–El Tribunal Constitucional ha emitido recientemente sentencias que anulan actuaciones clave en el denominado caso “Los Waykis en la Sombra”. Usted estuvo con prisión preventiva. ¿Cómo recibe estas decisiones?
Las recibo con serenidad y con la satisfacción que produce ver que el máximo intérprete de la Constitución confirma que, en mi caso, se vulneraron derechos fundamentales. No se trata de una sola sentencia, sino de dos decisiones distintas pero convergentes.
La primera, un habeas corpus, declara que se afectó gravemente mi derecho a la defensa y a la doble instancia porque el juez se demoró 23 días en elevar una apelación que, por ley, debía remitirse en 24 horas cuando la persona está privada de libertad.
La segunda es un amparo que declara ilegal el allanamiento de mi estudio jurídico y establece que el fiscal que me investigaba no actuó con objetividad, pues dirigía una investigación en la que él mismo aparecía como presunto agraviado.
–¿Qué derechos considera usted que fueron afectados por las actuaciones del juez y del fiscal?
En el caso del juez, se afectó directamente mi libertad personal, mi derecho a la defensa y el debido proceso, en particular el derecho a que una decisión tan grave como la prisión preventiva sea revisada oportunamente por una instancia superior.
En el caso del fiscal, se vulneró el derecho al secreto profesional, porque se allanó mi estudio de abogados como si fuera mi vivienda, y el principio de objetividad exige que quien investiga no tenga interés personal en el resultado del proceso.
Más allá de lo jurídico, hubo un impacto humano profundo: mi familia y yo padecimos un daño moral muy serio, así como una afectación grave a mi honor y mi prestigio profesional construido durante 40 años.

–¿Cree usted que esta situación pudo evitarse?
Sí, sin duda. Esto revela fallas estructurales del sistema. Primero, en los filtros para el acceso y permanencia en cargos de alta responsabilidad judicial y fiscal. Segundo, en el control que deben ejercer los jueces sobre los requerimientos del Ministerio Público.
Cuando esos controles fallan, los ciudadanos terminamos recurriendo a la justicia constitucional. Y cuando incluso allí hay omisiones, la última esperanza es el Tribunal Constitucional, que ha cumplido su rol de garante de los derechos fundamentales.
–El juez Richard Concepción Carhuancho ha señalado públicamente que lo ocurrido fue un asunto administrativo. ¿Qué opina al respecto?
La sentencia del Tribunal Constitucional es clara: no se trata de un tema administrativo, sino de una vulneración concreta de derechos fundamentales. Tanto es así que el propio Tribunal ordena remitir copias del caso a la Junta Nacional de Justicia para que evalúe responsabilidades. Las explicaciones, por tanto, deben darse en las instancias institucionales correspondientes, no en los medios de comunicación.
–Respecto de la segunda sentencia, ¿por qué el Tribunal Constitucional concluye que el fiscal Carlos Ordaya no fue objetivo?
Porque un principio básico del Estado de derecho es que nadie puede investigar un hecho delictivo en el que aparece como presunto agraviado. La víctima no puede ser, al mismo tiempo, fiscal del caso. El Tribunal Constitucional establece que esa situación compromete la apariencia y el principio de objetividad, afectando la legitimidad de toda la investigación.
–Cuando fue detenido, usted habló de una “celada”. ¿A qué se refería exactamente?
Me refería a que mi detención no fue un acto aislado, sino parte de una estrategia orientada a presionarme. Desde el primer momento denuncié que se trataba de una emboscada y que, cuando se investigaran adecuadamente las comunicaciones entre ciertos funcionarios, esa verdad saldría a la luz. También denuncié la falta de objetividad del fiscal y de la unidad policial actuante, incluso mediante una carta manuscrita desde las celdas de la Prefectura, que sigue siendo pública en la cuenta X del estudio.
–¿Es cierto que se intentó presionarlo para que se acogiera a la colaboración eficaz?
Sí. Ese fue el objetivo real de mi detención preliminar. Se apostó a que, por mi estado de salud, cedería a esa presión, pero yo no cometí ningún delito para ser colaborador. Incluso la noche de mi detención se filtró falsamente que yo ya estaba colaborando, lo que fue desmentido de inmediato por mi abogado Eduardo Barriga. Todo ello configuró un operativo de presión mediática y psicológica que hoy, a la luz de las sentencias del Tribunal Constitucional, resulta aún más evidente.
–¿Evaluará acciones legales contra los responsables?
Lo estoy evaluando con prudencia. El ordenamiento jurídico prevé responsabilidades administrativas, penales y civiles cuando se vulneran derechos fundamentales.
Más allá de mi caso personal, considero indispensable que se investiguen prácticas institucionales que no deben repetirse en perjuicio de otros ciudadanos.
–Después de esta experiencia, ¿qué reformas cree usted que necesita el sistema de justicia?
Creo que el país debe abrir un debate serio sobre estos temas. Por ejemplo, la creación de una verdadera Escuela de la Magistratura, como existe en varios países europeos; una delimitación clara de las competencias en casos de criminalidad organizada en favor de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada; controles judiciales más efectivos de los requerimientos fiscales; de lege ferenda [de derecho futuro] un control judicial de la formalización de investigación preparatoria; y una reforma profunda del sistema de colaboración eficaz para evitar abusos. Son propuestas que exceden mi caso personal y que apuntan a fortalecer el Estado de derecho.



























































