Esribe Justo Carbajal
El Estado peruano tiene responsabilidad en esta crisis. Durante más de dos décadas no desarrolló la infraestructura alternativa que habría permitido reducir la dependencia de un solo sistema de transporte.
El Perú se detuvo por una fuga. No fue un terremoto ni el COVID, ni el fenómeno del Niño. Bastó la ruptura de un ducto de gas en Cusco para poner en evidencia una fragilidad que se arrastra desde hace años y que, como suele ocurrir con los problemas estructurales, solo se vuelve visible cuando la crisis estalla.
La deflagración registrada en el distrito de Megantoni, lugar desde el que se trae el gas natural desde Camisea hacia la costa, ha provocado una cadena de efectos que van desde largas colas en los grifos hasta aumentos abruptos en el precio del balón doméstico.
El impacto no se limita al consumo familiar. Taxistas, restaurantes, hoteles, comercios y pequeñas industrias comienzan a resentir el aumento de los costos energéticos. Los gremios gastronómicos advierten que cocinar será más caro. Los transportistas enfrentan un escenario incierto ante la escasez de gas natural vehicular.
El Gobierno ha reaccionado tarde. Ha decretado esquemas de trabajo remoto para reducir el consumo energético en algunos sectores. Si bien son medidas comprensibles en el corto plazo, no responden a la pregunta central que hoy se hacen analistas, empresarios y ciudadanos: ¿Cómo es posible que un país con uno de los proyectos gasíferos más importantes de América Latina pueda entrar en crisis por la falla de una sola infraestructura?
CULPABLES
La empresa concesionaria del principal gasoducto que lleva el gas desde el yacimiento de Camisea hacia la costa del país es Transportadora de Gas del Perú (TGP). Esta compañía opera el sistema de transporte de gas natural bajo una concesión otorgada por el Estado y es responsable de los ductos que llevan el gas desde la selva hasta zonas como Lima y la planta de fraccionamiento en Pisco. Actualmente, TGP tiene una estructura accionaria internacional en la que participan inversionistas como EIG (principal accionista), Enagás y Sonatrach, y su concesión para operar el gasoducto se extiende hasta aproximadamente el 2033.
¿Tras la fuga de gas se ha dado alguna sanción? Hasta la fecha no. Y es que la premier Denisse Miralles lo que ha hecho es reunirse con los representantes del consorcio para, según la propia página institucional de la PCM, “atender” en conjunto el problema. ¿Y qué se logró? Nada muy concreto. Solo anunciar medidas de contingencia como racionar el uso del gas para garantizar el consumo doméstico.
Si bien las investigaciones continúan, es indignante que hasta el día de hoy no se sepa claramente qué fue lo que pasó. Además, ¿dónde está la supervisión del Estado, particularmente del Ministerio de Energía y Minas del Perú y del regulador OSINERGMIN, encargados de fiscalizar la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura energética?
En el exterior, cuando se analizan situaciones como esta, la discusión inevitablemente se dirige hacia la responsabilidad de las empresas operadoras, y es obvio porque el sistema de transporte de gas exige estándares de mantenimiento rigurosos. Los ductos deben ser monitoreados de manera permanente, inspeccionados con tecnología especializada y protegidos contra posibles fallas estructurales.
Pero el Estado peruano también tiene una cuota de responsabilidad en esta crisis. Durante más de dos décadas no desarrolló la infraestructura alternativa que habría permitido reducir la dependencia de un solo sistema de transporte. Por ejemplo, el Gasoducto Sur terminó cancelado por un escándalo de corrupción. También debieron crearse sistemas de respaldo que permitan mantener el flujo de un recurso incluso cuando ocurre una interrupción en algún punto de la red.
¿La fuga fue un accidente industrial? No. Digamos que es el síntoma de un problema mucho más profundo que tiene que ver con la forma en que el país ha construido —o más bien no ha construido— su sistema logístico energético durante las últimas décadas.
MEDIDAS ANTE LA SUBIDA DE PRECIOS
En Lima, un balón de gas de diez kilos costaba hace poco entre 57 y 60 soles, ahora se vende entre 75 y 80 soles en varios puntos de distribución. En algunos distritos ya se ofrecen a precios cercanos a los 100 soles. En zonas alejadas del país, el panorama es todavía más dramático. En comunidades de difícil acceso de la Amazonía se reportan precios que podrían llegar a 150 o incluso 200 soles por balón.
Si bien tenemos recursos gasíferos importantes, la infraestructura para moverlos desde los yacimientos hasta los centros de consumo es limitada. Contamos con poco más de 1500 kilómetros de ductos de transporte de gas natural. Puede parecer una cifra considerable, pero en realidad es modesta si se compara con la red de transporte de otros países de la región. Por ejemplo, Colombia y Argentina poseen sistemas mucho más extensos y diversificados.
Debe pensarse seriamente en la construcción de una planta de regasificación en la costa. Si bien hay gas garantizado solo hasta el 2040, es natural que se descubran nuevos yacimientos que permitan un mayor uso del combustible. De todos modos, esa planta funcionaría como una especie de seguro energético porque también nos ayudaría en la importación de este suministro.
Además, es necesario mejorar la ingeniería de la infraestructura existente. Por ejemplo, una medida clave es instalar válvulas de seccionamiento a lo largo de los ductos. Estas válvulas funcionan como llaves de bloqueo que permiten aislar rápidamente un tramo específico del sistema cuando se detecta una fuga. De esta manera, el resto de la red puede seguir operando mientras se realizan las reparaciones.
En sistemas modernos de transporte de hidrocarburos, este tipo de válvulas son una práctica estándar. Su ausencia puede convertir un incidente localizado en una crisis de gran escala.
Cuando Camisea comenzó a operar a principios de los 2000, el gas apenas representaba una fracción mínima de la matriz energética. Hoy abastece a millones de hogares. Cerca del 40 % de la electricidad que se produce en el país depende de este recurso.
Como si fuera poco, toda esta crisis ocurre además en un contexto internacional muy complejo. Las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz han presionado al alza los precios internacionales del petróleo. Perú, al ser un país importador, tiene que pagar el precio incrementado en los grifos.
El Ejecutivo acaba de aprobar un subsidio extraordinario de S/120 para los taxistas que operan con gas natural vehicular en Lima e Ica. Si bien esta ayuda busca mitigar el impacto económico del racionamiento de gas en el sector transporte, se trata apenas de un paliativo. Hay al menos tres medidas urgentes que deberían discutirse con mayor seriedad.
La primera es reactivar y aplicar el fondo de estabilización de precios, eliminado hace dos años, que permitiría amortiguar los picos de precios en momentos de crisis. La segunda es incorporar un ducto alterno y válvulas de seccionamiento, una práctica estándar en sistemas modernos de transporte de hidrocarburos que permite aislar rápidamente un tramo afectado y evitar que un incidente puntual paralice todo el sistema. Y la tercera es exigir que la Fiscalía realice una investigación rigurosa para determinar con claridad las responsabilidades de esta crisis.














