El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza pidió al Estado peruano suspender las actuaciones destinadas a reactivar el Lote 64, ubicado en la Amazonía norperuana y superpuesto a territorios de las naciones indígenas Achuar, Wampis y Chapra. El pronunciamiento se produjo durante una audiencia realizada en Puyo, Ecuador, en el marco del XII Foro Social Panamazónico.
Se trata de un tribunal de carácter ético, creado por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Su pronunciamiento plantea detener la reactivación del lote, revisar las decisiones que habilitan su explotación y garantizar los derechos de consulta y consentimiento previo de los pueblos indígenas. También plantea la restauración de los ecosistemas afectados y que quienes defienden los territorios puedan desarrollar su labor sin amenazas ni persecución.
La decisión fue anunciada luego de la audiencia en la que representantes de las tres naciones expusieron sus cuestionamientos a la actividad petrolera en sus territorios. El tribunal estuvo integrado por Francesco Martone, Patricia Gualinga, Natalia Greene, Mario Melo y Pablo Solón. En la sesión también intervino Pedro Arrojo, relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento.
761 mil hectáreas y 22 comunidades
El Lote 64 se encuentra en el distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón, en Loreto. Tiene una extensión de aproximadamente 761.500 hectáreas y se superpone al territorio de 22 comunidades de las naciones Achuar, Wampis y Chapra.
Las organizaciones indígenas sostienen que los posibles impactos de una eventual reactivación no se limitarían al área del lote. Entre los aspectos señalados durante la audiencia figura el transporte del crudo mediante barcazas a través del río Morona.
Las tres naciones llevan alrededor de 33 años de oposición a la extracción petrolera en sus territorios. Durante la audiencia, sus representantes expusieron preocupaciones relacionadas con las fuentes de agua, los bosques, la fauna y las actividades que forman parte de la subsistencia de sus comunidades.
Elmer Kunchim, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), sostuvo que la explotación petrolera representa un riesgo para los ecosistemas de los que dependen las comunidades. “Rechazamos porque para nosotros es contaminación de la naturaleza”, señaló.
Antecedentes de actividad petrolera
El conflicto alrededor del Lote 64 tiene antecedentes vinculados a distintos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Según el material presentado por las organizaciones indígenas, el proyecto también ha generado cuestionamientos relacionados con la consulta previa, el consentimiento y los impactos ambientales.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en el Perú desde 1995, establece derechos de los pueblos indígenas en materia de consulta. Las organizaciones sostienen que estos derechos no fueron respetados en relación con la posible afectación de sus territorios.
En 2018, la empresa Geopark presentó un estudio de impacto ambiental que, de acuerdo con el documento, recibió más de 100 observaciones. Entre los cuestionamientos señalados por las organizaciones estuvieron la identificación de pasivos ambientales, el manejo de residuos y la información relacionada con el transporte de petróleo por el río Morona.
Geopark se retiró del proyecto en 2020 y Petroperú quedó como operador. Desde entonces, la empresa estatal busca un socio comercial para evaluar la reactivación de la explotación.
Derrames y preocupación ambiental
Durante la audiencia, los representantes indígenas también hicieron referencia a los efectos de anteriores actividades petroleras en territorios cercanos.
Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, mencionó derrames registrados en 2016, 2019, 2022 y 2024 y sostuvo que estos hechos también tuvieron consecuencias para comunidades ubicadas fuera del área directa de determinados lotes.
Según la investigación Las sombras de los hidrocarburos, citada en el documento difundido por las organizaciones, entre 1997 y mayo de 2023 se registraron 1.460 derrames y fugas de hidrocarburos en el Perú. De ese total, 57% se produjo en la Amazonía y 43% en la costa. Loreto aparece como la región con mayor número de casos, con 707 registros.
Estos antecedentes forman parte del contexto utilizado por las naciones indígenas para cuestionar una eventual reactivación del Lote 64.
Denuncias sobre conflictos territoriales
Las organizaciones también expusieron ante el tribunal denuncias relacionadas con conflictos territoriales y situaciones que, según sus representantes, se han intensificado ante las expectativas de una eventual reactivación petrolera.
Bisa Tirko afirmó haber afrontado denuncias penales y atentados contra ella y sus hijos debido a su actividad de defensa territorial. Elio Sesen, abogado de la Nación Wampis, también denunció amenazas y procesos contra dirigentes indígenas vinculados a las protestas frente a actividades petroleras.
Estas afirmaciones corresponden a los testimonios presentados durante la audiencia y forman parte de las denuncias planteadas por las organizaciones indígenas ante el tribunal.
¿Qué plantea el pronunciamiento?
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza pidió al Estado peruano suspender las actuaciones destinadas a reactivar el Lote 64 y revisar las decisiones que permiten su explotación. También planteó garantizar la consulta y el consentimiento previo de los pueblos indígenas, así como la restauración de los ecosistemas afectados.
El tribunal dispuso además que su decisión sea remitida al sistema interamericano, donde existe una petición relacionada con la nulidad del lote, así como a otros organismos internacionales.
Desde la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas, integrada por las tres naciones afectadas por el Lote 64, se consideró el pronunciamiento como un antecedente para sus demandas.
Guisela Loayza, asesora legal de la alianza, sostuvo que la decisión respalda la posición histórica de las organizaciones y planteó que el país avance hacia una menor dependencia de los combustibles fósiles.
El pronunciamiento abre ahora un nuevo capítulo en la disputa alrededor del Lote 64, mientras las organizaciones indígenas mantienen su oposición a la explotación petrolera y Petroperú continúa evaluando alternativas para la eventual reactivación del proyecto.