Ji Wu Xiaodong, actor clave de la organización criminal Hostiles de la Amazonía y para quien la Fiscalía pide 23 años de cárcel, ingresó tres veces a Palacio de Gobierno pese a tener una orden de arresto domiciliario vigente. Mientras el presidente José Jerí brinda excusas inverosímiles sobre cenas en chifas y barreras idiomáticas, el escándalo desnuda cómo la mafia de la madera ilegal se sienta a la mesa del poder.
Lo que comenzó como una anécdota gastronómica —una supuesta cena informal en un chifa de San Borja con parte de su equipo de seguridad en diciembre pasado— se ha transformado en una pesadilla política para el presidente interino José Jerí. La narrativa oficial, que intentó minimizar los encuentros con ciudadanos chinos bajo el pretexto de la casualidad, se ha desmoronado ante la contundencia de los registros oficiales y la gravedad de los antecedentes penales de sus interlocutores.
No fue solo un arroz chaufa. El mandatario sostuvo reuniones reiteradas con empresarios asiáticos, pero hay un nombre que resalta con la estridencia de una motosierra en el silencio de la selva: Ji Wu Xiaodong. Este empresario no es un inversor cualquiera; es un investigado por crimen organizado, acusado de ser el engranaje financiero y político de la red Los Hostiles de la Amazonía. Pero el escándalo no termina en videos de cámaras de seguridad. Lo inaudito es que Ji Wu Xiaodong visitó Palacio de Gobierno en tres oportunidades, paseándose por la Casa de Pizarro con total libertad, mientras sobre su cabeza pesaba una orden de arresto domiciliario por 24 meses que ninguna autoridad se animó a ejecutar.
CUENTOS CHINOS
La defensa presidencial hace agua. José Jerí intentó justificar la presencia y cercanía con Ji Wu alegando que el empresario “habla poco español”, pintando la imagen de un extranjero despistado que requería asistencia. Sin embargo, la realidad documental es otra: Ji Wu figura registrado como traductor público. La contradicción es flagrante y sugiere que la barrera idiomática es solo una cortina de humo para ocultar la naturaleza de las conversaciones.
Los registros de transparencia de la Presidencia son el otro clavo en el ataúd de la versión del “encuentro casual”. Ji Wu no entró a saludar. Sus ingresos fueron consignados formalmente como “reuniones de trabajo”. La primera visita ocurrió el 12 de diciembre de 2025, cuando fue recibido por Mirelia Liz Cano, de la Subsecretaría de Comunicación Estratégica, en un encuentro que se prolongó por horas. Apenas dos semanas después, el 29 de diciembre, retornó para despachar con Johanna Ocampo Santos, jefa de prensa. Y para cerrar el ciclo de impunidad, el pasado 5 de enero de 2026, volvió a ser recibido en la sede del Ejecutivo. Tres visitas en menos de un mes, en las narices de la seguridad del Estado y burlando una orden de detención.
ARRESTO DE PAPEL
¿Cómo un hombre con orden de captura domiciliaria pudo entrar a la casa del jefe de Estado sin que salten las alarmas? Esa es la pregunta que la Justicia y el Ministerio del Interior no logran responder. El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Madre de Dios dispuso el arresto domiciliario por 24 meses, pero la medida se mantuvo en un limbo operativo durante más de dos años. Ji Wu Xiaodong circuló por las calles de Lima con total ilegalidad y por los despachos más importantes del país junto con su socio y connacional Zhihua Yang, operando con la tranquilidad de quien se sabe intocable. Recién esta semana, tras el estallido mediático y la presión pública, el empresario ha sido recluido en su domicilio en Surco, según informa Infobae.
La justicia llegó, pero llegó tarde y mal, solo después de que el investigado ya había tenido acceso directo al despacho presidencial. El episodio expone una fragilidad alarmante en los filtros de inteligencia y seguridad de Palacio: o son incompetentes o son cómplices.
LA RED “YAYITA”
Para entender la gravedad de estas visitas, hay que mirar hacia Madre de Dios. La historia del caso Hostiles de la Amazonía se remonta a mayo de 2019, cuando la Fiscalía abrió la investigación preliminar N.º 3606015500-2019-88-0. Todo nació de una denuncia anónima ante la Policía Especializada contra la Corrupción, acompañada de un dossier de fotografías y documentos que apuntaban a una alianza podrida entre madereros y funcionarios.
La Fiscalía tuvo que pedir auxilio a la DIVIAC en Lima ante el riesgo de interferencia local. Lo que encontraron fue una estructura piramidal liderada presuntamente por Edith Huaricancha Arenas, alias “Yayita”. Esta red no operaba en las sombras, sino enquistada en el sistema. Lugartenientes, transportistas y burócratas formaban una cadena diseñada para el saqueo sistemático de recursos naturales.
Según la tesis fiscal, el esquema funcionaba a base de cohechos, regalos y favores. Funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, personal de la Dirección Forestal y efectivos policiales facilitaban permisos irregulares, liberaban cargamentos incautados y validaban guías de transporte falsas (“blanqueo” de madera). Es aquí donde entra el “huésped” de Palacio.
EL GESTOR DE INTERESES
Ji Wu Xiaodong no era un talador. Según la Fiscalía, fue el gestor de intereses con capacidad de influencia política. Junto con su socio Christian Stapelfeld Asayag, administraba operaciones vinculadas a concesiones, como EX MAPROIN y RODAL SEMILLERO. Su rol era coordinar la entrega de dádivas a autoridades regionales para obtener beneficios administrativos, como condonaciones de multas y autorizaciones para plantas de procesamiento.
De acuerdo con las diligencias fiscales, su labor consistía en asegurar cuotas de impunidad. Entre 2020 y 2021, su vivienda fue allanada en un megaoperativo que intervino 17 inmuebles. Hoy, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada pide para él 23 años de cárcel por cohecho, tráfico ilegal de madera y crimen organizado.
DEPREDACIÓN E IMPUNIDAD
Las cifras del daño ambiental son escalofriantes. Se estima que la red operó sobre unas 1200 hectáreas de bosque, una extensión superior a la de varios distritos de Lima juntos. La tala ilegal ha golpeado territorios de comunidades indígenas ashéninka, ashaninka y shipibo-conibo, destruyendo medios de subsistencia y biodiversidad.
El caso Hostiles de la Amazonía demuestra que el crimen ambiental no se queda en la selva; tiene tentáculos que llegan a la capital. El hecho de que Ji Wu, con una orden de detención ignorada y un pedido de prisión de dos décadas, haya sido tratado como un invitado VIP en Palacio envía un mensaje peligroso: en el Perú, la justicia puede dictar medidas, pero el poder decide quién las cumple.
La Fiscalía ahora evalúa la situación jurídica en los casos acumulados 10-2019 y 88-2019. Mientras tanto, el gobierno de Jerí queda marcado por la sospecha. ¿De qué hablaron en esas horas de reunión? ¿Por qué se permitió el ingreso de un procesado? Y, sobre todo, ¿cuántos otros “hostiles” tienen pase libre en los pasillos del poder? Por ahora, el silencio oficial y las excusas de los chifas solo alimentan la indignación ciudadana.




















