El pasado 14 de noviembre, el gobierno de Gustavo Petro anunció la firma de un contrato con la firma sueca Saab para la compra de 17 aviones de combate Gripen E/F por un valor cercano a £ 3.1 mil millones (USD 3.6 mil millones).

El anuncio tenía todos los elementos de un salto estratégico: modernizar la flota aérea de la Fuerza Aérea Colombiana y abandonar aparatos obsoletos para dotarse de materiales de última generación. Pero la operación también despertó al menos dos líneas de investigación ciudadana y política que vienen cargando con suspicacias.

DIFERENCIA DE PRECIOS

Un análisis de la prensa colombiana puso sobre la mesa lo siguiente: el régimen colombiano pagaría hasta un 55 % más por cada Gripen nuevo en comparación con el contrato que Saab firmó con Tailandia. Por ejemplo: Tailandia adquirió 4 unidades por aproximadamente USD 583 millones, USD 145.75 millones por unidad, mientras que Colombia transaría 17 máquinas por un costo unitario, USD 253.75 millones, que arroja cifras mucho mayores. Este escenario generó preguntas fundamentales: ¿qué factores explican la diferencia? ¿Incluye Colombia más repuestos, entrenamiento, mantenimiento o compensaciones industriales (offsets)? El presidente Petro salió a responder asegurando que en efecto esta compra era integral e incluía repuestos y transferencia tecnológica. Sin embargo, hasta ahora no se han publicado todos los detalles del contrato que aclaren la estructura completa de los pagos.

VIDA DE LUJO

Otro foco de la polémica se dirige al entorno presidencial. La primera dama colombiana, Verónica Alcocer, se encuentra envuelta en críticas a raíz de un reportaje del tabloide sueco Expressen que señala que reside en Estocolmo desde octubre, frecuenta ambientes de lujo y se mueve entre círculos exclusivos del jet-set sueco. Estas revelaciones se superpusieron a la confirmación del contrato de aeronaves, lo que vinculó la operación con un debate sobre transparencia, ética pública y gasto del Estado. La combinación de un contrato millonario, diferencia de precios comparativos con otros países y la percepción de privilegio volvió el asunto en blanco de denuncias. La organización Ciudadanos y Veedurías solicitó la apertura de una investigación contra Petro por “interés indebido en la celebración de contratos” y “sobreprecios” en la adquisición.

IMPLICANCIAS PERUANAS

Este desarrollo es más que una noticia colombiana. En el Perú, el gobierno de Dina Boluarte tenía a los Gripen como la principal opción para renovar la flota de aviones de combate. Si bien el contrato peruano difiere, los signos de interrogación que emergen en Colombia deben servir como advertencia para nuestra institucionalidad. Actualmente, el proceso de compra de aviones de combate por parte de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) sigue en fase de evaluación. El Ministerio de Defensa informó sobre la adquisición de 24 nuevos cazas de última generación, lo cual representaría un salto sigvolnificativo en capacidades y ubicaría al Perú en el top 3 de países con más aeronaves de combate en Sudamérica. Entre los modelos analizados se encuentran el Saab JAS 39 Gripen (Suecia), el Dassault Rafale (Francia) y el Lockheed Martin F 16 (EE. UU.). La decisión final aún no se ha tomado, pues los criterios en juego –potencia ofensiva, costos operativos, infraestructura logística y escalabilidad de la flota– siguen sujetos a análisis. El embajador saliente del Reino Unido, Gavin Cook, ha sido uno de los promotores de la compra a favor de Suecia. Los Gripen, por cierto, tienen también importantes componentes estadounidenses.

AVIONES EN PRESUPUESTO

La cosa sigue en serio. El Proyecto de Ley de Presupuesto Público para 2026 incluye una partida de S/ 5700 millones (aproximadamente USD 1600 millones) destinada al “segundo tramo” del financiamiento para la adquisición de 24 aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Esta asignación se suma al primer tramo de unos USD 2000 millones incorporados en el presupuesto de este año, completando así los cerca de USD 3500 millones previstos por el Ministerio de Defensa para la renovación de la flota.

La ley proyecta que estos montos serán financiados mediante emisión interna de bonos del Estado, en paralelo con esfuerzos para reducir el déficit fiscal. El documento oficial señala que el ajuste contempla “el incremento de ingresos y la desaceleración del gasto público” para acercarse al límite de regla fiscal del 2,2 % del PBI, lo que indica que la compra de estos cazas se integra al marco general de consolidación de las cuentas públicas. Como puede leerse en las declaraciones del ex MEF Alfredo Thorne en esta edición, los puntos de vista sobre la materia difieren marcadamente.

Queda claro que un contrato aeronáutico de ese nivel implica compromisos de gasto que se traducen en varias décadas de amortización. Pero los sobrecostos, cuando existen, se vuelven un lastre para la defensa, pero también para la reputación del Estado. Y la dimensión política –transparencia, intermediarios, imagen pública– se vuelve clave cuando la operación es tan visible internacionalmente.

En Colombia, la Contraloría General le pidió al Ejecutivo toda la información sobre la compra para abrir una auditoría sobre el proceso. Saab y el gobierno han defendido el contrato, pero el escrutinio seguirá. En el Perú, el debate sobre renovación de flota de combate no está cerrado y este episodio podría robustecer la exigencia de mayor claridad desde el Congreso y la opinión pública. La compra de los Gripen es un asunto de Estado colombiano, pero también un catalizador de reflexión para la región sobre cómo se hacen los grandes negocios de defensa y qué tan preparados están los países latinoamericanos para gestionarlos con transparencia y eficiencia.