La visita de Michael Caputo a Manchay fue más que una anécdota colorida. Aunque bailó huayno en medio del polvo, el exasesor de Donald Trump no vino solo a zapatear. Invitado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, Caputo participó de una actividad pública del programa “Agua de Emergencia”. Pero su presencia revela una conexión más profunda entre el movimiento de López Aliaga y el ala dura del Partido Republicano estadounidense. Caputo no es un asesor cualquiera.
Fue portavoz del Departamento de Salud durante el gobierno de Trump, donde protagonizó polémicas al acusar a científicos del gobierno de “sedición” y promover teorías conspirativas sobre la pandemia. También fue parte del círculo duro que orquestó la estrategia comunicacional de Trump en 2016 y 2020. Se define como un “smashmouth politician”, el tipo de operador que, según sus propias palabras, “contratas cuando estás en guerra”.
La guerra de Caputo continúa. Según reveló The New York Times en abril de este año, ha sido contratado como asesor por Ed Martin, el fiscal interino en Washington D.C. nombrado por Trump, criticado por usar su oficina para perseguir a opositores del expresidente. Caputo, que mantiene “profundas conexiones” con el universo republicano, ha sido fichado para manejar relaciones con medios y grupos conservadores, y apoyar la confirmación del propio Martin en el Senado. “Conoce a Trump desde hace más de 40 años”, declaró Martin. “Es un gran luchador”.
Su regreso a la arena política ocurre luego de una etapa de retiro forzado. En 2021, Caputo fue diagnosticado con un cáncer agresivo que lo llevó a una transformación personal y espiritual. “No fue la política lo que me salvó, fue la fe”, dijo en una entrevista con Político. Se enroló en estudios de teología y dejó temporalmente los combates mediáticos.
Esa reconversión religiosa tiene ecos notables con la narrativa de López Aliaga, cuya campaña de 2021 combinó propuestas ultraconservadoras con rituales de expiación y misticismo público. Ambos, en fondo y forma, parecen compartir la idea del poder como cruzada moral.
La visita de Caputo no fue aislada. Coincidió con la nominación de Bernie Navarro como embajador de EE.UU. en el Perú. Navarro, sin experiencia diplomática, tiene estrechos vínculos con el senador Marco Rubio, uno de los republicanos más activos en América Latina. Fue un importante financiador de su campaña y protagonista de polémicas durante el reparto de fondos de ayuda en la pandemia. El hecho de que Caputo y Navarro –dos operadores políticos del trumpismo– hayan llegado a Lima en un margen de semanas sugiere algo más que coincidencia.
La reciente llegada del primer lote de trenes eléctricos gestionados por la administración de López Aliaga, prevista para el 12 de julio, añade un componente simbólico. A pesar de los múltiples cuestionamientos legales y técnicos sobre la viabilidad del proyecto, el alcalde insiste en que es el inicio de la modernización del transporte limeño. Ha llamado a los convoyes el “tren de la fe”. Y si puede asociarse a aliados extranjeros, tanto mejor. Hasta hace poco, la relación entre Lima y Washington se movía en el eje del pragmatismo. Pero con la aparición de figuras como Navarro y Caputo, y la sintonía declarada de López Aliaga con el trumpismo internacional, lo que se perfila es otra cosa: una alianza política y religiosa, una plataforma ideológica transnacional. ¿Estamos frente a un nuevo eje Lima-Miami? ¿Podrá López Aliaga capitalizar ese guiño en las elecciones de 2026?
¿SE BAJÓ FERROVÍAS?
Uno de los primeros y más entusiastas promotores del proyecto de trenes donados por una empresa californiana fue Juan de Dios Olaechea, presidente ejecutivo del Ferrocarril Central Andino (FCCA). En su momento, Olaechea no solo facilitó la recepción de la donación, sino que calificó el anuncio de Rafael López Aliaga como un “gol de media cancha”, asegurando que las locomotoras y vagones podrían estar operativos “en 18 meses”. Sin embargo, en los últimos meses se ha mantenido en silencio, y quien ha tomado la palabra es su gerente general, Jaime Blanco Ravina, con un tono mucho más cauto.
