Pedro Pablo Kuczynski cumplirá en octubre 87 años. Es investigado por delito de lavado de activos, y el sábado 7 de junio estuvo a punto de salir del Perú con destino a los Estados Unidos para unos chequeos médicos y visitas familiares. El 29 de mayo la jueza Margarita Salcedo había levantado todas las medidas restrictivas en su contra, aplicando la ley 32130 que equipara en 36 meses, los plazos de la comparecencia con restricciones con los de la prisión preventiva.
En el caso del expresidente ese plazo venció la quincena de marzo y estaba listo para viajar, pero no tomó en cuenta la tradicional lentitud judicial. En los registros de migraciones, aún aparecía en su contra una orden de impedimento de salida del país. La decisión que la dejaba sin efecto no había sido notificada.
Luego, con una velocidad poco antes vista y la intervención directa del presidente del Consejo de ministros, Eduardo Arana, reconocida por él mismo, se adelantó una audiencia para el domingo 8; donde la misma Margarita Salcedo dictó a PPK 18 meses de impedimento de salida del país. La discusión jurídica sobre si es válido volver a imponer restricciones si estas ya habían sido levantadas la dejamos para después, pero si el expresidente hubiese salido del Perú hoy estaríamos en el clásico juego de buscar culpables.
El abogado del expresidente, Julio Midolo, anunció que se está evaluando interponer una denuncia constitucional contra el premier Eduardo Arana por su “injerencia indebida” en el caso.
