La mancomunidad regional de Los Andes (MRDLA) es una persona jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. impulsada por la voluntad de los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Ica, Junín, y en proceso de adhesión Cusco, dichos gobiernos forman un Comité Ejecutivo que actualmente viene siendo presidida por el Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, mientras que la Dirección Ejecutiva está a cargo del ingeniero Jesús Quispe Arones.

La MRDLA viene impulsado la construcción del Tramo IV de la Longitudinal de la Sierra y la masificación del gas en las 5 regiones que la conforman. Con el objeto de tratar ese objetivo, los gobernadores se reunieron el viernes 27 en la sede del PCM con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. 

La MRDLA representa el 17.5% del territorio nacional. Al 2023 tenía una población aproximada de 5 millones 268 mil habitantes, lo que equivale al 15.6% de la población total del país. Asimismo, representó el 13.3% del PBI nacional, un aproximado de US$ 35 mil millones. Ese mismo año, sus exportaciones alcanzaron los US$16.9 mil millones de dólares, lo que es el 26.2% del agregado nacional.

Desde su creación la MRDLA tuvo como finalidad hacerle frente a la desnutrición crónica infantil y anemia.

Se trata de una visión integrada y en conocimiento de la realidad social regional, lo que que constituye la evidencia más clara del objetivo de la descentralización en el país.

La mancomunidad marca un hito importante en materia de gestión pública.

Es la demostración por la que, uniendo a los pueblos y regiones, se pueden lograr grandes cosas, mediante el diálogo, debate y concentración macrorregional.

Desde su constitución en el 2011, la Mancomunidad viene trabajando en cuatro dimensiones: Institucional, Social, Económica y Ambiental. El enfoque es el de la gestión por resultados y ello ha permitido implementar diferentes proyectos y servicios que benefician a dos o más regiones.

Para hacerle frente a la anemia y la desnutrición, la MRDLA viene liderando el grupo Internacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, integrado por países de Europa, África, y América.

Desde esta instancia se impulsan cumbres, comparten experiencias, establecen alianzas y fortalecen estrategias que garanticen el acceso a alimentos seguros y nutritivos para los países integrantes.

En línea con ello, desde 2016 se impulsó la “Promoción de la Exportación Certificada de los Súper Alimentos Quinua y Castaña”, que involucró a las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín y Cusco.

De esta manera, se contribuyó de manera sustancial al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza de Los Andes.

Por la ejecución de este programa, en el 2020 se obtuvo el reconocimiento Internacional de Primer Puesto en el IV Premio de Buenas Prácticas Regionales otorgada por Oru Fogar.

Una región andina competitiva

Frente al reto que tienen las regiones de enfrentar de manera simultánea la brecha social y el desafío del desarrollo, se exige un mayor proceso andino de integración y mayor intercomunicación a través de la construcción de carreteras.

Para elevar el dinamismo económico e intercambio de producción agrícola, son necesarias una especialización más dinámica y la activa participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el proceso de desarrollo e internacionalización económica.

Es así que, en su objetivo de interconexión, la MRDLA ejecutó la construcción del Puente Challhuan, que une las regiones de Ayacucho – Huanta con Huancavelica Churcampa.

Asimismo, impulsó la construcción del Puente Pampas II, para unir a las regiones de Ayacucho Vilcashuasmán, Saurama, con la Región de Apurímac, Chincheros y Uranmarca.

En la misma línea, se lanzó “Expo Perú Los Andes”, plataforma comercial que pone en vitrina el potencial productivo agropecuario, cultural y artístico de las regiones de Ayacucho Apurímac, Huancavelica, Ica, Junín y Cusco. Durante su sexta versión, que también fue la edición bicentenario, se alcanzaron S/.93 millones de movimiento económico durante 5 días.

