Por: CARLOS PAREDES *
En abril de este año, según una encuesta nacional de Datum Internacional hecha para el diario El Comercio, a la pregunta sobre el grado de confianza de la población en las instituciones, el 89 % de los encuestados no confiaba en los fiscales. Un resultado que no sorprende por la profunda crisis sistémica, de formación jurídica e integridad, que padece el Ministerio Público.
Solo dos indicadores que muestran el tamaño de esta degradación: I. En la última década ha habido nueve fiscales de la nación en lugar de cuatro, porque varios de ellos fueron destituidos u obligados a renunciar por cargos de corrupción. En promedio, cada gestión ha tenido apenas 405 días en vez de tres años, y Pablo Sánchez fue nombrado tres veces Fiscal de la Nación, la última (diciembre 2023) solo por cuatro días. II.
Los fiscales Rafael Vela Barba y Marita Barreto Rivera, coordinadores de los equipos especiales Lava Jato y Eficcop que, se supone, fueron creados para luchar contra la corrupción del más alto nivel, el de la clase dirigente del país, han adquirido casas avaluadas en medio millón de dólares sin explicar coherentemente, hasta ahora, cómo financiaron ese ostentoso patrimonio inmobiliario. Y, lo más grave, nadie investiga el desproporcionado patrimonio de los todopoderosos fiscales. No se inició investigación de oficio ante tremenda noticia criminal, tampoco allanamiento de las fastuosas moradas, menos pedido de detención preliminar, como suelen hacer estos fiscales que ahora lucen intocables.
Es verdad que se ha iniciado una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Barreto, pero está tan lenta que su casa de Asia ha sido desmantelada tratando de ocultar los muebles y artefactos electrodomésticos de alta gama que presumía su propietaria. También le ha transferido como anticipo de legítima a su único hijo Jorge Solís Barreto.
En suma, el Ministerio Público se ha convertido en una institución poderosa, sin control real, en medio de una severa crisis institucional producto, entre otras cosas, de haber transformado a ciertos fiscales, algunos extremadamente mediocres e inescrupulosos, en reyezuelos que han politizado al extremo su función y creen estar encima de la ley. Con el aplauso, apoyo o por lo menos silencio cómplice de algunos medios y periodistas, sobre todo los que todavía forman parte del aleve “Club de la Filtración”.
QUIÉN CORTA EL JAMÓN EN EL MINISTERIO PÚBLICO
La Junta de Fiscales Supremos (JFS), máximo órgano de control de la institución, según su vieja y obsoleta Ley Orgánica (1981), originalmente tenía seis integrantes. Con la creación de la Autoridad Nacional de Control (ANC), la plaza que siempre era para el fiscal supremo de control interno se fue a la nueva ANC. Ahora, esa Junta está conformada por cinco fiscales supremos titulares. En estos días de severa crisis, la JFS está incompleta, tiene cuatro integrantes, una plaza titular está vacante. Así las cosas, para todo efecto práctico, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos son los que gobiernan en la sombra. Todo indica que le dieron su decisivo voto a Delia Espinoza para hacerla Fiscal de la Nación a cambio de pedidos concretos.
Sánchez exigió que se le archiven las denuncias penales que arrastraba por haberse entrometido ilegalmente en una diligencia de exhibición, que realizaba en la redacción de IDL-Reporteros el fiscal adjunto Rodrigo Rurush Castillo en 2018, ordenándole que la suspenda a pedido de Gustavo Gorriti. Y una segunda investigación penal, conocida como el “Caso Chisac”, por la contratación de una empresa de relaciones públicas para socializar con la prensa el trabajo del Equipo Especial Lava Jato cuando la institución tiene toda una gerencia de comunicaciones para ese menester. Delia Espinoza ha cumplido con su compromiso archivando ambas investigaciones penales con argumentos jurídicos endebles, contradictorios e insuficientes.
