El Perú es un país que respira biodiversidad. Desde los valles andinos hasta la Amazonía, sus suelos han dado origen a cultivos esenciales para la humanidad como la papa, maíz, quinua, ají, tomate, entre otros que acompañan nuestra mesa. Son más de 2.5 millones de agricultores quienes cultivan estas tierras, manteniendo vivas semillas que han pasado de generación en generación. En los mercados, los colores y sabores de estos productos cuentan la historia de un país único, cuna de una de las agriculturas más ricas y diversas del mundo, que durante milenios ha alimentado a su gente sin depender de semillas foráneas.

Pero esta realidad está en peligro. En noviembre pasado, un grupo de congresistas presentó un proyecto de ley para derogar la moratoria que prohíbe el ingreso y producción de transgénicos en el país. De aprobarse, el Perú abriría sus puertas a semillas modificadas genéticamente, una decisión que podría transformar para siempre el mapa agrícola del país. La iniciativa, impulsada por Alejandro Cavero, Adriana Tudela y Edward Málaga, plantea la introducción controlada de transgénicos, también conocidos como organismos vivos modificados (OVM), con el argumento de que estos mejorarían la competitividad agrícola y ayudarían a enfrentar la crisis alimentaria.

La propuesta ha encendido las alarmas entre gremios agrarios, comunidades campesinas y expertos en biodiversidad. ¿Por qué? Temen que los transgénicos contaminen las variedades nativas, afecten la economía de los pequeños agricultores y comprometan la imagen del Perú como un país "libre de transgénicos", lo que pondría en riesgo su acceso a mercados internacionales. El debate está sobre "nuestra mesa". ¿Qué implica realmente este proyecto de ley? ¿Cuáles serían sus efectos en la agricultura y en la seguridad alimentaria del país? En esta nota, te explicamos el tema y compartimos las opiniones de dos especialistas.

El contenido del proyecto y sus impulsores
El Proyecto de Ley (PL) 09475/2024-CR busca derogar la moratoria vigente sobre el ingreso y producción de transgénicos en el Perú, permitiendo su introducción gradual y controlada. Para ello, la propuesta plantea modificar la Ley 27104, que regula los riesgos derivados de la biotecnología, con el fin de establecer un nuevo marco normativo que autorice el uso de organismos vivos modificados (OVM) en el país.

Asimismo, se propone la eliminación de dos normativas clave: la Ley 29811, que estableció una moratoria inicial de 10 años al ingreso y producción de transgénicos, y la Ley 31111, que extendió esta restricción hasta el 31 de diciembre de 2035. De aprobarse, estas leyes serían reemplazadas por un régimen “regulado”, en el que los OVM se introducirían progresivamente en zonas de menor biodiversidad.

Los congresistas impulsores del proyecto se reunieron recientemente con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, para discutir sus alcances. Aunque los resultados aún no se han revelado, el respaldo del Midagri no sería una sorpresa. Recordemos que alrededor de mayo de 2024, el ministerio ya había generado polémica al plantear la autorización del cultivo de maíz y algodón transgénico, lo que desató un fuerte rechazo en el sector agrícola. Esta iniciativa también cuenta con el apoyo de los congresistas Roselli Amuruz, Diana Gonzales y Norma Yarrow.

Transgénicos: el riesgo de desplazar variedades nativas y perder mercados
El Perú se ha consolidado como un líder en la producción de alimentos orgánicos y es mundialmente reconocido por ello. En este escenario, Luis Cruz, gerente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), advierte que el PL pondría en riesgo el acceso del país a mercados internacionales exigentes. “Si perdemos nuestra categoría de país libre de transgénicos, nuestros productos orgánicos podrían verse afectados. Somos el primer productor mundial de café orgánico y el segundo de cacao orgánico, además de exportar quinua y otros cultivos altamente valorados”, señaló en entrevista con Inforegión.

El impacto no se limitaría a la exportación. José Álvarez, exdirector general de Diversidad Biológica del Minam, sostiene que la certificación orgánica de varios productos peruanos podría estar en peligro. “El plátano orgánico del norte del Perú es uno de los mayores exportadores del mundo. También tenemos la uva, la palta y el arándano, que podrían perder su certificación si hay cultivos transgénicos cerca”, explicó a Inforegión. Además de dificultar el acceso a mercados especializados, también aumentaría los costos de certificación, afectando directamente a los pequeños productores.

Además, Álvarez advierte sobre otro riesgo: la contaminación genética de las variedades nativas. “El Perú es centro de origen y diversificación de cientos de razas y variedades. Si se aprueba este proyecto, muchas de ellas estarían en riesgo”, enfatizó. Explicó que la contaminación cruzada ya ha ocurrido en otros países, como México, donde se ha documentado la presencia de genes transgénicos en variedades nativas de maíz.