Siembra y Cosecha del Agua

En un esfuerzo conjunto por promover la sostenibilidad ambiental, las regiones miembros de la mancomunidad de Los Andes, iniciaron la campaña Macrorregional de Forestación y Reforestación “Los Andes Verde 2024-2025”, donde destaca la activa participación de estudiantes, comunidades locales, autoridades regionales y sectores aliados. El principal objetivo es forestar extensas áreas de Los Andes, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, la protección de recursos hídricos y la mejora de los ecosistemas locales.

El 17 de diciembre, de manera simultánea y a través de las direcciones agrarias de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Ica, Junín y Cusco, se dio inicio a esta campaña, logrando un total de 30 mil plantones sembrados en un día.

La gran meta es alcanzar 100 millones de plantaciones forestales y agroforestales del 2019 al 2030.

Las acciones de la Mancomunidad Regional de Los Andes han sido parte importante motor y reactivación económica del país.

La Mancomunidad Regional de los Andes debe aprovechar sus recursos de manera sostenible y armoniosa con el medio ambiente, convirtiéndose en una importante unidad geoeconómica a través de corredores turísticos y económicos, cuencas hidrográficas y zonas ecológicas, en sinergia con la intervención de las instituciones de los sectores público y privado a nivel nacional, regional y local.    

Por: EDUARDO BRUCE MONTES DE OCA ^[1]

Según el portal especializado en marketing en redes sociales DATAREPORTAL[2], a inicios de 2024 en números redondos, el Perú tenía 26 millones de usuarios de internet, con una penetración del 74.5 % de la población total. Las redes sociales tenían 24 millones de usuarios activos, lo que representa casi el 70 % de la población total. Sin embargo, existían casi  38 millones de conexiones móviles activas. Muchos tienen mas de un celular activo.

El padrón electoral registra 24.8 millones de votantes, hay  26 millones de usuarios de internet y 24 son usuarios de redes sociales.

Los 24 usuarios de redes sociales, se distribuyen de la siguiente manera:

Veamos, por otro lado, cómo están los medios tradicionales. Los diarios impresos están siendo afectados por una disminución de lectoría producto de las limitaciones que tienen para competir con la inmediatez y cero costo del periodismo virtual. La televisión abierta y por cable pierde audiencia de un público que hoy se ha acostumbrado al “streaming”, es decir, ve lo que quiere a la hora que quiere.

Además, las normas que regulan el avisaje político concentran el avisaje electoral a determinadas franjas horarias, generando una fuerte disminución en el impacto de los spots publicitarios. La denominada franja electoral es una interminable e ineficaz secuencia de spots concadenados el uno con el otro.[4]

Muchos dirán que el avisaje no lo es todo en la competencia mediática por el voto popular, argumentan con razón, que existen las entrevistas, debates, cobertura de actividades proselitistas, etc.

Veamos.

Los debates hoy ya no son tales. La inmensa cantidad de candidatos posibles (hoy cerca de 40 o más) causarán que los organizadores tradicionales de debates, con su criterio de equidad mal conceptuado, organicen eventos con todos los candidatos que llamarán debates, pero en realidad no lo son, puesto que no pueden debatir 40 personas en plazos tan breves de tiempo. Solo serán breves segmentos de cada uno de los competidores que, concatenados inorgánicamente, constituirán ideas sueltas al aire, que no formarán una coherente confrontación de ideas.

Las actividades proselitistas cubiertas por los medios tradicionales tampoco serán material de impacto al ciudadano. Son muchos candidatos para que algunos de ellos, puedan destacarse sobre los otros por su calidad de líder y estadista; ni los medios ni los lectores o televidentes tendrán el tiempo y espacio suficiente para poder dar una atención holística con equidad de todos los candidatos.

Además, no olvidemos que hoy en día tenemos herramientas para la comunicación virtual en redes que hace muy poco tiempo eran monopolio de pocos. Con un celular inteligente se puede grabar un video, editarlo en software gratuito, adornarlo con efectos, subirlo a redes sociales y saber de manera casi inmediata cuánta gente lo ha visto todo o en parte. El costo es cero. Comparativamente, hace dos periodos electorales se requería la contratación de talento profesional y el uso de equipos y servicios especializados por miles o decenas de miles de dólares.

