Basta revisar superficialmente los planes de gobierno de los principales candidatos de las próximas elecciones para comprobar que la gestión pública, uno de los pilares del Estado de derecho y la democracia, no es una verdadera prioridad.
Sin embargo, existe una esperanza que llega desde las universidades: la educación y la capacitación son las herramientas más eficientes para vencer la corrupción, fortalecer las instituciones, lograr la ansiada seguridad, mantener la estabilidad política y jurídica, en pocas palabras, recuperar la confianza de la ciudadanía en quienes gestionan al Estado.
Marcelo Cedamanos Rodríguez, director del área de Gestión Pública de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, reconoce que “la gestión pública en el Perú enfrenta una crisis de confianza y continuidad sin precedentes. Hemos transitado ocho presidentes en diez años, lo que ha generado fragmentación institucional, discontinuidad de políticas y desmoralización en la administración pública”.
El desafío radica en escalar las buenas prácticas existentes en instituciones realmente fuertes y preparar a los próximos gobiernos con equipos directivos profesionalizados que puedan enfrentar transiciones sin colapsos. Y eso solo se logrará desde las universidades, preparando profesionales con altos estándares éticos y procesos claros y eficientes.
“En una coyuntura como la actual, la educación y la capacitación es determinante y urgente. Cada cambio de gobierno genera vacíos de capacidad. Si no hay una reserva de profesionales preparados en gestión estratégica, contratación pública, regulación y gestión de proyectos, cada transición significa retroceso. Peor aún: inconsistencia en políticas públicas que afecta a la población más vulnerable”, explica Cedamanos.

Sin embargo, existen algunas soluciones planteadas desde el mundo académico y que son trasladadas a los estudiantes de maestrías de gestión pública.
En opinión de Óscar Becerra, vicerrector de la Universidad Politécnica del Perú (UPP), existen tres aspectos clave para mejorar la gestión pública en nuestro país: “La meritocracia real, no decorativa, pues mientras los cargos sigan siendo botín político, la incompetencia seguirá institucionalizada. Por otro lado, la capacidad de pensamiento sistémico, ya que en la administración pública fracasa porque aborda problemas complejos con lógica lineal, y la gestión de tolerancia al conflicto y a la incertidumbre, ya que los funcionarios promedio evitan decidir mientras que el gestor público moderno decide con información incompleta, pero con criterio”.
Existen habilidades específicas que debe tener un gestor público y solo se consiguen con una adecuada capacitación. Las maestrías en gestión pública permiten forjar un pensamiento estratégico aplicado al sector público, capacidad de gestión de crisis y negociación multiactor, diseño de políticas basadas en evidencia, liderazgo en entornos políticos hostiles y el uso inteligente de datos y tecnología para decisiones públicas.
Otro de los problemas que afectan directamente la calidad de la gestión pública es la brecha digital tan marcada que existe en nuestro país. Perú tiene sistemas de información fragmentados, dispersos entre ministerios. No hay interoperabilidad real. Los datos públicos no hablan entre sí y las decisiones se toman sin evidencia consolidada. Esto es grave en tiempos normales; es catastrófico en contextos de crisis institucional.
“La Escuela de Posgrado de la Universidad Continental contribuye a reducir la brecha de la gestión pública mediante un enfoque integral y diferencial gracias a programas alineados a SERVIR y a la cuarta revolución industrial, que prioriza las competencias laborales con uso intensivo de tecnología e innovación”, asegura Cedamanos.
En este mismo sentido, Becerra argumenta: “La transformación digital va más allá de comprar softwares o diseñar formularios online. Es necesario rediseñar procesos, poder y cultura organizacional. Mientras eso no se entienda, seguiremos informatizando el caos. El aprendizaje en la UPP empieza, pero nunca termina. Queremos pensar que somos para nuestros alumnos el umbral del infinito. Habilidades blandas con base en valores, en lugar de recetas técnicas que se aplican de memoria”.

Salud con esperanza
La salud pública está en crisis hace décadas y es, sin duda, uno de los sectores más necesitados de atención y la aplicación de cambios estructurales. Persisten altos niveles de fragmentación institucional, debilidades en la rectoría sanitaria. A ello se suma, una insuficiente incorporación de evidencia científica y datos oportunos en los procesos de toma de decisiones, lo que se traduce en respuestas mayormente reactivas y poco sostenibles en el tiempo.
Todo eso se traduce en una atención muy pobre, por la cual las citas tardan meses, los hospitales están desabastecidos de medicinas y equipos básicos, y ni hablar de procedimientos definidos y eficientes. La consecuencia: pacientes al borde de la desesperación con una calidad de vida menguada y frágil.
En ese sentido, Fabiola León-Velarde, directora de la Escuela de Posgrado la Universidad Peruana Cayetano Heredia, dice: “La educación especializada es un componente central para transformar la gestión pública. Los desafíos actuales exigen profesionales con formación rigurosa en salud pública, epidemiología, análisis de datos, gestión de sistemas de salud, ciencias sociales y políticas públicas. Una preparación interdisciplinaria sólida permite no solo comprender la complejidad de los problemas sanitarios, sino también traducir evidencia científica en decisiones y acciones concretas que generen impacto poblacional”.
Una maestría en salud pública y salud global permite desarrollar competencias analíticas, habilidades de liderazgo y una visión integral de los sistemas de salud. Los egresados adquieren experiencia en formulación y evaluación de políticas, gestión de programas, uso de herramientas cuantitativas y cualitativas, y trabajo interdisciplinario.
“Las universidades tienen un rol fundamental formando profesionales con una visión sistémica y competencias en salud pública (que es mucho más que curar enfermedades), análisis de datos, salud digital y gestión basada en evidencia. Su contribución principal es la generación de conocimiento pertinente, operando como laboratorios de innovación social que promuevan la investigación aplicada en alianza con el Estado y los actores sociales”, explica León Velarde.

Ciudades inteligentes
Las ciudades son otro ámbito en el que las carencias y debilidades de la gestión pública se hacen más evidentes. Las razones para que Lima y otras ciudades del país se vean afectadas por el caos y la inseguridad son variadas: la deficiente gobernanza agravada por la falta de autoridad, la inexistente gestión a largo plazo y los intereses individuales. Durante décadas, el crecimiento de las ciudades ha sido reactivo: la ciudad se expande y el Estado llega tarde.
Claudia Consiglieri, directora de la maestría en Gestión de las Ciudades de la Universidad de Lima, considera: “Para mitigar el caos de Lima, la gestión no debe limitarse a administrar lo existente, sino a transformar la dinámica de la ciudad. El objetivo central debe ser transitar de una ciudad fragmentada a una metrópolis integrada, poniendo al ciudadano como eje de toda política pública. Para lograrlo, propongo intervenir sobre tres ejes estratégicos: la gobernanza metropolitana integrada, la planificación inteligente basada en evidencia que implementa un modelo de gestión basado en datos (big data y analítica) y la dignificación del hábitat, conformado por el espacio público, la vivienda y los servicios básicos”.
Desde la maestría en Gestión de las Ciudades, nos enfocamos en la comprensión de la ciudad como un sistema complejo. Nuestras ciudades necesitan ser gestionadas por líderes capaces de articular el diseño urbano con la economía, el derecho y la sociología. Nuestra maestría contribuye formando profesionales con una visión integral de la ciudad y una comprensión humana de las necesidades de la persona. Requerimos ciudades gestionadas con eficiencia, promoviendo que la inversión pública y privada permita vivir dignamente, reduciendo brechas y optimizando los recursos del Estado.


















































