no puede ser disuelto. En cambio, la presidenta Dina Boluarte sí podría ser vacada si se diera una crisis institucional. Así, el supuesto equilibrio de poderes ha quedado unilateralmente inclinado.
El propio Adrianzén fue interpelado el 9 de abril, y ya se han reunido firmas para interpelar a otros cuatro ministros: César Vázquez (Salud), Morgan Quero (Educación), Leslie Urteaga (Midis) y Raúl Pérez Reyes (Transportes).
Cada uno enfrenta un flanco abierto. Vázquez es cuestionado por las cinco muertes causadas por el suero fisiológico defectuoso de la empresa Medifarma. Urteaga, por la cadena de intoxicaciones vinculadas a Qali Warma. Pérez Reyes, por la demora en la entrega del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y las deficiencias en el de Jauja. A Quero le vuelven a cobrar su polémica reacción frente a casos de violencia sexual docente en Amazonas. Su reciente, desafortunada, arenga “¡Qué viva el autismo!” en una ceremonia oficial reavivó las tensiones.
En esta etapa final del gobierno, la única posibilidad de supervivencia política pasa por negociar en los márgenes. La realidad es clara: ya no tiene herramientas institucionales de presión frente al Congreso. Solo le queda resistir. O adaptarse. n
