En 1956, medio millón de mujeres peruanas acudieron por primera vez a las urnas y transformaron, para siempre, la historia política del país. Aunque la Ley N.º 12391, que reconocía su derecho al sufragio, fue promulgada un año antes, recién en las elecciones generales del 17 de junio de 1956 las mujeres ejercieron una ciudadanía largamente negada. Setenta años después, el camino revela avances sostenidos, tensiones persistentes y una transformación profunda del sistema político: de un Parlamento sin presencia femenina a un Congreso con 50 mujeres y a una presidenta destituida. La historia del voto femenino en el Perú no es solo un recuento legal, sino una crónica de luchas, resistencias y conquistas que redefinieron la democracia.
El voto femenino en el Perú se oficializó el 7 de septiembre de 1955, durante el gobierno de Manuel A. Odría, con la promulgación de la Ley N.º 12391. La norma reformó la Constitución y otorgó a las mujeres alfabetizadas mayores de 21 años —o casadas mayores de 18— el derecho a elegir y ser elegidas.
Sin embargo, el ejercicio efectivo de ese derecho ocurrió recién al año siguiente, en las elecciones generales de 1956. Ese desfase es clave para entender la conmemoración: no se celebran solo siete décadas de una ley, sino setenta años de ciudadanía activa femenina.
Perú, además, fue uno de los últimos países de América Latina en reconocer el sufragio femenino universal, superado solo por Bolivia.
DEL SUFRAGIO GLOBAL A LA CIUDADANÍA PERUANA
El sufragio femenino no fue una concesión aislada ni un gesto espontáneo de los Estados, sino el resultado de una lucha histórica por la igualdad de género que comenzó a consolidarse a fines del siglo XIX. Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en reconocer este derecho en 1893, seguido por Finlandia (1906), Noruega (1913) y Dinamarca (1915).
Tras la Primera Guerra Mundial, el voto femenino se extendió en Europa y Norteamérica, aunque de manera desigual y con restricciones raciales y sociales, como ocurrió en Estados Unidos. En este país, las mujeres afroamericanas recién pudieron ejercerlo plenamente en 1965.
En América Latina, el proceso fue más tardío y fragmentado. Uruguay destacó como pionero al aprobar el sufragio femenino en 1927, mientras que otros países lo incorporaron entre las décadas de 1930 y 1950. En ese contexto regional, el Perú se ubicó entre los últimos en reconocer la ciudadanía política de las mujeres. La otorgó recién en 1955 y permitió su ejercicio efectivo en las elecciones generales de 1956.
Aun así, ese ingreso tardío marcó un punto de quiebre: por primera vez, las mujeres no solo votaron, sino que accedieron al Parlamento. Así iniciaron un tránsito que las llevaría, décadas después, a ocupar espacios centrales del poder político.
ANTECEDENTES Y UNA LUCHA INVISIBILIZADA
El reconocimiento del voto femenino no fue un gesto espontáneo del poder. Desde fines del siglo XIX, intelectuales y activistas como María Jesús Alvarado, Zoila Aurora Cáceres, Elvira García y García y Magda Portal impulsaron la igualdad de derechos políticos. Alvarado, incluso, fue deportada por plantear públicamente la ciudadanía plena de las mujeres en 1911. Hubo avances parciales.
En 1945, durante el gobierno de Bustamante y Rivero, las mujeres accedieron al voto en el ámbito municipal mediante la Ley N.º 10233, aunque este derecho no se ejerció efectivamente hasta 1963. La historiografía tradicional minimizó este episodio, en parte por el contexto de polarización política y antiaprismo, y produjo una “deshistorización” del rol femenino en la política.
LAS ELECCIONES DE 1956 Y LAS PRIMERAS PARLAMENTARIAS
Las elecciones del 17 de junio de 1956 marcaron un hito doble. Las mujeres no solo votaron por primera vez, sino que ingresaron al Parlamento. De un total de 182 diputados y 53 senadores, nueve fueron mujeres: ocho diputadas y una senadora. La primera senadora del Perú fue Irene Silva de Santolalla, elegida por Cajamarca. Junto con ella, ingresaron al Congreso pioneras como Manuela Billinghurst, Alicia Blanco, Lola Blanco, Matilde Pérez Palacio, Juana Ubilluz y Carlota Ramos, entre otras. Aquel grupo inaugural rompió una exclusión estructural que había definido al Estado peruano desde su fundación.
Durante décadas, la presencia femenina en el Congreso fue marginal. Sin embargo, la aplicación progresiva de cuotas electorales, paridad y alternancia modificó el escenario. El crecimiento no fue lineal ni exento de resistencias, pero sí sostenido.
El punto más alto se alcanzó en el periodo parlamentario 2021-2026, con 50 mujeres congresistas, la cifra más elevada en la historia republicana. Aunque no existe un registro acumulado definitivo del total de parlamentarias desde 1956, la tendencia muestra un tránsito claro: de la excepción a una presencia estructural en el Legislativo.
MUJERES RUMBO A PALACIO
El avance no se limitó al Congreso. Desde la década de 1990 hasta 2026, al menos 16 mujeres han sido candidatas a la Presidencia de la República, lo cual refleja una ampliación del horizonte político femenino. Aunque la mayoría no logró llegar al poder por la vía electoral, su participación modificó el debate público y rompió barreras simbólicas.
Ese proceso alcanzó un punto inédito en diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República tras la vacancia de Pedro Castillo. Por primera vez en la historia del Perú, una mujer ocupó el máximo cargo del Estado, no como figura decorativa, sino en medio de una de las crisis políticas más profundas del país.
No obstante, Boluarte Zegarra también fue vacada por el Parlamento. Anteriormente, otros cinco presidentes ya habían sido destituidos bajo este procedimiento.
SETENTA AÑOS DESPUÉS
A siete décadas del primer voto femenino, la democracia peruana es impensable sin la participación de las mujeres. Sin embargo, la igualdad formal no siempre se traduce en igualdad real. Persisten brechas, violencias políticas y resistencias culturales que limitan el ejercicio pleno del poder.
El voto femenino no fue un regalo, sino el resultado de una lucha prolongada. Su aniversario no es solo una efeméride, sino una invitación a medir cuánto ha avanzado el país —y cuánto falta aún— para que la representación política refleje verdaderamente a su ciudadanía. (Edgar Mandujano).
