Pagina de agradecimientos

Hoy el Perú tiene casi 3.5 millones más pobres que antes de la pandemia. El reciente fallecimiento de Gustavo Gutierrez, padre de la Teología de la Liberación, pone en relieve la urgencia de atacar el flagelo crónico con políticas públicas. Como lo recordó The New York Times en su obituario, lo que se consideró revolucionario es hoy uno de los principales centrales de la enseñanza social de la Iglesia Católica.

CARETAS se aproxima a los tres cuartos de siglo. Solo la idiotez haría pensar que el Perú “no ha cambiado nada” en todo este tiempo. A pesar de la evidencia, alguna monserga lo repite cada vez que se aproxima la etapa preelectoral. Antes, eso sí, no había redes sociales que propalaran la necedad con tanto éxito y velocidad. 

Hay, seguro, ciertos rasgos de identidad que persisten en nuestro tejido político y social a lo largo del tiempo. Uno es que nunca está muy lejos de asomar el abismo autoritario. Décadas atrás, y no tan atrás, CARETAS se fogueó en la política de las botas. Calistenia periodística que, más allá de la forja del carácter y las convicciones, costó clausuras, exilios y penurias económicas.

A lo largo de dos siglos de vida independiente, el Perú ha confrontado una veintena de golpes de Estado, conspiraciones y asonadas. Catorce fueron exitosos, comenzando por el Motín de Balconcillo en 1823, y terminando en el luctuoso autogolpe perpetrado por Alberto Fujimori en 1992. La reciente muerte del expresidente volvió a poner en debate su legado, con un nervio sensible en esa interrupción del orden constitucional.

Vale la pena revisar los tres últimos intentos, fallidos, de subvertir el orden constitucional. Ollanta Humala saltó a la luz pública con el Levantamiento de Locumba en el año 2000, cuando exigió la renuncia de Alberto Fujimori, cuyo gobierno ya era prácticamente un cadáver. Entonces lo acompañó su hermano Antauro, que se lanzó a su propia aventura sangrienta en el “Andahuaylazo”, en el año nuevo de 2005, durante el cual fueron asesinados cinco policías.

La más reciente intentona fue torpemente perpetrada por Pedro Castillo, en una opereta que pretendió remedar, hasta en el discurso, lo de Fujimori en 1992. Un episodio que confirmó que la elección del profesor chotano había sido una auténtica amenaza contra la democracia y la estabilidad del país.

El cuco del momento es Antauro. Los muchos profetas de la tragedia aseguran que, si él no llega al poder en 2026, aparecerá otro radical igual o peor.

Es una hoguera alimentada por la frustración y la rabia. El descrédito del Congreso y el Ejecutivo llega casi al subsuelo, en la peor performance inclusive para un país tan descreído como el Perú.

La actual presidenta se gana la antipatía a pulso. No hay que olvidar, sin embargo, que Dina Boluarte integró la plancha encabezada por Castillo y en rigor constitucional se trata del mismo período para el cual fueron elegidos. Boluarte es impopular casi universalmente, pero entre quienes más la repudian están los desubicados que incineraron a la izquierda con su endose, explícito o solapado, a Castillo.

Según el Barómetro de las Américas, en 2023 el 20 % de encuestados creen que la minería ilegal ha hecho crecer las economías de sus regiones. Para el caso del narcotráfico el porcentaje es de 18 %, trata de personas es 11 % y contrabando, 10 %. Gravísimas percepciones.

Las hectáreas de coca pasaron de 54 mil en 2018 a 95 mil en 2022. Las exportaciones ilegales de oro, mientras tanto, se han cuadruplicado desde 2005.

En los indicadores mundiales de gobernanza del BM, la efectividad del gobierno se redujo del 47.9 % en 2012 al 35.4 % en 2022. Las cifras totales para América Latina son, respectivamente, 58.7 % y 48.5 %. Es decir, en todos lados el Estado es menos efectivo, pero en el Perú, lo es más.

Lo mismo puede decirse con los indicadores del Estado de Derecho para el Perú, que apenas llega al 32.5 %.

 Quince puntos menos que la región.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) alista su Informe de Desarrollo Humano para publicarlo el próximo año y en uno de los talleres preparatorios en Cusco se resumieron los riesgos que confronta el país:

• Control del Estado por las economías ilegales.
• Corrupción.
• Conflictividad social.
• Escasa representatividad.
• Pérdida de confianza en la democracia.

A lo que se suma el deterioro de la inseguridad y de la situación socioeconómica que viene arrastrado de la pandemia. Un caldo de cultivo que se cuece para las próximas elecciones.      

MÁS POBRES, MENOS PROTEGIDOS

La pobreza ha regresado con fuerza. Un reciente estudio del Banco Mundial y el Instituto Peruano de Economía (IPE) destaca que, en 12 regiones, 7 de cada 10 personas en pobreza se encuentran en zonas urbanas. La pobreza urbana pasó del 14.6 % al 26.4 % entre 2019 y 2023, lo que equivale a un retroceso de 15 años. En resumen, hoy las ciudades concentran casi tres cuartas partes de los pobres en el país. Además, los pobres son más pobres, pues la brecha de pobreza aumentó y en Lima Metropolitana se multiplicó casi 3 veces.

