OTRA FORMA DE CORRUPCIÓN
En su última columna de opinión en El Comercio, el periodista Ricardo Uceda ha llamado “otra forma de corrupción” a la práctica perniciosa, recurrente e irresponsable de un sector de fiscales que, en los últimos años, ha hecho uso y abuso de un poder fáctico y lo suficientemente descontrolado como para convertirse ellos, que debieran ser los defensores de la legalidad, en un peligro para el Estado de derecho. Uceda –al que no se le podría calificar ni de anti “caviar”, ni de radical de derecha o lo que Juan Carlos Tafur ha dado en llamar la DBA– se refiere a esta nociva práctica de armar “muñecos” a gusto de ciertos fiscales, que son los que controlan los instrumentos de la denuncia. Hay varios casos armados sobre premisas insuficientes o falsas, con el único objetivo de proteger los intereses de estos fiscales o, lo que es peor, para vengarse de abogados, sus colegas magistrados o periodistas que los critican o los ponen en evidencia en su ineficiente trabajo o en su súbito incremento patrimonial que no guarda ninguna relación con sus sueldos. Es el uso de la función fiscal como una chaveta para lacerar la reputación de sus detractores o poner en riesgo su patrimonio y hasta la libertad.
LOS DEMONIOS DE DELIA
Delia Espinoza Valenzuela ha convertido a la Fiscalía de la Nación en un despacho donde se urden denuncias o disposiciones que tienen dos características principales: 1. Están mal planteadas desde la técnica y dogmática del Derecho Penal o la arquitectura legal administrativa. 2. Los directamente involucrados en estas decisiones, que llevan la firma y sello de la Fiscal de la Nación, son personas de las que Espinoza se siente amenazada, emplazada o investigada. Como si su función, liderando al Ministerio Público, fuera la de una jugadora compulsiva de ajedrez que juega a adelantarse a hechos o decisiones administrativas o jurisdiccionales que tocan sus intereses, más que a la institucionalidad del organismo autónomo que lidera.
Algunos ejemplos de este patrón son los pedidos que presentó a la Corte Suprema para que suspendieran en sus funciones a sus colegas, los fiscales supremos Tomás Gálvez, Carlos Arce y Patricia Benavides. El pequeño detalle es que ninguno de los tres estaba en funciones y sus carpetas fiscales tampoco estaban bajo su jurisdicción, pues las respectivas denuncias constitucionales yacían en manos de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Los tres casos fueron resueltos, en primera instancia, por tres jueces supremos provisionales. El pedido contra Gálvez lo resolvió Juan Carlos Checkley Soria declarándolo improcedente en un control básico de legalidad. Para el caso de Arce la causa fue a parar al despacho de Saúl Peña Farfán, recordado juez anticorrupción en los años siguientes al fujimorato, quién también resolvió de acuerdo a derecho, declarando de igual manera improcedente el pedido de Espinoza. Sin embargo, cuando el pedido de una medida cautelar para suspender en sus funciones de fiscal suprema a Patricia Benavides llegó a la Corte Suprema, la Junta Nacional de Justica (JNJ) acababa de reponerla en el cargo de Fiscal de la Nación y Delia Espinoza se negó a acatar la decisión de la JNJ, resistiendo la medida con velas y vigilia, acompañada del personal de su mayor confianza. Este caso fue a parar al juez Segismundo León Velasco, quien en pocas horas redactó una cuestionada resolución de 53 páginas que suspende en sus funciones a Benavides por 24 meses. Decisión que ella ha apelado y que este 30 de julio deberá ser revisada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que preside César San Martín. Todos los juristas serios dan por descontado que la medida será revertida. Si fuera así, Patricia Benavides estaría de regreso como fiscal suprema e integrante de la Junta de Fiscales Supremos. Lo sintomático de la actuación de Espinoza es que acaba de presentar una denuncia constitucional contra Juan Carlos Checkley por un caso que, en su momento, la JNJ desestimó con argumentos contundentes.
Lo increíble es que la máxima autoridad de la fiscalía debiera saber que un juez supremo provisional no es aforado. Es decir, no necesita hacerle una denuncia constitucional para revivirle una denuncia archivada, si ese era su propósito. ¿Qué busca la Fiscal de la Nación al resucitar erráticamente esta denuncia contra el juez supremo que le ha rechazado todos sus pedidos sin sustento? En la Corte Suprema consideran que pretende dar un mensaje a los jueces que en el futuro resolverán sus causas.
LA INSOPORTABLE LEVEDAD DE JOSÉ DOMINGO
El más histriónico de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato arremete contra todos los que osen fiscalizarlo, investigarlo o criticar su paupérrima actuación en casos emblemáticos como “Cócteles”, que llevó a prisión por tres veces a Keiko Fujimori, o “Chalinas Verdes”, donde la principal protagonista es la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán. Suele victimizarse, decir que está en marcha una inmisericorde campaña para desprestigiarlo, acusarlo de varios delitos o, incluso, amenazar su integridad física.
