“Fujimori ha demostrado no tener ningún escrúpulo para arrojar por la ventana a sus enemigos. Y a sus amigos también”, así editorializó CARETAS en las “fiestas patrias” del año 2000. “Instalan una mayoría parlamentaria lograda en base a la traición y al soborno que es una vergüenza para el Perú, como si con esa galería de doce Judas, que recibe los escupitajos del pueblo y las pesetas de la galería, se quisiera terminar de demoler la dignidad nacional”. Se sentenciaba sobre “los límites de un modelo” en medio de una prolongada y profunda recesión. Fujimori perdía popularidad, pero retenía un 43 % de aceptación. Cifras nada despreciables en semejante crisis.
El tercer gobierno de Alberto Fujimori nació deslegitimado: re-reelección abiertamente inconstitucional, montada sobre un proceso viciado y sostenida por un Congreso armado a billetazos. En ese clima, CARETAS ya registraba una posibilidad, planteada por algunos miembros de la oposición, que sonaba extravagante y hoy es parte del léxico político: la vacancia por “incapacidad moral permanente” como último recurso de un Parlamento que intentaba recomponerse.
La reacción de Vladimiro Montesinos al hecho de carecer de mayoría –eran 52 de 120– fue comprar el transfuguismo. Rápidamente pasaron a ser 64 oficialistas.
Julio de 2000 aceleró la historia. Dos semanas antes de la Marcha de los Cuatro Suyos, convocada en protesta a la toma de mando, este medio anotó la amplitud de la movilización –no eran solo Alejandro Toledo y Perú Posible– y llamó a la resistencia civil diaria “a las 6:00 p. m.” como gesto de repudio al autoritarismo. La OEA–tarde, pero llegó– buscaba encauzar un diálogo mientras el régimen seguía apostando por la soberbia. “El gobierno marcha en curso de colisión con la población y con la comunidad internacional”, escribía Fernando Rospigliosi; “tarde o temprano, Fujimori se desploma”, vaticinó Álvaro Vargas Llosa.
La protesta masiva tuvo su contragolpe: la noche de los incendios y la infiltración violenta. El editorial fue inequívoco al asignar responsabilidades y a formular la pregunta que quedó flotando: ese “grupo pirómano especializado” ¿eran maleantes contratados o efectivos del SIN encapuchados? Lo central, subrayó la revista, es que pudo ser neutralizado por la Policía y no lo fue.
EL OPERATIVO “KALASHNIKOV”
En agosto, cuando el diálogo de la OEA intentaba aterrizar, el gobierno lanzó su “superdestape”: el tráfico de armas a la guerrilla colombiana de las FARC. El SIN fue elevado a organismo de élite y Vladimiro Montesinos apareció “en vivo y en directo” como “maestro y guía” de la seguridad. Se trataba de un golpe publicitario con operativo psicosocial que les reventaría en la cara. Montesinos y sus cómplices pretendieron adelantarse al escándalo que los comprometía directamente. Días después, las contradicciones del famoso “Plan Siberia” se multiplicaron: nombres omitidos, pistas sensibles ignoradas y un daño severo a la credibilidad internacional del régimen.
14 DE SEPTIEMBRE: LA “EXPLOSIÓN NUCLEAR”
La bomba nuclear estalló el jueves 14. Todo el país vio a Alberto Kouri cobrando fajos de Montesinos. Se exhibían, filmadas, la compra de congresistas, la captura del Parlamento y la entraña más podrida del régimen. Fujimori anunció elecciones adelantadas sin su candidatura y la desactivación del SIN. El editorial trazó la línea moral de la caída: “la arrogancia del oficialismo” empezaba a verse “no sólo indignante sino patética”. Y CARETAS recordó la insistente e ignorada advertencia a Fujimori sobre su Resputín: “Se le dijo”.
Tan brillante no era como celebraban sus ayayeros. Al subrayar el doble juego y la absurda compulsión por filmarlo todo, Montesinos terminó por hundirse a sí mismo.
Con el régimen tambaleante, Montesinos activó su Plan B de fuga a Panamá para, además, acceder a sus millones. No era improvisación; había trámites y, según la pista periodística, cuentas abiertas desde 1999.
A pesar de todo, CARETAS sostuvo entonces que Fujimori no debía renunciar; que lo ideal —para asignar responsabilidades— era que permaneciera con sus vicepresidentes y ministros clave para “freírse en los problemas” que habían provocado. A ellos les hubiera tocado administrar el fin de fiesta.
Por entonces “la Caja Negra” de Montesinos sumaba USD 69,1 millones atribuidos al asesor. Y como pudo registrarse, Fujimori y Montesinos no solo eran siameses, pues convivieron en las instalaciones del SIN.
En medio del desorden, apareció un actor que después marcaría otra etapa: Ollanta Humala. El levantamiento de Locumba (noviembre de 2000) adicionó presión al régimen, evidenciando que la crisis ya tocaba cuarteles y mandos medios.
EL FINAL
Con los vladivideos en rotación, la fuga de Montesinos y un gabinete fracturado, Fujimori eligió la puerta de servicio: renunció por fax desde Tokio. El Congreso respondió con la vacancia y colocó a Valentín Paniagua al frente de la transición. Fue, como describió CARETAS, una “lección de parlamentarismo”: 12 horas de debate conducidas con firmeza y un mensaje de unidad. La caída se cerró dentro del cauce constitucional.
Conviene recordar –porque el presente la banaliza– que la vacancia por incapacidad moral se administró en circunstancias excepcionales: compra de congresistas documentada en video, un aparato de inteligencia degradado a central de operaciones ilegales, un tráfico de armas utilizado como espectáculo, fuga del operador principal y renuncia del presidente a distancia. No fue un truco procedural, sino el cierre de una crisis terminal con pruebas y consenso político y social de que el ciclo se había agotado. El archivo de CARETAS captura la densidad del momento: “Nunca antes en la historia del Perú… un asesor presidencial amasó tan gigantesca fortuna negra bajo las narices de su patrón”. El país se miró en ese espejo y entendió que la continuidad equivalía a complicidad.
El mar de corrupción hundió al régimen, pero también fijó una vara. Las instituciones que reaccionaron, prensa que documentó, calle que se organizó, OEA que empujó reglas, justicia que abrió causas con procuradores como José Ugaz y un Congreso que —por una vez— honró y acortó su mandato para convocar elecciones el 2001. La lección es doble: la democracia se defiende con ley y evidencia, y las herramientas extraordinarias se usan una vez y bien, no como atajo de coyuntura. Sólo así la caída de 2000 deja de ser un relato de crisis y se convierte en lo que fue: un acto de responsabilidad frente a la evidencia del saqueo.
