El reingreso al gabinete presidido por Eduardo Arana de Juan José Santiváñez provocó previsible controversia tras su censura como titular del Interior. Él dice que los que más chilla hacen están “en los asientos baratos”. Genera titulares a diario y embiste contra lo que considera la “mafia caviar”. Dentro de poco se verá si su intención de retirar al Perú de la Corte IDH es otro episodio populista o sella en serio la alianza del gobierno de Dina Boluarte con la derecha más derecha, comenzando por el fujimorismo.

Juan José Santiváñez volvió al gabinete con agenda y reflectores. En Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reiteró que el Perú “seguirá evaluando” su permanencia en el Sistema Interamericano y que impulsará una revisión de sus reglas. Soberanía, dijo, sin “injerencias de ningún tipo”.

El ministro no habla al vacío. Mientras propone reconstruir El Frontón, mantiene un choque abierto con la Fiscalía –la Junta de Fiscales Supremos tiene lista una demanda de inconstitucionalidad contra la amnistía–, es protagonista de las últimas diligencias vinculadas a Nicanor Boluarte y carga con audios con “Culebra” que fueron validados pericialmente. Personaje de controversias, hoy es también el rostro de una discusión de fondo: ¿romper o no con el sistema que, por décadas, ha servido de última barrera frente a abusos de poder?

LA ESCENA EN LA ONU

El Alto Comisionado Volker Türk advirtió que la ley de amnistía peruana “constituye un grave retroceso contra la justicia y la verdad”. Santiváñez replicó que la norma responde al contexto del terrorismo y al principio de separación de poderes; y dejó flotando la frase: el Perú evalúa su continuidad en el sistema y quiere revisar las normas sustantivas y procesales que lo regulan.

Previamente, el 3 de septiembre, en los casos Barrios Altos y La Cantuta contra el Perú, la Corte IDH ratificó la suspensión inmediata de la Ley de Amnistía, promulgada el 13 de agosto. La decisión protege a las víctimas frente a la norma aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, y resguarda sus derechos a verdad y justicia por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

El Tribunal dispuso que todas las autoridades del Estado, en especial jueces y juezas, se abstengan de aplicar la ley hasta que la Corte se pronuncie de manera definitiva sobre las medidas provisionales solicitadas por las organizaciones representantes de las víctimas en junio.

En nuestra entrevista en el MINJUSDH, el ministro afinó su tesis: defender la soberanía, denunciar “excesos” de la Corte —“procesos contra Estados, no contra personas”— y abrir todos los escenarios, incluido el retiro. Puso de ejemplo a EE. UU. (miembro de la CIDH, pero sin aceptar la jurisdicción de la Corte) y volvió sobre la idea de que el país necesita herramientas para la lucha contra el crimen.

“SAPOS” AJENOS

Uno de los argumentos menos discutidos cuando se afirma que “el Perú pierde siempre” ante la Corte: la mayoría de casos emblemáticos vienen del régimen de Alberto Fujimori o del tramo más duro del conflicto armado. Barrios Altos, La Cantuta, Ivcher, Tribunal Constitucional, tribunales sin rostro, Castro Castro, entre otros, nacen de decisiones de un gobierno autoritario que, como recordamos en Proyecto 75, no derrotó por ello al terrorismo: la captura de Guzmán llegó por inteligencia policial acumulada en democracia, no por “poderes extraordinarios”.

Juristas consultados –incluidos integrantes del propio circuito interamericano– subrayan un punto que el debate público suele olvidar: no es “el Perú” un abstracto el que violó derechos, fueron gobiernos concretos y periodos específicos; las sentencias deben situar temporalmente la responsabilidad para no deslegitimar a quienes hoy sostienen la institucionalidad. Esa precisión importa para la gobernabilidad y para evitar que los fallos se usen como arma de demolición política a destiempo.

CORRECCIONES NECESARIAS, RIESGOS ENORMES

Hay consenso en que procesos eternos (décadas de juicio, prisiones preventivas desmedidas) violan derechos. Pero la ley aprobada por el Congreso —tal como está— abre la puerta a beneficiar a autores de atrocidades y a casos con sentencia por desaparición, ejecuciones o violencia sexual. La norma crea un “borrón” indiscriminado que choca con estándares interamericanos (imprescriptibilidad, deber de investigar y sancionar graves violaciones). Ahí se entiende la ola de advertencias internas y externas.