Por su parte, Zoraida Ávalos exigió que fiscales y funcionarios de su absoluta confianza asuman los cargos más importantes en el organigrama del Ministerio Público. Así, Ana María Velarde Roa, que fue la secretaria general en su gestión ha vuelto al mismo puesto. La fiscal Fanny Quispe Farfán, de extrema confianza de Ávalos, ascendida a fiscal superior por la anterior JNJ, ostenta un cargo tan grande como su poder real: coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, jefa de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y coordinadora del Despacho de la Fiscalía de la Nación ante la Sección de Asuntos para Narcóticos (NAS) y DEA de la embajada de Estados Unidos y demás organismos vinculados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
Quizá por ese poder fáctico que ostentan tanto Pablo Sánchez como Zoraida Ávalos en la JFS es que Delia Espinoza presentó pedidos risibles ante el juez supremo Juan Carlos Checkley para que sean “suspendidos en su función” Tomás Gálvez Villegas y Luis Arce Córdova, dos fiscales supremos destituidos por la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ) recientemente repuestos por sentencias del Tribunal Constitucional y un juzgado constitucional, pero que todavía no han asumido función alguna. La resolución del juez Checkley, resolviendo en contra del pedido fiscal en el caso de Tomás Gálvez, demuestra que Delia Espinoza está dispuesta a firmar cualquier mamarracho jurídico para no perturbar al poder que la sostiene.
LAS MOVIDAS QUE SE VIENEN
El precario equilibrio que mantiene a Delia Espinoza en la Junta de Fiscales Supremos tiene fecha de caducidad. Abortada su maniobra ante el juez Checkley, en los próximos días Tomás Gálvez debe ser repuesto por la JNJ acatando la sentencia del Tribunal Constitucional. Los sesudos asesores de la Fiscal de la Naciòn le han recomendado que lo destierre como representante de la institución ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como lo hizo con ella Patricia Benavides.
Una posición que lo mantendría en la congeladora institucional. Lo que no han advertido estas eximias juristas es que la Ley Orgánica del JNE (Ley N° 26486) establece, en su artículo 12 inciso C, que están impedidos de formar el pleno del JNE aquellos ciudadanos que, perteneciendo a un partido político en los cuatro últimos años, hayan desempeñado cargos directivos en ellos. Es el caso de Gálvez, quien hasta la semana pasada tenía pretensiones de postularse a la presidencia de la república como líder del partido Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!.
A la Fiscal de la Nación no le quedará más opción que designar al restituido Tomás Aladino Gálvez Villegas como titular de alguna de las dos fiscalías penales supremas ahora a cargo de los fiscales supremos provisionales Alcides Chinchay Castillo y José Timarchi Meléndez. El problema para el establishment es que ambos despachos tienen a su cargo serias y graves investigaciones penales contra los emblemáticos y cuestionados fiscales Rafael Vela y Marita Barreto hasta ahora protegidos por el statu quo institucional.
El regreso de Patricia Benavides no es una posibilidad descabellada. Esta semana la JNJ ha anulado una de sus dos destituciones y, la otra –referida al abrupto cambio de la fiscal Betsabeth Corrales Revilla, quien investigaba a la hermana de la entonces Fiscal de la Nación, la jueza Enma Benavides– está al voto y, según fuentes bien informadas de la JNJ, hay posibilidades ciertas que también sea anulada y solo sancionada por 60 días de suspensión, castigo que ya habría cumplido, dejando expedito su regreso.
El problema es que solo hay una vacante en la JFS. Además, la JNJ tiene en marcha un concurso público para nombrar a un nuevo fiscal supremo. Dos fiscales supremos provisionales están hasta ahora en el primer y segundo lugar, Alcides Chinchay y Rosario López Wong, esta última muy cercana a Espinoza. Con el inminente regreso de Tomás Gálvez este concurso quedaría en suspenso y la correlación de fuerzas al interior de una fiscalía, en profunda y endémica crisis, provocaría un movimiento telúrico de consecuencias impredecibles. A no ser que se decida ampliar las plazas de fiscales supremas como parte de un plan de reforma alentado por el Congreso o la Junta Nacional de Justicia.
Pero, al margen de las vendettas intestinas, el problema de fondo sigue vigente: cómo reformamos una institución que se ha salido de control con un poder omnímodo. Y un nivel cada vez más paupérrimo de fiscales. Marita Barreto es el emblema de la degradación profunda de la institución. Pero sigue siendo una de las intocables.
*Autor del libro “El perfil del Lagarto”.
