EL gabinete de Eduardo Arana se presenta este jueves 12 ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, en lo que más que una apuesta programática, es un movimiento táctico en el ajedrez político del régimen de Dina Boluarte. El discurso reciente del premier ante el Colegio de Ingenieros de Lima incluyó anuncios de infraestructura de largo aliento, como el plan maestro ferroviario al 2050, pero la percepción general es que el gobierno ya no tiene margen para promesas, sino apenas para resistir. Lo que se juega Arana es la capacidad del Ejecutivo de mantenerse a flote en medio del desgaste político de la presidenta. A su favor juega, paradójicamente, que la mayoría de bancadas no desea precipitar una crisis mayor. En contra, que cada vez son más los actores que condicionan su apoyo a demandas específicas.
BUKELE EN LA MIRA
Uno de los puntos que ha acaparado atención mediática y parlamentaria es la propuesta —de momento sin respuesta oficial del gobierno— para enviar a los presos más peligrosos del Perú a la cárcel de máxima seguridad del CECOT, en El Salvador. La idea fue relanzada por Rafael López Aliaga con la visita del alcalde de San Salvador, Mario Durán, y es agroexporuno de los once puntos que ha planteado Renovación Popular para respaldar al gabinete. La coincidencia con la visita a Lima de Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador —quien participará en el evento internacional EL PACCTO 2.0 desde el domingo 15 en el Swissôtel— añade una dosis extra de suspenso. El evento, que reúne a autoridades de Europa y América Latina para coordinar políticas de justicia y seguridad, también contará con la presencia del propio Arana como anfitrión de las sesiones de alto nivel. La medida ha sido tachada de inviable por algunos juristas, pero ha calado en sectores de derecha deseosos de una política de mano dura. El propio Arana reconoció en días recientes que “el Estado se pronunciará oficialmente en los próximos días”, dejando abierta la posibilidad de una negociación política, aunque al cierre de esta edición no se había concretado un anuncio.
Pero voces técnicas alertan sobre el despropósito de la medida. Javier Llaque, recientemente cesado como jefe del INPE tras una rara fuga, advierte que “no se cumpliría con el fin constitucional de la pena, que es la reinserción social”. A su juicio, el envío de reclusos al CECOT sería inconstitucional, pues implicaría abdicar de una función exclusiva del Estado: el uso legítimo de la fuerza para aplicar las penas.
“El costo de un interno en Perú es de unos 3,000 dólares al año. El de uno en el CECOT bordea los 20,000. Si el Estado tiene esos 100 millones de dólares que costaría enviar a 5,000 presos, mejor que los invierta en grilletes electrónicos, tecnología, más personal y bloqueadores”, añade Llaque, quien también destaca que la tasa de reincidencia en el país es una de las más bajas de la región. A pesar del discurso generalizado, la estadística demuestra que apenas el 0.1% de los delitos se originan en cárceles, según el exjefe del INPE. “La cárcel en Perú, con todas sus deficiencias, sí rehabilita. La propuesta de enviar presos a El Salvador no solo es populista, es inviable jurídica, económica y éticamente”, sentencia. Pero el premier no solo enfrenta fuego cruzado desde la oposición. Esta semana se supo que habría intervenido personalmente para evitar que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski saliera del país, pese a que el juez le había levantado el impedimento de salida por razones médicas. La denuncia fue recogida por la defensa de Kuczynski y se suma al historial de tensiones entre el Ejecutivo y el sistema judicial.
En este contexto, el voto de confianza se transforma en un termómetro de la capacidad de sobrevivencia del régimen, más que en un cheque en blanco para una nueva agenda de gobierno. El gabinete Arana representa, en realidad, una última línea de contención frente a una presidenta políticamente desgastada y sin mayor capacidad de iniciativa. De lograr el respaldo congresal —algo probable pero no garantizado—, no será por entusiasmo, sino por inercia y cálculo. La paradoja es que, cuanto más se reduce el margen del Ejecutivo, mayor es el poder de condicionamiento de los extremos. Propuestas como la exportación de presos al CECOT ganan espacio en el vacío de autoridad, y temas de alta sensibilidad —como la justicia penal, la seguridad ciudadana o los derechos fundamentales— terminan definidos por el pulso de la calle y la ansiedad del Congreso, más que por políticas públicas sólidas. De eso también depende el futuro de Arana: si se convierte en mero administrador del declive o logra abrir una ventana de gobernabilidad mínima que permita cerrar el mandato de Boluarte sin incendiar el país. En cualquiera de los dos casos, el jueves 12 marca una estación crítica en la ruta de este gobierno.
