Entrevista: ANDRÉS GÓMEZ DE LA TORRE ROTTA
Bajo tensa situación interamericana e intra-latinoamericana, la administración Trump movilizó un contingente aeronaval a la zona del Caribe sin disimular su énfasis en la costa de Venezuela. La decisión se enmarcó en un endurecimiento de la política de la administración republicana frente a amenazas no convencionales, como el narcotráfico y el crimen organizado, pero con objetivo indirecto y ulterior a los regímenes díscolos, “Estados villanos” o “rufianes”, en el viejo argot de seguridad de Estados Unidos, La operación “Causa Justa” en Panamá de 1989, para derrocar al polémico Manuel Antonio Noriega, revivió viejos fantasmas de la historia hemisférica, en el contexto de un Nicolás Maduro más vociferante y nervioso que en otras oportunidades. Desde Washington, los tradicionales procedimientos de acción castrense, como el “cordón sanitario” aplicado a Cuba durante la crisis de los misiles de 1962 durante la guerra fría, o la encubierta y silente operación de monitoreo anti-drogas “Oso Furtivo” hacia el Perú en 1992, parecían rebobinarse en derrotero reciente comenzando con la declaración unilateral de designar cárteles mexicanos, maras salvadoreñas, Tren de Aragua y Cártel de los Soles de Venezuela bajo código o nomenclatura “OTE” incluida orden ejecutiva secreta para su combate y de refilón mirando a Colombia (ELN, Clan del Golfo y las disidencias violentistas).
La US Task Force, operando en aguas del sur del mar Caribe, colocó dispositivo y mira en un corredor y circuito entre Venezuela, Honduras, El Salvador y México, en modo inicial de interdicción, y es mayor a la movilización de 2020. Una novedad, como actor de la trama reciente, fue Guyana, en diferendo limítrofe con Venezuela sobre el Esequibo, quien acusó a ese vecino de país generador de narcotráfico.
La aspavientosa demostración de fuerza de Washington, de estilo disuasivo, y método de presión, complementó el concepto del operativo, incluido mensaje encriptado a Cuba, aunque el pie de fuerza movilizado no asomaba inicialmente convincente para ejecutar una invasión: la actual capacidad y composición militar venezolana no es tan sencilla para el ex Departamento de Defensa (hoy rebautizado de “Guerra” por reciente orden ejecutiva) de Pete Hegseth tal como lo fue la operación “Furia Urgente” (Grenada 1983).
El menú de opciones intervencionistas a Caracas incluyó en el pasado a contratistas militares privados: “Silvercorp” (2020) y su frustrada operación “Gedeón” para un “golpe de Estado privado” (o réplica llanera de Bay of Pigs), incluyendo recientemente al magnate empresarial Erick Prince (“Vectus Global”), con presencia en Ecuador y Haití y hace poco de visita a Lima.
Visto desde otro ángulo, una suerte de quirúrgica “Operación Gerónimo” (realizada contra Osama Bin Laden el 2011 en Pakistán) luego de la misteriosamente reciente y clasificadamente extractiva “Operación Guacamaya”, en la embajada de Argentina en Caracas, no resultaría ser una posibilidad tan inverosímil, en el ámbito de un escaladamente tenso e impredecible pronóstico reservado. De lo poco que se sabe de ese operativo es que Estados Unidos lideró un esfuerzo en el que también participaron elementos de Argentina y Brasil.