No es que este cambio disruptivo en el marco del marketing político-electoral sea algo favorable para llevar adelante un buen proceso electoral. Con 40 candidatos, en una cacofonía de mensajes en las redes, se puede encumbrar prácticamente a cualquiera. En especial en nuestro contexto de desprecio ciudadano a la clase política. Esa insatisfacción de los votantes los puede llevar a escoger al más anti de los antis, y ponerlo en la segunda vuelta con un voto popular insignificante, y así, Dios no quiera,  llegar a la presidencia.

La tarea pendiente es, por el lado de los candidatos, digerir y aprender a usar las herramientas que nos trae el marketing político en el contexto de la virtualidad, y a las autoridades a estar listas a impedir el mal uso de estas herramientas a favor de unos o en detrimento de otros por medio de campañas negativas.

Y a la sociedad en su conjunto, apuntar a una reforma político-electoral considerando este elemento, en un contexto de adoptar un sistema electoral, que respetando el voto popular, nos permita un sistema de ejercicio democrático para salir de este hoyo profundo en que estamos, en el cual aún no divisamos fondo.

[1] Máster en comunicación política y electoral por la Universidad Autónoma de Barcelona

[2] DATAREPORTAL publica información de marketing por internet y redes sociales desde nivel global al local. No es necesariamente exacta la información que presentan, y de hecho puede estar sesgada. Sin embargo, sus contenidos no difieren mucho de los de otras fuentes, por lo que la estamos usando para este reportaje, sin pretender que tengan los estadígrafos presentados con rigurosidad científica.

[3] Asumiendo que la población electoral equivale a la población que usa redes.

[4] Esta norma está en proceso de cambio, pero no se sabe todavía cuál será la manera en que se implementará.

Por: CARLOS PAREDES *

En São Paulo, Brasil, en el Día de los Enamorados de 2019, tras dos años de negociaciones, el Estado peruano y la transnacional brasileña Odebrecht lograron cerrar un acuerdo de colaboración eficaz para, se supone, desentrañar en Perú, una de las tramas de corrupción más grande de Latinoamérica: el escándalo Lava Jato.

Al día siguiente en la mañana, el martes 15 de febrero, se anunció una rueda de prensa en la sede del Consulado Peruano en São Paulo para dar detalles de la tremenda noticia. Se había firmado un documento secreto de 1057 páginas rotulado como “Acta de Acuerdo de Colaboración y Beneficios”. Nadie conocía los términos de este Acuerdo, salvo las doce personas que lo firmaron en sus dos últimas páginas en señal de conformidad. Solo dos de ellas eran representantes del Estado peruano, el fiscal José Domingo Pérez Gómez y el procurador Jorge Miguel Ramírez Ramírez. Pero, ese 15 de febrero de 2019, los periodistas que esperaban por detalles del anuncio en nuestra sede consular en São Paulo, vieron ingresar juntas a cuatro personas, todas ellas sonrientes, con un inocultable rostro de felicidad. Eran nuestros cuatro negociadores. Además de los firmantes Pérez y Ramírez estaban Rafael Vela Barba, el fiscal superior coordinador del Equipo Especial Lava Jato, y la procuradora adjunta Silvana Carrión Ordinola, la que trabajó directamente detalles del Acuerdo. Rafael Vela, sentado a la derecha de José Domingo Pérez, quien tenía los dos voluminosos tomos del Acuerdo, calificó de “exitosa negociación” el alcanzado y añadió, con la ecuanimidad con la que da entrevistas periodísticas, que ese trato con Odebrecht iba a “permitir al sistema de administración de justicia peruano acceder a información muy valiosa que permita esclarecer la averiguación de la verdad en términos de proscripción de la impunidad”.

