Por: LUIS MIGUEL IGLESIAS LEÓN
El proceso electoral rumbo a las Elecciones Generales de 2026 ya está en marcha y, con él, también ha comenzado a circular un fenómeno que representa una seria amenaza para nuestra democracia: las fake news. El pasado 11 de noviembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió una alerta que no debe pasar desapercibida: se han detectado alrededor de 250 casos de desinformación vinculados al proceso electoral en redes sociales, cifra que –según el propio organismo– podría incrementarse conforme se acerque la fecha de votación.
No se trata de un problema menor. Las noticias falsas no son simples errores informativos; son contenidos creados o difundidos deliberadamente para confundir, manipular emociones, desacreditar candidatos o sembrar desconfianza en el sistema electoral. La experiencia internacional lo demuestra con claridad. Elecciones en Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y otros países han evidenciado cómo la desinformación puede distorsionar la voluntad popular, polarizar a la sociedad e incluso provocar episodios de violencia política.
El Perú no ha sido ajeno a este fenómeno. Durante las elecciones de 2021, y en los meses posteriores, circularon versiones falsas de fraude, audios manipulados y campañas digitales que contribuyeron a un clima de desconfianza y tensión social. Hoy, con un nuevo proceso electoral en curso y con el uso cada vez más extendido de la inteligencia artificial, el riesgo es mayor: imágenes, videos y audios falsos pueden parecer reales y engañar incluso a ciudadanos atentos.
Frente a este escenario, el Estado peruano cuenta con un marco normativo diseñado para proteger la transparencia del proceso electoral. La Ley Orgánica de Elecciones y los reglamentos del sistema electoral establecen reglas claras sobre propaganda política, infracciones y el deber de neutralidad durante todo el proceso. En este marco, los Jurados Electorales Especiales cumplen un papel clave en la resolución de controversias, aunque su actuación debe realizarse con cautela y equilibrio, considerando los derechos fundamentales en juego y la integridad del proceso electoral. La experiencia reciente demuestra la importancia de contar con una instancia superior de revisión, rol que corresponde al Pleno del JNE como garante final de la legalidad y la estabilidad electoral. A ello se suman los debates actuales sobre mecanismos para enfrentar la desinformación digital y el uso indebido de tecnologías emergentes.
El Jurado Nacional de Elecciones, consciente de este desafío, ha reforzado su labor preventiva. Ha implementado mecanismos de monitoreo y verificación de contenidos, y promueve activamente el uso de su plataforma de fact-checking, así como de fuentes oficiales como el Voto Informado e Infogob, donde los ciudadanos pueden acceder a información confiable sobre candidatos, organizaciones políticas y antecedentes electorales.
En este contexto, y tomando debida nota de lo que escuchamos en EDIRCOM 2025, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ha sido claro y directo: la desinformación se ha convertido en uno de los mayores riesgos para la democracia. Ha advertido que enfrentarla no es tarea exclusiva de las autoridades electorales, sino una responsabilidad que involucra a todos los ciudadanos. Burneo ha recordado, además, que el JNE no compite ni gobierna, pero sí cumple un rol clave: asegurar elecciones limpias y transparentes, algo que solo es posible si contamos con un electorado informado, crítico y responsable.
Pero, más allá de las normas y de las instituciones, la pregunta central es: ¿qué podemos hacer nosotros como electores? La respuesta es simple, aunque exige esfuerzo y conciencia cívica. Primero, contrastar la información antes de creerla o difundirla; no dar por cierto lo que circula en redes sin verificar su origen. Segundo, acudir a fuentes oficiales y medios confiables. Tercero, desconfiar de contenidos que apelan al miedo, al odio o a la indignación inmediata. Y, finalmente, asumir que compartir una noticia falsa también nos hace responsables del daño que esta causa.
Las elecciones de 2026 no solo definirán autoridades; definirán también el tipo de democracia que queremos construir. Combatir las fake news no es censura ni limitación de la libertad de expresión: es un acto de responsabilidad ciudadana. Informarnos bien, pensar antes de compartir y votar con convicción es una forma concreta de contribuir al futuro del Perú.
