Mientras que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ––en manos de Podemos de José Luna a través de su mujer de absoluta confianza, la viceministra de Justicia y abogada Shadia Valdez Tejada–– ha decidido ser el brazo ejecutor de los psicosociales de José Jerí, el 60 % de las cárceles en el Perú no tienen instalado un sistema de bloqueo de señal de telefonía celular.
En todo el país, hay 69 establecimientos penitenciarios de diferente tamaño y categoría. Tenemos desde la emblemática cárcel de Lurigancho hasta la Base Naval del Callao, o el penal de Challapalca (el fetiche cuando se invoca la mano dura contra la criminalidad), pasando por la única cárcel construida en una base policial para uso exclusivo de expresidentes de la república.
La APP para bloquear los penales
En octubre del 2014, el INPE y la empresa Prisontec SAC, de propiedad del empresario taurino Augusto Eduardo Fernández Márquez, firmaron una Asociación Pública Privada (APP) para instalar en 33 cárceles del país bloqueadores de señales celulares.
La empresa se comprometía a instalar los bloqueadores y se cobraba suministrando el servicio de telefonía pública fija controlada, a la que tienen derecho todos los presos. La idea era evitar que los jefes de las bandas sigan manejando sus organizaciones criminales desde sus celdas. Incluso Prisontec SAC decía estar en capacidad técnica para rastrear llamadas sospechosas o planes delincuenciales organizados desde las cárceles.
Han pasado más de 11 años y solo 28 penales están bloqueados. Si asumimos que el sistema funciona adecuadamente. En las otras cinco cárceles, incluidas en el convenio, hasta el momento no se han podido instalar los bloqueadores porque en tres de ellas el INPE no ha entregado las áreas para las obras civiles. Las otras dos aparecen hace tiempo “en proceso de instalación”.
Lo inexplicable es que este convenio, ya sea con la misma empresa u otro interesado, no ha seguido para las otras 36 cárceles que siguen abiertas a las ondas de la telefonía y data celular al servicio del delito.
Ante la desidia pavorosa de todos los jefes del INPE y ministros de Justicia que han desfilado por la cartera desde el gobierno de Humala, parece que no les interesa que el 60 % de las cárceles sigan siendo una coladera para las organizaciones criminales que tienen a algunos de sus jefes batuteando sus actividades delictivas desde los penales.
Las prioridades del INPE
A la cabeza de la viceministra de Justicia, el INPE sí tiene tiempo, presupuesto y predisposición para acompañar al joven Jerí en sus requisas y operativos distractivos.
El domingo 8 de febrero realizaron un operativo en el penal de la DIROES o Barbadillo. Una requisa inopinada a las cuatro celdas de expresidentes cuyo registro fotográfico y fílmico fue filtrado por el diario El Comercio para vendernos la idea de que los “peligrosos” reclusos de la DIROES tenían hornos microondas, televisores y una máquina para hacer ejercicios al interior de sus minidepartamentos que funcionan como celdas.
La hipócrita narrativa penitenciaria sostiene que esos enseres, que obviamente ingresaron con autorización, anuencia y aceptación de los propios funcionarios del INPE, rompen la igualdad con los miles de presos de las cárceles comunes. Era obvio que se trataba de un operativo de distracción, urdido de la genialidad de un gobierno “a toda máquina”, después de que el diario Perú21 revelara el domingo 8 de febrero que José Jerí había organizado una fiesta por sus 38 años en noviembre del 2024 en Cieneguilla. La fiesta, en la que tocó el grupo de rock Los Mojarras, contratado por su colega fujimorista Arturo Alegría, tuvo como plato de fondo la presencia de dos jóvenes y atractivas mujeres de los corrillos parlamentarios: Isabel Cayo, la imponente chica Onlyfans, quien habría llegado con Andrea Vidal, la joven abogada asesinada cruelmente en diciembre del 2024 en Santa Catalina.
El asesinato de Vidal, a manos de sicarios, abrió una línea de investigación en la prensa y dentro del Congreso sobre una presunta red de prostitución a su interior. Tanto en la Policía como en el Ministerio Público, las investigaciones han caminado a paso lento al punto de que, quince meses después, no se ha esclarecido quién mandó a matar a Andrea Vidal y por qué. En el Congreso, el congresista Juan Burgos solo hizo el ridículo con una supuesta investigación que no llegó a nada, salvo distraer con teorías grandilocuentes sobre las que no tenía ningún indicio, menos certeza.