Cinco años después, tirios y troyanos coinciden en señalar que ni se ha accedido a toda la información ofrecida por la empresa corruptora, ni se conoce la verdad completa sobre los sobornos de Odebrecht, menos se ha logrado proscribir la impunidad de esta transnacional de la coima, como optimistamente anunció el fiscal coordinador. Todo lo contrario. Este Acuerdo, que permaneció ilegalmente guardado como secreto de Estado todo este tiempo, confirma que, ese Día de San Valentín en que se cerró el trato, Odebrecht obtuvo un gran presente de nuestros seducidos negociadores. Y, en todo este lustro, ese afecto no ha sido correspondido por la empresa largamente beneficiada. Odebrecht, convertida en Novonor, volvió a serle infiel al candoroso Estado peruano que, en esa lesiva transacción, le mostró su incondicional querencia.

OTRA VEZ LA FILTRACIÓN INTERESADA

Un largo litigio del comunicador Phillip Butters y de su abogado Wilber Medina ha permitido que se conozca el íntegro de este Acuerdo y su Acta Complementaria, firmada el 20 de mayo de 2019. Así lo ordenó una sentencia unánime de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional. Pero, en una evidente maniobra de control de daños, conocida en el mundo de la comunicación política como “inoculación”, los portales digitales Epicentro TV y Convoca, afines a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, publicaron el íntegro de los dos documentos liberados por orden del TC. Quedó claro que las madrugadoras y coordinadas publicaciones tenían la intención política de arrancarle la victoria a Butters, quien ha adelantado públicamente su deseo de incursionar en la política activa como candidato en las próximas elecciones generales. El otro propósito de esta filtración interesada era defender el Acuerdo, como lo evidenciaron las notas periodísticas que acompañaron la publicación de ambos documentos. El problema para los fiscales Vela y Pérez, que son los principales sospechosos de haber filtrado la información mucho antes que el TC notificara oficialmente su decisión, es que el mes pasado el Ejecutivo ha promulgado una norma legal (Ley 32182), previamente aprobada por el Congreso, que sanciona a los fiscales que filtren información reservada a medios de comunicación u otros interesados. Un escenario más de enfrentamiento, en esta polarización de la sociedad peruana que tiene al sistema de administración de justicia como uno de sus campos de batalla principales. La justicia cada vez se politiza más y la política se define en fiscalías y juzgados.

DETALLES DEL ACUERDO

En estos días previos a la Navidad –con el íntegro del Acuerdo y su Acta Complementaria disponibles en el ciberespacio– abogados, periodistas y ciudadanos interesados los han diseccionado, analizando cada una de las 1099 páginas que suman ambos documentos. Lo primero que se ha criticado es por qué se mantuvo en calidad de secreto, si el propio Acuerdo establecía que, una vez homologado judicialmente (obtenida la sentencia judicial firme) terminaba su condición de reservado. Nunca fue secreto. Esta condición, de hacerlo público una vez aprobado por el Poder Judicial, ha sido violada sistemáticamente por los fiscales del Equipo Especial Lava Jato desde el 17 de junio de 2019, alegando que su publicidad ponía en peligro a los colaboradores y alertaba a los todavía investigados en los otros casos derivados que no formaron parte de la colaboración eficaz con Odebrecht.

