El año 1984 marcó un punto de quiebre en la guerra interna. A cuatro años del inicio de la violencia senderista, el conflicto se adentró en una espiral de brutalidad sin tregua. En sus páginas, CARETAS registró con crudeza –y sin concesiones– los crímenes de Sendero Luminoso, pero también los excesos cometidos por las fuerzas del orden, especialmente por la infantería de Marina desplegada en Ayacucho desde el año anterior. Fue el año más letal del conflicto, con más de cuatro mil muertos, y la revista fue testigo incómoda y tenaz.

La cobertura del año se inauguró con el estallido: 23 torres eléctricas voladas por Sendero Luminoso dejaron sin luz a nueve ciudades, en una clara demostración de su capacidad destructiva, que fue cultivada a partir de la minería, nada menos. En 1983, contabilizó la revista, fueron robados 75 553 cartuchos de dinamita, 5805 fulminantes y 6480 mechas. “La fuente de la que conseguían la totalidad de sus explosivos”.

Los atentados no se limitaban a Lima y Ayacucho. Otras regiones ya se habían convertido en sufridos objetivos de los terroristas. En julio asesinaron al alcalde de Huancayo, Saúl Muñoz Menacho, mientras hacía sus ejercicios matutinos. El daño se multiplicaba para los más pobres: “Levantar una torre en la serranía de Huancavelica –condiciones accidentadas de terreno, problemas de abastecimientos, lluvias o tormentas de granizo, 3800 metros de altura y temperatura de 0 a 8 grados– requiere de un mínimo de 15 obreros trabajando en jornadas de 10 horas durante aproximadamente 10 días”.

Y el editorial del nueve de enero planteaba ya una advertencia sobre la estrategia oficial:
“La experiencia de un año ha demostrado la insuficiencia de las medidas puramente militares y policiales para un tipo de conflicto que es esencialmente político y solo en segundo plano militar”.

La publicación advirtió que el combate contrasubversivo requería una dimensión mucho más profunda: la recuperación del Estado en sus funciones básicas. Un diagnóstico que anticipaba lo que estaba por venir.

Al mismo tiempo se hacían escuchar cada vez más las voces que sugerían soluciones autoritarias a partir de una guerra abierta contra el gobierno de Fernando Belaúnde, apenas cuatro años después del final de la dictadura militar.

“Quienes, en la década pasada, sirviendo una dictadura, diseñaron y respaldaron un Estatuto de Prensa represivo que no permitía que al jefe de la junta se le tocara ni con el pétalo de una pluma, son hoy los más agraviantes plumíferos, editorializó la revista. “No importa. Eso es preferible a la tiranía. Las ratas terminan eventualmente, si se da tiempo a la institucionalidad de consolidarse, perdidas en las cloacas. Pero, cuidado”.

La democracia vivía amenazada no solo por el terror, sino por los espacios de liderazgo disputados entre civiles y militares. CARETAS insistía en la necesidad de una coordinación fluida entre los distintos actores. El sangriento viraje de ese 1984 retrató el drama.

CONSECUENCIAS DE UCHURACCAY

En 1984 también se conoció el informe de la Comisión presidida por Mario Vargas Llosa sobre la masacre de Uchuraccay. Ocho periodistas y su guía fueron asesinados por comuneros que los confundieron con senderistas. CARETAS recogió la visión del escritor sobre el debate en torno a la tragedia:
“Montan una campaña costosísima para demostrar que unos campesinos mataron porque estaban inducidos a matar. ¿Cuáles son las pruebas de eso?”

El informe concluía que no hubo participación militar en los hechos, pero sectores de la izquierda insistieron –con necedad, según la revista– en acusar al Ejército. En paralelo, sin embargo, CARETAS fue igualmente firme al denunciar las responsabilidades reales de las fuerzas armadas en otras masacres y ejecuciones extrajudiciales.

