TAMBIÉN LAS PISTOLAS

La Contraloría también investiga el Concurso Internacional CI 04-2025 para adquirir 31 045 pistolas 9×19 mm debido a indicios de direccionamiento técnico desde las bases. El numeral 9(b) exige montar un taller para mantener pistolas SIG Sauer adquiridas en 2015, requisito imposible para cualquier otro fabricante y que excluye de facto a la competencia. El Anexo Técnico añade especificaciones –como picatinny rail o recubrimiento Cerakote– asociadas a modelos SIG Sauer, configurando un perfilamiento prohibido por las normas de contratación. Además, se fijaron plazos operativos irreales: solo cinco días para consultas, dos meses para instalar un taller y puntaje máximo para entregas en 90 días, un plazo inviable para una producción internacional de más de 31 mil armas. Estas condiciones desalientan la competencia y facilitan adendas posteriores a favor de un proveedor. A ello se suma un riesgo mayor: determinados modelos de SIG Sauer arrastran antecedentes de descargas involuntarias sin accionar el gatillo, con fallos documentados por agencias estadounidenses y demandas millonarias. Fuentes del sistema de control aseguran que la Contraloría ha detenido la adjudicación y evalúa responsabilidades. El proceso, por ahora, queda bajo supervisión directa.

EL MAPA SOCIOECONÓMICO QUE ENFRENTARÁN LOS CANDIDATOS

A nivel nacional, el 60 % del electorado pertenece a los NSE D y E –hogares con ingresos promedio de S/ 2000 a S/ 2700– mientras que el NSE A, con ingresos cercanos a S/ 14 000 mensuales, es una minoría absoluta. Un recordatorio de a quién deben realmente persuadir.

DOLOR DE CABEZA

El sábado 22 de noviembre se promulgó la ley que autoriza el pase de los trabajadores del Poder Judicial (PJ) que se encuentran en el CAS a plazo indeterminado, al régimen del Decreto Legislativo 728, una mejora notable porque ahora sí contarán con todos los beneficios sociales. Sin embargo, la norma indica que esta debe financiarse con el presupuesto institucional del PJ sin demandar recursos adicionales al tesoro público, lo que resulta un contrasentido si tomamos en consideración que no se atendió para el presupuesto de 2026, el requerimiento adicional de más de S/ 400 millones que servirán para atender esta ley, el cuarto tramo de la escala remunerativa y el pago de sentencias judiciales. El presupuesto judicial para el próximo año será de S/ 3989 millones. El pase de los trabajadores CAS indeterminados a 728 será progresivo en un plazo máximo de cinco años. La presidenta del PJ, Janet Tello, informó hace unas semanas, que la institución tiene más de doce mil servidores CAS, pero no precisó cuántos de ellos tienen contrato indeterminado. Si no se entregan los recursos adicionales solicitados, la ley puede terminar siendo simbólica, y generar un conflicto con los trabajadores beneficiados que tendrán todo el derecho a reclamar.

SAN JORGE: EL EXPEDIENTE SÍ EXISTE

La semana pasada informamos que el proyecto de la Ciudad de la Justicia no contaba con expediente técnico. Tras la publicación, fuentes del Poder Judicial remitieron a CARETAS la Resolución Administrativa N.° 000773-2024-GG-PJ, del 11 de diciembre de 2024, que aprueba la primera etapa del expediente técnico para la nueva sede judicial, con un presupuesto de S/ 308,3 millones y un plazo de ejecución estimado de 30 meses. El documento confirma que la gestión de Javier Arévalo cumplió con la condición del MEF y de la SBN para asegurar la afectación definitiva del terreno del ex penal San Jorge. La resolución detalla que la elaboración del expediente incluyó validación del anteproyecto por PROLIMA, coordinación con la Corte Superior de Justicia de Lima y el trabajo de los equipos formadores y evaluadores. Es decir, el proyecto sí avanzó, al menos en el plano técnico. El entrampamiento ahora viene por otro lado: la propia Municipalidad de Lima, que solicita el predio para reubicar ambulantes, no ha emitido la licencia de obra necesaria para iniciar las siguientes etapas del proyecto judicial. Sin ese permiso, todo queda paralizado. Mientras el alcalde Renzo Reggiardo insiste en que allí debe instalarse un nuevo mercado mayorista para combatir la informalidad, el expediente técnico aprobado demuestra que el terreno ya tiene destino, presupuesto y trazado. La pelota –otra vez– está en el lado de la Municipalidad.

FIEBRE DEL COBRE

Con el cobre disparado por la transición energética, Antapaccay mueve sus fichas. La operación de Glencore en Espinar apunta a su siguiente fase con Coroccohuayco, proyecto de USD 1800 millones que extendería la vida útil hasta 2040 y reforzaría el peso del Perú en la nueva ola del metal. La empresa apuesta por el giro verde: energía 100 % renovable, perforadoras y transporte interno eléctricos, además de un programa de forestación que ya suma 585 mil árboles en 700 hectáreas. El impacto territorial también es parte de la narrativa: más de S/ 300 millones en compras locales este año, 104 proveedores comunales y 2034 empleos, casi 1400 de Espinar. El 61 % de la planilla proviene del Cusco. Los datos fueron expuestos por Carlos Castro en el SwissCham Summit 2025, donde se coincidió en que la nueva era del cobre será sostenible o no será. Coroccohuayco aguarda ahora la señal definitiva.

TÍTULOS EN CUESTIÓN

Óscar Romero es presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), que organiza la primera división. Sus acusaciones contra Agustín Lozano, cabeza de la Federación Peruana de Fútbol, tuvieron entre sus consecuencias un marcado debilitamiento de las facultades de la ADFP. Pero no es su único encontrón. Fue Romero quien en 2016 denunció ante la Fiscalía a Patricia Lí ante la Fiscalía por presentar al Congreso, donde trabajaba, un título falso de contadora emitido por la Universidad Garcilaso de la Vega, casa de estudios en la que Romero era secretario general. En la que, por cierto, fue investigado como lo fue su rector Luis Cervantes Liñán, el del sueldo millonario. Coincidentemente, el presidente José Jerí sacó su título de abogado de la Garcilaso en 2015, a pesar de los estudios los cursó en la universidad Federico Villareal.

ORLANDO TIENE CONSULADO

Por primera vez Perú tendrá, a partir de diciembre, un consulado en la ciudad de Orlando, en Florida. Hasta la Resolución Ministerial del 11 de noviembre, los peruanos tenían que ir a hacer sus gestiones consulares a Tampa o Miami. Quién inaugura el consulado es el Embajador Augusto Morelli Salgado. La apertura de esta oficina “se logró gracias al trabajo incansable”. de la Comisión Pro Consulado del Perú en Orlando, integrada por Roberto Bustamante y Jorge Yeshayahu Gonzáles-Lara y el respaldo del congresista Jorge Zeballos que representa a los peruanos en el exterior.