No sorprendió que se presentara al juicio oral con un chaleco antibalas visible para los incrédulos. Tampoco sorprende que no tenga el menor reparo en disparar como mono con metralleta para defenderse. Cuando lo empezó a investigar la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) salió desaforado a exigir que Delia Espinoza destituya a Juan Antonio Fernández Jerí, sin reparar que, según la reforma aprobada en el gobierno de Vizcarra, el jefe de la ANC no depende de la Fiscalía de la Nación, es nombrado, ratificado o destituido por la JNJ. Cuando Delia Espinoza aprobó que el fiscal superior Reggis Oliver Chávez Sánchez continúe investigándolo por presunto enriquecimiento ilícito la calificó de “Blanca Nélida Colán 2.0”. Después se ha ofrecido como supuesto testigo en una investigación abierta contra Chávez Sánchez por una declaración no corroborada de Jaime Villanueva.
Su solicitud ha sido rechazada por una fiscalía penal suprema explicándole cosas básicas sobre la calidad de un testigo que, se supone, un fiscal titular debiera saber. Solo quería ser aceptado como “testigo” de algo que no le consta para después pedir que el fiscal se aparte del proceso por decoro. Y, cuando la prensa lo espera en la puerta de su departamento, en la vía pública, para hacerle preguntas válidas sobre su trabajo, el fiscal Pérez denuncia a los periodistas de un supuesto acoso. El fiscal se cree intocable.
LA FURIA DE MARITA
La que sí ha sobrepasado con creces en el uso de su poder como fiscal para vengarse de los periodistas –que hemos investigado su actuación como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra el Poder (Eficcop)– es la fiscal provincial Marita Barreto Rivera. Y este columnista lo dice por experiencia propia. Desde que Contracorriente, el programa periodístico que dirijo en Willax TV, ha presentado investigaciones que pusieron en cuestión su formación jurídica, su probidad para el cargo y halló indicios más que razonables de su presunto enriquecimiento ilícito (como la casa de medio millón de dólares que se ha construido en Asia), Barreto nos ha puesto tres denuncias penales sin sustento alguno. La primera la hizo todavía como coordinador del Eficcop a través de su subordinada Naomi Bustillos Tamayo, quien nos inventó un supuesto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Los otros dos “muñecos penales” los urdió cuando estaba apartada cautelarmente de su función fiscal por nueve meses por decisión de la ANC. La última es delirante porque ha contado con la complicidad de un fiscal y un juez del subsistema de lucha contra la violencia a mujeres y grupo familiar. Para hacer esta denuncia surrealista Barreto ha inventado un nuevo género periodístico (el reportaje ilícito) y ha creado una nueva e ilegal fórmula para empapelar a los periodistas críticos de su gestión (la denuncia clandestina). Según la disposición del fiscal provincial Jordan Joffre Sendon Alba un grupo de cinco periodistas y tres abogados (Milagros Leiva, Augusto Thorndike, Carlos Paredes, Karina Aliaga y Marycielo del Castillo y Luis Pacheco Mandujano, Miguel Girao Isidro y Rodolfo Orellana Ramos) somos una banda organizada para acosarla violentamente, al grado de provocarle graves daños psicológicos. Las reporteras Marycielo del Castillo y Karina Aliaga (aunque en su caso denunció a otra persona, a la enfermera jaujina Melissa Karina Aliaga López) que hicieron reportajes sobre su actuación como funcionaria pública, según el fiscal Sendon Alba, cometieron violencia contra la mujer. Lo increíble es que el fiscal de violencia contra la mujer no tiene competencia para investigar ni la supuesta violación de su domicilio (en el video donde muestra su casa de Asia para venderla ha quedado registrado que ella invita a pasar a la reportera) y menos banda criminal. Lo hizo a sabiendas y, por tanto, cometió delito de usurpación de funciones, tampoco notificó a ninguno de los ocho investigados, conducta que puede tipificarse como abuso de autoridad. El juez Erick Veramendi Flores, que de inmediato emitió el auto sobre “violencia contra la mujer”, ha repetido los argumentos risibles de la denunciante y de su colega cómplice Robinson Ronald Ramírez Aguirre al grado de involucrar en tres delitos graves a Melissa Karina Aliaga López, una persona que no tiene nada que ver con el periodismo, tampoco conoce a Barreto y menos la ha acosado de manera alguna. Ese es el rigor de la justicia de la ex coordinadora del Eficcop. El siguiente capítulo que anuncia Barreto es una campaña panfletaria de desprestigio personal a los periodistas que la pusieron en evidencia. Según fuentes cercanas al Eficcop, esta campaña pestilente se está armando con la participación de algunos policías de la Diviac que trabajaban bajo órdenes de Barreto. Creen, ilusamente, que esta manera de venganza y amedrentamiento con la prensa hará que no la investiguen más o que los graves cargos de enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración de justicia se desvanezcan. Nada más lejos de la verdad.
