Por: LUIS MIGUEL IGLESIAS LEÓN
El pasado 14 de julio, y luego de varios días de bloqueos de carreteras que pusieron en jaque al gobierno, la presidenta Dina Boluarte instaló una mesa técnica de trabajo para revisar el proceso de formalización minera que incluye no solo a los sectores competentes del Estado y gremios empresariales mineros, como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), sino también a representantes de quienes promovieron dichas acciones, como la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) y grupos de trabajadores mineros informales e ilegales, adoptando con ello una estrategia peligrosa y que solo legitima a quienes recurren a la violencia para imponer sus intereses.
El bienvenido diálogo puede significar un retroceso en la lucha contra la minería ilegal, donde las normas dictadas en los últimos meses vienen buscando cerrar el círculo perverso de un proceso de formalización que ya tiene más de dos décadas y que solo ha diluido los límites entre minería artesanal e ilegal, permitiendo la deforestación de bosques y áreas naturales protegidas, la contaminación de ríos y tierras y, más recientemente, la presencia de grupos criminales que encuentran aquí una puerta libre para ampliar sus actividades delictivas.
De acuerdo a cifras oficiales presentadas por el propio MINEM días atrás, la minería ilegal vienen causando un perjuicio fiscal de 7800 millones de soles, a lo que se suma el grave impacto ambiental sobre unas 20 millones de hectáreas, tanto en diversas zonas de la sierra como de la Amazonía, donde la extracción ilegal de oro ya no solo se concentra en Madre de Dios –con muchas áreas que parecen arrasadas por una guerra– sino también en Ucayali y Loreto, imponiéndose en amplias zonas fronterizas con Brasil, Colombia y Ecuador, sobre todo en torno a la cuenca del río Putumayo.
El carácter trasnacional de esta actividad es lo que genera no solo un riesgo en términos de seguridad ciudadana, sino a nivel de la gobernabilidad y la seguridad nacional. Por ejemplo, en Ecuador se ha detectado la participación en estas actividades de los “Comandos de la Frontera”, grupo criminal conformado por facciones de la FARC, junto a organizaciones criminales locales como “Los Lobos”, “Los Choneros” y “Los Tiguerones”. En el caso de Colombia, se han posicionado en esta actividad grupos como los “Comandos del Sur”, facción derivada del ELN, el “Clan del Golfo” y el “Frente Carolina Ramírez” de las disidencias de las FARC; mientras que en el caso de Brasil desde hace años las actividades del garimpo en zonas como Itaituba, Pará y Roraima son controladas por organizaciones criminales como el “Comando Vermelho” y “Primeiro Comando da Capital”.
Para hacer frente a estas actividades, nuestros vecinos vienen desarrollando desde hace años estrategias de lucha integral contra la minería, a través de organismos como el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (CONALDEF) y el Centro Operacional de Fusión de Inteligencia para la Protección Ecología – COFIE en Colombia; así como la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI) en Ecuador, que trabajan de manera coordinada con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mediante el empleo de herramientas tecnológicas, como la geoespacial, para la identificación y control de la minería ilegal. Por su parte, Brasil viene apostando por operativos conjuntos de carácter multinacional, como la Operación “Escudo Verde” que permitió la incautación de bienes por un valor superior a los 64 millones de dólares.
Iniciativas como el control de la trazabilidad del oro, o la implementación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) por parte del MINEM, no deben ser dejadas de lado si se quiere identificar y erradicar las prácticas delictivas que acompañan actualmente a la pequeña minería y minería artesanal.
