Para el caso del Perú y parte de América Latina, los años 80 del siglo pasado fueron considerados “la década perdida”. Otros van más atrás y sostienen que el concepto se puede extender a los años del gobierno militar. Pero no quedan dudas de que el último decenio ha sido catastrófico a nivel de gobernabilidad y democracia. Si se incluye a Ollanta Humala, el Perú ha tenido ocho presidentes en la última década. Más que una guerra sin cuartel, es la eliminación de la política entendida como la búsqueda de acuerdos e implementación de normas en beneficio de la sociedad. Intereses subalternos, la influencia de economías criminales y la politización de la justicia son rasgos transversales en esta nueva década perdida.

La última década no cabe en una fecha. No tiene una imagen única ni un hito redentor. Es, más bien, una secuencia de errores acumulados, de decisiones mal leídas, de pulsiones cortoplacistas que terminaron por normalizar lo excepcional. Por eso, esta entrega final de Proyecto 75 no mira un año, sino un ciclo entero: el que comenzó con la elección de Pedro Pablo Kuczynski y desembocó en un país exhausto, empobrecido y sin brújula política clara.

Todo empezó en 2016, con una campaña que ya anticipaba el tono de lo que vendría. Ataques personales, insultos (“hija de ladrón…”), una derecha partida en dos y la ilusión –equivocada– de que, pasada la elección, se impondrían el pragmatismo y la cabeza fría. No ocurrió.

Keiko Fujimori perdió la presidencia, pero ganó la mayoría del Congreso con 78 escaños. Y con esa mayoría inició lo que terminaría siendo una guerra de desgaste contra el propio sistema. El primer blanco fue Jaime Saavedra, ministro de Educación y rostro visible de una reforma largamente postergada. Su censura no fue solo un ajuste político: fue la señal de que el fujimorismo había optado por la demolición antes que por la gobernabilidad. La reforma educativa, hoy abandonada, no sobreviviría a ese gesto fundacional.

Luego vino PPK, cercado por el Congreso y por sus vínculos con Odebrecht. En retrospectiva, los cargos eran menores frente a lo que vendría después, pero Keiko exigió su renuncia incluso tras el indulto a Alberto Fujimori. En ese movimiento, pasó por encima de las voces más sensatas de su propio partido, dañó irreversiblemente a su padre, sepultó la carrera de Kenji Fujimori y selló su propio destino político.

De paso –paradoja mayor– empoderó a los fiscales del caso Lava Jato que terminarían llevándola a prisión preventiva. Nadie sabe para quién trabaja.

En ese deterioro institucional, Lava Jato ocupa un lugar central. Hubo corrupción, sin duda, y de gran escala. Pero el proceso terminó politizándose, con un uso expansivo –y muchas veces abusivo– de la prisión preventiva, la forzadura de figuras penales y una aplicación elástica del concepto de organización criminal, que priorizó el impacto político sobre la solidez jurídica. La narrativa del “triunfo” se desplazó peligrosamente hacia la idea de que el éxito del sistema era ver a los políticos tras las rejas, aun cuando los casos no estuvieran suficientemente armados. El resultado fue que el proceso se comió a su propio objetivo: en lugar de fortalecer la justicia y depurar la política, arrasó con la clase política, vació el sistema de liderazgos y contribuyó –no de manera menor– a crear el caldo de cultivo que permitió la llegada de Pedro Castillo al poder.

La grieta que abrió Lava Jato no se cerró nunca. El suicidio de Alan García marcó un punto de no retorno en la historia reciente del país, un quiebre moral e institucional cuyas consecuencias aún se sienten. Y el posterior colapso del caso Cócteles en el frente de Keiko Fujimori recordó una lección básica que suele olvidarse en contextos de furia moral: no se puede meter preso al adversario político por las razones incorrectas, porque eso no fortalece la democracia, la debilita. La justicia convertida en arma termina erosionando su propia legitimidad y dejando una estela de desconfianza que, a la larga, paga todo el país. Lava Jato prometía limpiar el sistema; terminó, en parte, dinamitándolo.

La caída de PPK abrió paso a Martín Vizcarra, a quien el fujimorismo creyó poder controlar. Se equivocó otra vez. Vizcarra entendió rápido algo esencial: en un país donde el Congreso era la institución más impopular, confrontarlo podía ser rentable. Cerró el Parlamento invocando una interpretación de la denegación de la confianza “de facto” y luego sometió su pulso político a un referéndum que confirmó su popularidad.

Fue el punto más alto de su poder. Y el inicio de otro error estructural.
El nuevo Congreso lo vacó. Y cometió un pecado mortal que nadie midió a tiempo: un presidente popular no podía ser vacado por un Congreso repudiado. El resultado fue Manuel Merino, presidente por una semana, protestas masivas, muertos en las calles y un país al borde del abismo.

Entonces apareció Francisco Sagasti. No como líder carismático, sino como lo que el momento exigía: sensatez, orden y transición. Gobernó en medio de la pandemia brutal, con la mayor tasa relativa de muertos del mundo y sin vacunas a la vista. Sagasti las consiguió, estabilizó el Estado y devolvió una cuota mínima de tranquilidad institucional. No era poco. Era lo indispensable.

Pero el daño ya estaba hecho. Pandemia, empobrecimiento acelerado, desconfianza absoluta en la política tradicional y una narrativa antisistema incubada durante años llevaron a Pedro Castillo a Palacio. Un maestro rural cargado de simbolismos, pero vacío de capacidades. No había que ser pitoniso para prever el desenlace.

Castillo no solo fue incompetente: fue destructivo. Él mismo había liderado una huelga magisterial basada en demandas imposibles, expresión de aquello que la reforma educativa intentó corregir. Su gobierno combinó saqueo estatal, desmontaje del aparato público profesional, alianzas con radicales y una ignorancia funcional. El resultado fue una implosión.

LA DEMOCRACIA RESISTIÓ. EL ESTADO, NO.

Dina Boluarte pudo haber tenido otra historia. Pero su partida de nacimiento fue trágica: protestas violentas, más de 60 muertos y un país fracturado, con la violencia atizada desde el mismo sector que había sostenido a Castillo. A eso se sumó una necedad política notable, incluso para estándares peruanos, y una frivolidad que erosionó cualquier posibilidad de legitimidad.

Con todo, sería deshonesto no reconocer que, frente al caos anterior, sus gabinetes –con todos sus cambios– recuperaron un mínimo de estabilidad, inexistente durante el castillismo. Poco. Tardío. Insuficiente. Pero real.

Hoy, la figura de la vacancia presidencial ha quedado instalada como un mecanismo rutinario. Una especie de parlamentarismo pervertido, donde el Congreso no gobierna, pero tampoco deja gobernar, y nunca asume responsabilidades. José Jerí reacciona más rápido, sí, pero sale del mismo lugar: el Parlamento actual. Y nada garantiza que esta vez el desenlace sea distinto.

En términos políticos, esta fue otra década perdida. La democracia sobrevivió, pero con las costuras al límite. La economía resistió, pero sin traducirse en bienestar. El Estado creció, pero se debilitó. Y la ciudadanía aprendió, peligrosamente, a normalizar el desastre.

Con esta última entrega de Proyecto 75, CARETAS cierra no solo una mirada retrospectiva, sino un ciclo. El país entra ahora en otra búsqueda. La pregunta –una vez más– es si aprenderá de sus errores o si volverá a tropezar con las mismas piedras.
Esta vez, el margen es mínimo.