Escribe: JUSTO CARBAJAL AGUIRRE

Con el pretexto de dar un “plazo de adecuación” el gobierno ha suspendido la medida de los chalecos obligatorios para motorizados. La norma, que ya fue publicada en El Peruano, exige, además, que recién la policía evalúe en 90 días si esta medida fue o no útil para mejorar las medidas de seguridad. O sea que una de las medidas más controversiales de los últimos años no fue analizada con la debida evidencia.

Como sabemos, la inseguridad ciudadana ha escalado tan fuertemente en la agenda pública que la sensación de indefensión frente al crimen común –asalto callejero, extorsión, sicariato, robos en tránsito– ha alcanzado niveles estratosféricos. Por ello implementaron el uso obligatorio de chalecos reflectantes con la placa del vehículo impresa a través del Decreto Supremo 004-2024-IN.

Supuestamente el plan era “identificar a los pasajeros y evitar que las motos sean usadas en actos delictivos”. El anuncio fue acompañado de la promesa de sanciones severas: multa de S/ 428 (8 % de una UIT) y retención del vehículo si no se cumplía.

El razonamiento detrás de la norma era, en principio, comprensible. Un alto número de delitos (desde robos a mano armada hasta asesinatos por encargo) son perpetrados en moto por su naturaleza ágil, discreta y rápida para huir con facilidad. Sin embargo, como suele ocurrir con políticas pensadas desde la inmediatez y no desde la evidencia, hizo que la medida se convierta en un símbolo del intento de recuperar el control de las calles.

EL FRACASO DE LA MEDIDA: CIFRAS, CASOS Y CONTRADICCIONES

A mediados de junio, cuando las críticas se intensificaron y los casos de delitos cometidos por sujetos que sí portaban chalecos comenzaron a difundirse en redes y medios, el Gobierno anunció que la medida quedaba suspendida por 60 días. “Estamos escuchando a los ciudadanos”, dijo el ministro del Interior en conferencia de prensa.

Pero lo que no dijo el ministro del Interior, Carlos Malaver, es que la medida, lejos de frenar el crimen, había generado una nueva capa de caos: gasto innecesario, informalidad, sanciones arbitrarias y una falsa sensación de seguridad que, al desaparecer, dejó al descubierto la improvisación del sistema.

Durante el primer mes de vigencia de la medida (del 22 de mayo al 20 de junio), diversas municipalidades y dependencias policiales comenzaron a reportar cifras que, lejos de confirmar la efectividad de la disposición, mostraban todo lo contrario. Según un informe de la Policía Nacional del Perú (PNP), se registraron más de 780 intervenciones policiales a motos en Lima Metropolitana, pero solo el 2 % de ellas terminó con detenciones efectivas por delito. Es decir, en más del 97 % de los casos, los motorizados eran ciudadanos regulares o trabajadores de delivery.

Simultáneamente, los índices de robo y asalto a mano armada no mostraron ninguna tendencia a la baja. Por el contrario, en distritos como San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Martín de Porres y Villa María del Triunfo –zonas con alto índice delictivo–, se reportaron hasta 12 asaltos por día a plena luz del día, muchos de ellos perpetrados desde motocicletas.

Además, el vacío normativo y la falta de fiscalización generaron una rápida reacción del mercado informal. Por ejemplo, en menos de una semana, Gamarra, Las Malvinas y otras zonas comerciales comenzaron a ofrecer chalecos con impresión personalizada de placas por precios que iban de los S/ 10 a S/ 25. No se requería verificación alguna. Basta con indicar una placa –propia o inventada– para que el vendedor entregue un chaleco “reglamentario”.

El costo oculto de una medida mal diseñada fue grande. Y es que obligó a las empresas a adaptarse repentinamente. Tanto las grandes empresas de reparto como para los motorizados independientes que constituyen el eslabón más visible y vulnerable de la cadena logística. En un país donde más de medio millón de personas viven directamente del transporte ligero en moto (entre delivery, courier, mototaxis y mensajería) cualquier medida que modifique la operatividad de este sistema tiene consecuencias inmediatas.

Tras el anuncio de la norma en abril, las empresas se vieron obligadas a adaptar sus procesos con urgencia. Si bien algunas ya empleaban chalecos reflectantes como parte del uniforme estándar con nombre visible de la empresa, placa impresa en el frente y reverso, color fosforescente y material reflectante de alta visibilidad. Esto obligó a muchas compañías a reimprimir miles de chalecos, ajustar los contratos de trabajo temporal e implementar protocolos nuevos para controlar y entregar los elementos de protección individual. En promedio, cada chaleco rediseñado costaba entre S/ 40 y S/ 60, lo que, multiplicado por flotas de entre 1000 y 5000 motociclistas, representa inversiones cuantiosas.

Además, lo más importante: la norma implicaba un nuevo control de stock logístico. Es decir, que los chalecos debían estar vinculados a una placa y a un conductor específico. Esto generó complicaciones adicionales en empresas que trabajan con modelos flexibles de contratación, donde un mismo motociclista puede usar vehículos distintos dependiendo del día, el turno o la necesidad. Se nota que los que dieron dicha disposición no tenían ni idea de cómo funciona el sector.

Empresas formales de courier se vieron afectadas a través de sus empresas de terceros motorizados, quienes debieron actualizar sus chalecos o arriesgar multas que interrumpieran el flujo de entregas. Esto generó demoras en entregas de “última milla”. Y, en algunos casos, renegociación de condiciones contractuales.

POLÍTICAS SIN EFECTOS

Detrás de cada medida mal diseñada, no hay solo una ineficiencia administrativa: hay historias de vidas impactadas, de recursos desperdiciados, de confianza rota. La norma del chaleco con placa impuesta a motorizados en el Perú ha sido más que un símbolo de descoordinación: ha sido una herida abierta en la relación entre el ciudadano común y el aparato estatal.

Por ejemplo, los motociclistas independientes no tuvieron apoyo logístico ni económico. Para ellos, el costo del chaleco recayó enteramente sobre sus espaldas. Recordemos que en los primeros días el precio del chaleco llegó a S/ 85 por unidad. A ello se sumó el riesgo de ser detenidos o multados mientras hacían filas para imprimir sus chalecos. Una cadena absurda de sanciones: multarlos por no tener lo que estaban yendo a buscar.

Además, es preciso mencionar la carga emocional y simbólica que cayó frente al trabajador. Un mensaje implícito que dice: “El Estado no confía en ti, a menos que te uniformes”. Esto genera resentimiento, desafección y desapego cívico en miles de ciudadanos decentes. El chaleco obligatorio fue una medida corta, ineficaz y costosa que no redujo los delitos, pero sí aumentó los gastos y la frustración ciudadana. Su fracaso debería servir como lección.