LO QUE SE DEBATE (DE VERDAD) EN EL SISTEMA

Más allá del ruido, dentro del circuito interamericano hay discusiones genuinas:
• Límites de la Corte: jueces que no legislan (reparaciones sí; diseñar políticas públicas detalladas, no).
• No retroactividad penal y definiciones de lesa humanidad aplicadas a hechos pretéritos.
• Uso y abuso de la fase de cumplimiento de sentencia prolongada por años.
• El “doble piso” del sistema (Comisión para toda la OEA; Corte para quienes ratifican) y la necesidad de medidas más quirúrgicas, caso por caso.
Es un debate en proceso. Que existan excesos o zonas grises no habilita, de por sí, el retiro: habilita reformas, mejores sentencias y defensas estatales más técnicas.

¿VAN EN SERIO?

Políticamente, no parecería: el trámite es largo, puede ser revertido por el siguiente gobierno y la Corte ha reafirmado su competencia incluso frente a regímenes que intentaron salirse (caso Venezuela, pese a las decisiones de Chávez/Maduro). Además, en Ginebra el propio ministro habló de “seguir evaluando” y “cooperar” con la oficina del Alto Comisionado, lo que suena más a presión negociadora que a ruptura inminente.

Pero hay otra lectura: si Boluarte y el PCM Arana estuvieran tejiendo un acuerdo político con el fujimorismo y sectores afines, el retiro podría ser moneda de cambio para blindar agendas (como la amnistía) o ganar tiempo más allá del 28 de julio de 2026 (¿una amnistía propia para blindarse de los muertos de su inicio de gobierno? ¿la facilitación de un asilo cuyo destino podría ser un país asiático?). Ese camino supondría tragarse un sapo ajeno: desmontar la única red de seguridad que ayudó a condenar justamente abusos cometidos por ese mismo fujimorismo. Y cargar con el costo reputacional de sumarse al club de los retirados.

LA POSICIÓN DE SANTIVÁÑEZ

En su conversación con CARETAS, el ministro sostiene que la Corte ha invadido el fuero interno, que ciertos estándares se han “estirado” más allá de lo pactado y que todos los escenarios están sobre la mesa. Reconoce, a la vez, que el Perú designó un magistrado excelente en el sistema como es el caso de Alberto Borea y que no hay voz unánime en el Ejecutivo. Entre líneas, su mensaje parece ser “apretar sin romper”: usar la amenaza de salida para recalibrar.

La política, sin embargo, va por rieles menos sutiles: si el oficialismo empuja una amnistía indiscriminada y demoniza al sistema, lo que termina dañando no es a un puñado de “caviares”, sino a víctimas y a los propios jueces y fiscales que necesitan reglas claras. Y si el retiro se activa, no habrá escudo externo ante nuevos abusos internos.

Durante la entrevista, Santiváñez también aludió a la posibilidad de salirse del sistema para combatir la criminalidad. Ergo, el viejo guion de la pena de muerte, siempre atractiva en tiempos de creciente inseguridad, aunque en el fondo su trasfondo populista sea siempre el mismo.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

El Sistema Interamericano ha sido clave para anular amnistías, devolver aire a la prensa y restituir el Estado de derecho tras el autogolpe. Fue freno, o al menos amortiguador, frente a Fujimori y respaldo a la neutralización del intento de autogolpe de Pedro Castillo. Tirar de ese hilo por cálculos coyunturales puede resultar ineficaz por ser un proceso largo y reversible; costoso por reputación y posible retiro de inversiones y cooperación; y riesgoso, pues deja al ciudadano sin un último remedio.

La Corte no es infalible; necesita autocrítica y mejores sentencias. El Perú tampoco lo es; necesita mejores leyes, mejor defensa pública y menos slogans. Entre ambos extremos hay un camino razonable: quedarse, litigar bien, cumplir lo que corresponde, discutir lo discutible y proteger a quienes –cuando todo falla– solo les queda tocar a esa puerta.