En la mañana del miércoles 15, el juez Fernando Valdez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país contra la vacada expresidenta Dina Boluarte. El pedido lo había hecho el fiscal de lavado de activos Ángel Astocondor en el caso etiquetado como “Dinámicos del Centro”, que no es otra cosa que la carpeta fiscal que investiga el financiamiento sospechoso de la campaña de Perú Libre en 2021. Según el magistrado Valdez, no se puede considerar en lo que va de la investigación un grado de sospecha simple ni en el delito de crimen organizado porque no cumple el requisito de más de dos presuntos integrantes. Tampoco en lavado de activos porque no se ha probado que el origen del dinero sea ilícito ni sobre su retorno a los aportantes, ya que todo fue transferido a las cuentas de Vladimir Cerrón.
Pero, este es solo un incidente en la larga lista de investigaciones acumuladas por Dina Boluarte que suman hasta 29 investigaciones fiscales por diversos supuestos delitos, la mayoría perpetrados en los casi tres años que ocupó la presidencia de la República. La investigación más grave es la que le imputa autoría mediata por la muerte de 49 personas, atribuidas al exceso de la fuerza de soldados y policías a finales de 2022 e inicios de 2023. Las otras denuncias emblemáticas, de su paso por el poder, están referidas a los relojes Rolex entregados por el gobernador de Ayacucho, su “wayki” Wilfredo Oscorima, a cambio de darle mayor presupuesto a su región. Sus operaciones estéticas en la clínica Cabani donde habría hecho abandono de cargo cuando fue sedada para que le arreglen la nariz y le quiten las arrugas e imperfecciones de la cara. También cómo habría pagado esas operaciones estéticas que, según su asistenta Patricia Moriano, lo hizo entregando a allegados del médico puestos clave de la administración pública, como la presidencia ejecutiva de EsSalud y la presidencia del directorio de Sedapal.
Boluarte y sus abogados tendrán ardua tarea en los próximos meses, en los que, la primera mujer en llegar a la presidencia de la República, deberá responder a las investigaciones penales originadas en el ejercicio del poder que heredó después del fallido autogolpe de Pedro Castillo.