Otro aspecto preocupante es la dependencia de los agricultores frente a grandes empresas de biotecnología. “Las semillas transgénicas no se reproducen, solo se pueden utilizar una vez. Esto obligaría a los agricultores a comprarlas cada temporada a grandes transnacionales, generando una dependencia peligrosa”, advirtió Cruz.

El rechazo de gremios agrarios, campesinos, organizaciones y exministros
Con el fin de proteger nuestra invaluable riqueza, el país mantiene desde 2011 una moratoria al ingreso y producción de transgénicos, una medida orientada a salvaguardar la agrobiodiversidad y garantizar la seguridad alimentaria. En 2021, esta restricción fue ampliada por 15 años más con la promulgación de la Ley N° 31111, priorizando el desarrollo de la agricultura familiar, que representa el 97% de las unidades agropecuarias y abastece el 60% de los alimentos que llegan al mercado nacional.

Hoy, esta protección está en riesgo. Diversos sectores han manifestado su oposición al proyecto de ley. En un pronunciamiento firmado por más de 60 organizaciones, se rechaza y advierte sobre las graves consecuencias de aprobar esta medida. Los firmantes recuerdan que “el Perú es uno de los mayores centros mundiales de recursos genéticos, con unas 182 especies de plantas y cinco especies animales domesticadas”. La introducción de organismos genéticamente modificados podría afectar irreversiblemente esta riqueza natural.

“El uso de transgénicos compromete los ingresos y la alimentación de los agricultores al obligarlos a sembrar una sola planta transgénica hasta que finalmente el inversor agrícola opte por comprar las tierras y reemplazar la mano de obra por maquinaria”, señala el pronunciamiento. Esto se refiere a que el uso de transgénicos podría generar una dependencia de los agricultores peruanos a las grandes empresas proveedoras de semillas modificadas y herbicidas como el glifosato, altamente cuestionado por su impacto ambiental y en la salud.

Otro punto crítico señalado es que los cultivos transgénicos suelen promover un modelo de monocultivo a gran escala destinado principalmente a la industria y no a la alimentación directa de la población. “Los OVGM promueven principalmente el monocultivo para usos industriales y sirven poco para fines alimentarios, contribuyendo a la producción de alimentos industriales como los Alimentos Ultra-Procesados (AUP), promotores de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y cáncer”, denuncian.

Las organizaciones firmantes del pronunciamiento exigen al Midagri y al Congreso “la atención a las verdaderas prioridades de la agricultura familiar, las que tienen que ver con la falta de asistencia técnica, tecnificación del riego, conectividad, seguridad jurídica, acceso a créditos y a mercados con precios justos”. Finalmente, hacen un llamado a la unidad del sector agrario para rechazar la propuesta legislativa y defender el derecho de los productores y consumidores a un modelo agrícola basado en la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

Sobre los firmantes
El pronunciamiento ha sido firmado por más de 60 organizaciones, incluyendo Conveagro, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE Perú), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap). También han suscrito el documento asociaciones de productores de quinua, cacao, algodón y palma aceitera.

Entre las personalidades firmantes destacan exministros de Agricultura y Ambiente como Fabiola Muñoz, Andrés Alencastre, Víctor Mayta y Federico Tenorio. Asimismo, se han sumado especialistas en agroecología y biodiversidad como Juan Sánchez Barba, director del Consorcio Agroecológico del Perú, y el economista Hugo Cabieses Cubas.

¿Cuál es el futuro de la agrobiodiversidad del país?
Es importante recordar que la moratoria se estableció para contar con un lapso de tiempo durante el cual podamos fortalecer la biotecnología y la bioseguridad, cerrar vacíos en la legislación y profundizar en el estudio de nuestra biodiversidad. Levantarla sin un análisis riguroso podría poner en riesgo la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la economía de miles de agricultores. Expertos coinciden en que, antes de abrir la puerta a los transgénicos, es esencial apostar por la investigación y promover prácticas agrícolas sostenibles que protejan nuestro patrimonio natural.

Ante la preocupación que ha generado esta iniciativa parlamentaria, diversas organizaciones agrarias de distintas regiones, articuladas al Grupo Impulsor de Semillas Nativas (Grisen), han comenzado a formular una propuesta para proteger las semillas nativas y sus sistemas tradicionales. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de congresistas como Sigrid Bazán y Heidy Juárez y busca garantizar la conservación de la biodiversidad agrícola del país.

Entre sus ejes principales, la propuesta plantea mecanismos para prevenir la biopiratería, integrar las semillas nativas en programas de seguridad alimentaria, fortalecer su comercialización y asegurar la participación de las comunidades en la toma de decisiones. Mientras tanto, el futuro de la moratoria a los transgénicos sigue en manos del Congreso, una decisión clave que determinará si el Perú continúa protegiendo su agrobiodiversidad o permite el ingreso de cultivos modificados genéticamente.