Y es, precisamente, por esta discriminación, la de firmar un acuerdo solo sobre cuatro, de por lo menos 17 casos de corrupción en Perú aceptados por los funcionarios y directivos de Odebrecht, que también se ha cuestionado la negociación hecha por el fiscal José Domingo Pérez, a la que no pocos han dado en llamar “colaboración ineficaz”. La procuradora Silvana Carrión, la verdadera artífice del Acuerdo del lado de la defensa legal del Estado, ha explicado que solo se incluyeron Interoceánica Sur, Metro de Lima, Costa Verde Callao y Vía de Evitamiento Cusco, –cuatro grandes proyectos construidos por Odebrecht y sus socios peruanos con pagos ilegales y sobrevaloraciones escandalosas en prejuicio del erario– porque eran los que tenían mayor evidencia probatoria al momento de cerrar el trato. Pero, el acuerdo de colaboración eficaz no cerraba la posibilidad que, en los otros 13 casos de corrupción aceptados por los brasileños, ellos declaren y entreguen evidencias y pruebas de cada uno de los sobornos. Es un acuerdo con una “cláusula de progresividad”. El abogado penalista Julio Rodríguez sostiene que esa condición de “progresivo” no existe en la norma procesal vigente (Código Procesal Penal), que es una figura que se han inventado fiscales y procuradores para favorecer a Odebrecht. Se entiende que, si un autor de varios delitos se acoge a la confesión sincera para ser premiado con la extinción de la pena, debiera confesar toda la verdad. No jugar a una especie de “el gato y el ratón”, esperando qué otros delitos le descubre el fiscal, para recién declarar sobre ellos.

La abogada penalista y exprocuradora Katherine Ampuero considera que un investigado sí tiene derecho a no acogerse a la colaboración por todos los delitos que ha cometido, pero, si el fiscal le descubre otros ilícitos no declarados en su colaboración eficaz, el imputado debe ser investigado sin beneficio alguno. Lo que no ha pasado con los funcionarios de Odebrecht. En su condición de procuradora Ad Hoc, Ampuero pidió que se investiguen los sobornos entregados por Odebrecht y sus socios peruanos en las obras “Rutas de Lima” (cuestionadísimas concesiones de peajes entregadas por la exalcaldesa Susana Villarán) y Gaseoducto Sur, mega obra que hasta hoy está paralizada. Sin embargo, estas investigaciones fueron archivadas por el fiscal José Domingo Pérez alegando que estaban blindadas por el Acuerdo. En su momento, el procurador Amado Enco denunció a Vela y Pérez por esos ilegales archivos, denuncia que fue diligentemente desestimada por el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde. Después, no se sabe si por una maniobra de evasión de responsabilidades o por presión mediática o pública, estos casos han sido reabiertos sin que se conozcan mayores avances en su investigación.

LA REPARACIÓN CIVIL

Los portales digitales Convoca y Epicentro han presentado como un gran logro del Acuerdo que Odebrecht pague una reparación civil a favor del Estado de 610 millones de soles, apoquinados en cómodas cuotas anuales de más de tres lustros (desde 2019 hasta 2034), en lugar de los 297 millones que originalmente ofrecieron. Esta cifra resulta famélica si la comparamos con los cálculos que hizo la Contraloría, de los daños patrimoniales ocasionados por Odebrecht al Estado peruano, que ascendían primigeniamente a 1318 millones de soles. Más del doble de la reparación civil aceptada a pagarse en 16 años con otra condición inaceptable para cualquier país soberano: que, previamente, se le permita a la empresa corruptora vender parte de sus activos, la hidroeléctrica de Chaglla, por la que cobraron USD 1400 millones. Con un agravante adicional, los fiscales eximieron a Odebrecht de la aplicación de la Ley 30737 para devolverles parte del monto retenido de esa venta, que debía formar parte de un fidecomiso para el pago de la reparación civil. Con este regalo adicional, la transnacional brasilera pudo sacar del país 514 millones de soles con una transferencia bancaria inmediata.