Uno de los episodios más atroces fue la masacre de Socos, donde 34 personas –incluidos mujeres y niños– fueron asesinadas. En agosto, tras el descubrimiento de la fosa de Pucayacu en Huanta con medio centenar de cadáveres, la revista alertó que “algo se ha desbocado en la lucha antisubversiva en los últimos dos meses, y si no lo paramos ahora terminará por desbarrancar al país”.

La infantería de Marina, otrora bien recibida, se convirtió en una fuerza temida. El caso del periodista Jaime Ayala y el asesinato de evangelistas marcaron ese viraje. Un informe de agosto subrayó que “hasta el año pasado, la infantería de marina era un modelo de confraternidad con las poblaciones de Huanta y Tambo. Ahora parece ser la tropa más temida y odiada de la región”.

VIRAJES Y RETROCESOS

El general Adrián Huamán Centeno, jefe político-militar de la zona de emergencia, ensayó un viraje al insistir en soluciones económicas y sociales antes que militares, y en investigar violaciones a los derechos humanos. Pero su destitución en septiembre, apenas meses después y en medio de abiertos desacuerdos con Belaúnde, confirmó el peso de los sectores más duros dentro del aparato militar.

Desde la trinchera editorial se insistía en que se buscaba instalar un falso dilema: “Nada, ni la pobreza ni el abismo social que persisten en nuestro país, pueden justificar el asesinato a sangre fría o la demolición demencial de los modestos logros de nuestro desarrollo… (pero también) CARETAS ha exigido que se investiguen los sistemas contrainsurgentes utilizados en la provincia de La Mar, que se castiguen sus excesos y que se cumpla con la ley”. La admiración por el militarismo represivo argentino, expresada sin ambages por el ministro de Guerra, Luis Cisneros Vizquerra, marcaba la pauta.

El deterioro también se extendía al ámbito judicial. En septiembre fue absuelta Laura Zambrano Padilla, parte de la cúpula senderista, a pesar de su apología abierta del terrorismo durante el juicio. La revista lo advirtió con claridad:
“La falta de dureza por parte de la justicia, especialmente en casos de terrorismo, puede provocar una reacción negativa en las Fuerzas encargadas de su control, las que, en el peor de los casos, tendrían virtuales argumentos para justificar condenables excesos”.

LA OFENSIVA CONTINÚA

Sendero mantuvo su ofensiva. En octubre atentó contra la embajada de Estados Unidos. Ese mismo mes, el “nuevo” MRTA tomó las oficinas de UPI y AP en Lima. Por entonces, Manuel D’Ornellas fustigó en CARETAS a dirigentes de izquierda como Jorge del Prado y Javier Diez Canseco, que no deslindaron del nuevo grupo MRTA. A diferencia del rechazo frontal que Sendero profesaba por las dirigencias políticas de izquierda, las huestes de Víctor Polay eran un modelo más potable para la izquierda a la que le costaba abrazar los valores democráticos.

Además de un segundo grupo subversivo, se añadían otras amenazas contra la viabilidad misma del Estado. En noviembre, la revista abordó una nueva dimensión del conflicto: el narcotráfico. “¿Narcos o terrucos?”, se preguntaba un reportaje desde el Huallaga.

“Enfrentar al narcotráfico es, sin duda, en el Huallaga Central más complicado que enfrentar a Sendero. Requiere la decisión política del gobierno, colaboración internacional y una abundancia de medios”.

En diciembre, nada menos que la alcaldesa de Huamanga, Leonor Zamora, ofreció declaraciones que transmitían el grado de polarización que atizaba el fuego. “El gobierno llama, y persiste en llamar a esas personas que se han levantado en armas, delincuentes subversivos, terroristas”, respondió a Gustavo Gorriti. “Yo no creo que esa deba ser la categoría que se les dé.

Para mí ese movimiento de Sendero Luminoso es un movimiento político, que obedece a una situación de miseria, pobreza, y del sistema social en el que vivimos. El término apropiado debe ser guerrilleros. Un grupo armado que se levanta contra el Estado, contra el responsable de lo que vivimos”.

Siete años más tarde, Zamora fue asesinada a plena luz del día por un miembro de inteligencia del Ejército.