Hace unos meses el MEF Alonso Segura alertó que en Lima hay más hambre que en el resto del país.

Se trata de un rudo despertar. Entre 1970 y 2004, la pobreza en el Perú fue relativamente estable. Para 1970, la pobreza afectaba alrededor del 50 % de la población mientras que la pobreza extrema –aquella definida por la incapacidad de satisfacer las necesidades vitales básicas– rondaba el 25 %. Hubo unos pocos años con diferencias marcadas, como 1985, cuando las políticas heterodoxas del primer gobierno de Alan García rindieron frutos iniciales –poco después podridos– que redujeron momentáneamente la pobreza a 39 %.   

También vale la pena recordar que Alberto Fujimori dejó el poder con un incremento en la pobreza. Para 2001 fue de 54 %, comparable a la de 1991, cuando su gobierno comenzaba.

En cambio, de 2004 a 2015, la pobreza se redujo del 55 % al 21 %. La pobreza extrema se redujo de manera todavía más acentuada. De 2016 a 2019 se estancó. Y con la pandemia se incrementó en 10 puntos. Son aproximadamente 3.3 millones de pobres más. Para 2023, además, casi 6 % eran pobres extremos.

Si a ello se añade que la población vulnerable de caer en la pobreza es actualmente de 40 %, vivimos en un país donde el 70 % es pobre o vulnerable a serlo (condición definida por el Banco Interamericano de Desarrollo para ingresos diarios personales que van de USD 4 a USD 10).

Para unos, la pandemia desnudó el “milagro económico” peruano dado el alto riesgo de un gran porcentaje de la población de pasar a ser pobre. Para otros, no se puede soslayar la reducción de la pobreza previa a la pandemia y apuntan a dos factores: la reducción del ritmo de crecimiento y los déficits del Estado para brindar servicios públicos de calidad.

Según el BM, el 85 % de la reducción de la pobreza experimentada entre 2004 y 2019 se debe al crecimiento económico. Y a pesar de todos los embates, son aproximadamente 20 puntos menos de pobreza desde el 2004. El BM señala que entre el 2003 y 2023, el PBI per cápita en el Perú se incrementó de USD 2126 a USD 7790 y la economía del país pasó a ser de ingreso mediano alto. Sigue siendo un salto extraordinario.  

El mencionado informe recomienda:   

1. Continuar impulsando reformas estructurales que mejoren el entorno para ejecutar inversiones.
2. Eliminar los obstáculos institucionales y regulatorios que retrasan la ejecución de proyectos.
3. Atención urgente del hambre, la anemia y la desnutrición crónica.
4. Reconfiguración de los programas sociales para atender la urbanización de la pobreza.
5. Políticas focalizadas que aborden las causas específicas de la pobreza en cada región.
6. Ampliar el alcance de los servicios de empleabilidad y desarrollo empresarial.

Las dos primeras van por el crecimiento y la inversión. Las cuatro siguientes por el lado de políticas públicas.

En el Perú hay casi 10 millones de hogares. Aproximadamente la tercera parte vive en condiciones de pobreza, lo que equivale a 10 millones de personas. Sobre el punto 4 de reconfiguración de programas sociales, el programa Juntos se inspiró en las iniciativas brasileñas de transferencia condicionada de dinero implementadas durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y potenciadas con Lula da Silva.

Ese programa, Bolsa Familia, ha sido recientemente relanzado por el gobierno de Lula, y está dotado de USD 33 650 millones, lo que equivale a cerca del 1.5 % del PBI del país. Son 21 millones de familias que, entre las transferencias básicas y los adicionales por el número y edad de hijo, reciben aproximadamente el equivalente a un salario mínimo, que son USD 250.

Mientras tanto, Juntos cuenta con unos S/ 1200 millones o USD 320 millones de presupuesto, lo que equivale a menos del 0,2 % del PBI, y beneficia a poco más de 747 mil hogares con transferencias mensuales de S/ 100. En comparación con Bolsa Familia, Juntos es Juntitos (Pensión 65 que atiende a adultos mayores, por cierto, tiene más presupuesto con S/ 1400 millones).

Asistencialismo, criticarán algunos. Pero organismos como el BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen a Bolsa Familia como objeto de estudio y encuentran, entre muchos otros hallazgos positivos, que incentiva el empleo formal, particularmente entre jóvenes. La democracia está obligada a defenderse desde varios frentes. Uno debería ser, por ejemplo, el impedimento de candidaturas que colisionan abiertamente con los valores más esenciales de la democracia. Pero desde otro también se deberían revisar los criterios que determinan el alcance de las redes de apoyo social. La solidaridad es humana. Y a la hora de ayudar a evitar un descalabro político e institucional, bien puede ser pragmática.