En una carta fechada el 7 de julio, dirigida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ferrovías Central Andina S.A. advirtió que no podía movilizar el primer lote de 54 unidades -coches y locomotoras– sin que se emitan previamente los Certificados de Habilitación Ferroviaria, en cumplimiento del Reglamento Nacional de Ferrocarriles. El documento incluso califica como “infracción muy grave” cualquier operación sin dichas autorizaciones. Además, la concesionaria dejó claro que no cuenta con personal ni equipos para trasladar trenes y que solo puede ofrecer almacenamiento temporal en Monserrate, bajo total responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
“No existe físicamente posibilidad de almacenar material rodante adicional”, subrayaron en alusión al segundo embarque que, según la MML, llegaría poco después del primer lote, previsto para este sábado 12 de julio. La respuesta encendió las alarmas: ¿se estaba desmarcando Ferrovías del proyecto? ¿Se abría una grieta con la Municipalidad? ¿Dónde quedó el respaldo inicial de Olaechea? Sin embargo, el MTC salió al frente. En una respuesta oficial publicada este 8 de julio, el Ministerio descartó que se necesiten nuevos certificados para el simple traslado de los trenes, y aseguró que la operación puede realizarse si se ejecuta como movimiento interno de material donado, sin prestación de servicio ferroviario. “El traslado no requiere una habilitación adicional mientras no se use el tren para transportar pasajeros”, precisó el sector.
La luz verde del MTC matiza, pero no anula, la señal de repliegue de Ferrovías. Porque más allá de los aspectos normativos, lo que se percibe es un cambio de actitud. Lo que antes fue celebrado como una cruzada ferroviaria con respaldo privado y entusiasmo político, ahora luce como una empresa pública en solitario, enfrentando reparos técnicos, restricciones logísticas y una relación menos fluida con su operador concesionario. La ausencia prolongada de Olaechea también es elocuente. Su silencio contrasta con el despliegue inicial y deja flotando una duda incómoda: ¿sigue el presidente del FCCA creyendo en el “tren de la fe”?
PORKY VS. GAGÓ
El alcalde soñaba con una “marcha blanca” para Fiestas Patrias (CARETAS 2728) lo que resulta prácticamente imposible. Porky gestionó personalmente la donación de los trenes, sin competencias ferroviarias (aunque defiende su convenio marco) y ahora su plan depende de la ATU y del propio Ministerio, liderado por un militante de Alianza para el Progreso de César Acuña, rival político del alcalde. El episodio le ha sumado frentes. En mayo, el JNE admitió a trámite un pedido de vacancia contra el teniente alcalde Renzo Reggiardo y otros 20 regidores de la Municipalidad de Lima por supuestas irregularidades en el trámite de aceptación de los trenes. La solicitud la presentó un ciudadano, pero la sustentó el segundo regidor, Julio Gagó, hoy enemigo declarado de López Aliaga, pese a haber sido uno de sus aliados iniciales. La ruptura se dio al poco de iniciada la gestión. El asunto es delicado.
Si el pedido de vacancia prospera y Reggiardo es retirado del cargo, Gagó queda en línea directa de sucesión. Es decir, si Porky se lanza a la presidencia en 2026, podría dejarle la alcaldía a un exaliado devenido en adversario. Eso sin contar los problemas estructurales de su propia organización política. Una llamada del secretario general de Avanza País, Martín Barrantes, a Fabiola Morales para tantear una posible alianza electoral, reveló que Renovación Popular ni siquiera tiene sus papeles en orden ante el ROP. Norma Yarrow figura como secretaria general, pero los estatutos no han sido adecuados, el comité nacional no existe, no hay comité electoral, y el propio López Aliaga no figura como presidente del partido. En buen romance: no puede hacer alianzas, ni formalizar su candidatura, hasta poner en regla su casa. Ahora Porky enfrenta su prueba más dura: sobrevivir su propia gestión.
Brookfield y el otro republicano
López Aliaga ha intensificado su ofensiva contra Brookfield, una de las principales firmas de inversión en infraestructura, escalando una disputa legal que ha generado repercusiones en Washington. La Municipalidad de Lima, bajo su mando, acusa públicamente a Brookfield de estar bajo investigación federal, una afirmación calificada de falsa y «destinada a difamar» por Connie Mack IV, excongresista republicano y asesor de Brookfield, en una carta que representa una fuerte señal de rechazo dentro de otro del círculo del llamado GOP. Mack –chair del subcomité del Hemisferio Occidental entre 2009 y 2013 y cercano a Trump– cuestionó directamente al alcalde: “López Aliaga parece estar alimentando especulación infundada… Brookfield no está bajo investigación”. Hay que recordar, por otro lado, que el actual primer ministro canadiense Mark Carney fue el número dos de Brookfield entre 2020 y 2025. La brutal muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal puede ser un golpe en la línea de flotación de lo que más necesita López Aliaga: una sentencia que vincule los dineros de campaña brasileños con actos de corrupción en torno a los peajes. El alcalde enfrenta un escenario jurídico complejo: con laudos firmes que ya lo obligan a pagar, una demanda multimillonaria en trámite, y una estrategia defensiva que involucra tanto a tribunales nacionales como extranjeros.