Si comparamos con otros países del mundo, donde Odebrecht operó o utilizó su sistema bancario, la indemnización pactada con el Perú es menor a la que obtuvo, por ejemplo, República Dominicana, que les cobró 184 millones de dólares, aproximadamente 2 millones más de lo que obtuvieron los negociadores peruanos, en un país donde Odebrecht hizo muchísimo menos daño que en el nuestro. Por no mencionar Suiza y Estados Unidos, donde tuvieron que pagar 116 y 93 millones de dólares, respectivamente, solo porque utilizaron sus sistemas financieros para desviar dineros destinados al pago de coimas. Digamos que, en esta parte del Acuerdo, tampoco hubo proporcionalidad ni razonabilidad a la hora de establecer la reparación civil. La procuradora Silvana Carrión dice que ese monto, los 600 millones de soles, salió de aplicarse una fórmula creada en el MEF (no se sabe quién fue el iluminado que inventó la fórmula ni con qué criterio la hizo) y qué, si sumamos los intereses aplicables a la deuda, el Perú terminará cobrando el 2034 más que los 610 millones de soles.

EL MINISTRO DEL AMOR

El exministro de PPK y Pedro Castillo, Mariano Gonzáles ha sido uno de los primeros expuestos desde que se conoció el íntegro del acuerdo de colaboración con Odebrecht. En las páginas 817 y 818 del documento se le menciona como parte de los abogados que realizaron contratos ficticios con Odebrecht para pagar una comisión ilegal a los hermanos Samuel y Carlos Campusano Dulanto, quienes habrían traficado intereses con el funcionario del MEF Pedro Cobeñas Aquino para la emisión de bonos soberanos a favor del Gobierno Regional del Cusco, como parte del financiamiento de la Vía de Evitamiento de esa ciudad, obra realizada por Odebrecht. El 19 de febrero de 2016, el abogado Cosme Mariano Gonzáles Fernández emitió un recibo por honorarios profesionales a la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. por un monto total de 84 541.05 soles. El concepto declarado es “Asesoría Legal, Informe I” y, descontado el 8 % como adelanto del impuesto a la renta, el exministro cobró la cabalística suma de 77 777.77 soles. Según el documento hecho público, ese cobro era la comisión ilegal de 10 % por prestarse a firmar contratos ficticios. Como parte de la corroboración de la delación de Odebrecht se menciona que, al día siguiente de cobrar, Mariano Gonzáles depositó 69 mil soles como aporte personal a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones de 2016. Después fue nombrado ministro de Defensa. Teniendo las pruebas y la delación de los brasileros, extrañamente el fiscal Germán Juárez Atoche pidió el sobreseimiento del caso al juez Jorge Chávez Tamariz, quien no la aceptó. En apelación, el fiscal superior Rafael Vela confirmó la decisión de Juárez Atoche, quedando archivada la grave imputación hecha por Odebrecht contra Gonzáles, en calidad de colaboradores eficaces. Coincidentemente, Mariano Gonzáles es parte del grupo de políticos y abogados defensores de los cuestionados equipos especiales del Ministerio Público (Lava Jato y Eficcop), también ha defendido públicamente a los coroneles de la Policía Harvey Colchado y Walter Lozano. En los corrillos fiscales se dice que el exministro no ha renunciado a sus controvertidas labores en gestión de intereses cruzando la línea de la legalidad. Se le menciona insistentemente como parte del grupo de abogados y operadores relacionados al Eficcop en tareas nada santas de lobby y hasta de coacción a empresarios investigados o testigos de las carpetas fiscales de ese grupo especial al que, como ministro de Castillo, le dio un grupo policial Ad Hoc. Hay dos casos en los que se le relaciona con la presunta red del Eficcop: un viaje que hizo a España en marzo último, donde se habría reunido con el empresario Fernando Pazos Huayamares, y la supuesta exclusión de una investigación reservada a un conocido y joven abogado penalista, alguna vez relacionado al juez supremo César San Martín, gran amigo del compañero de viaje a España y eventual empleador de Mariano Gonzáles, el también abogado penalista Fernando Silva La Rosa. Indicios que, sin duda, deben ser sometidos a una prolija investigación fiscal por el bien de todos los mencionados. 

Hay más detalles en este controvertido acuerdo de colaboración eficaz que merecerán más comentarios, reportajes periodísticos y hasta denuncias penales contra los responsables. Tenemos Lava Jato para rato.