Luego de las movilizaciones nacionales contra el gobierno de Dina Boluarte retomadas el 19 de julio y cuyos días centrales fueron el 28 y 29 de dicho mes, llegando a extenderse incluso hasta el 31, el Comité Unificado Nacional de Lucha del Perú (Conlup), una de las principales organizaciones detrás de las marchas, reconoció que estas jornadas tuvieron limitaciones y acordaron retomar las manifestaciones el 30 de agosto.
El 30 de julio se desarrolló la IV Asamblea Nacional de Delegados de Conlup, en la que se dio un balance del desarrollo de las marchas que duró alrededor de 12 días; las conclusiones fueron relativamente negativas, ya que reconocieron las limitaciones que tuvieron respecto a las marchas que se desarrollaron entre diciembre y marzo y la falta de cohesión entre los protestantes.
El informe señala que hubo “poca y limitada coordinación entre los dirigentes”, así como falta de disciplina a la hora de seguir el trayecto pactado para las marchas. Incluso, diagnostican que la división en Puno y Apurímac afectó a la delegación que llegó a la capital para sumarse a las manifestaciones.
Esta falta de disciplina se habría dado a que muchos de los que llegaron a protestar a la capital, no serían los mismos que llegaron en la primera y segunda “toma de Lima”, además de que, al sumarse un sector de limeños autoconvocados, se dispersó el control de los dirigentes sobre las bases marchantes, a tal punto que señalan que “operadores políticos infiltrados”, es decir, la CGTP, el Sutep, la ANP, entre otros, buscaron tomar el mando de las delegaciones.
Sin embargo, consideran un logro que en esta ocasión, un sector de limeños se haya unido a la marcha, hecho que no ocurrió durante la primera etapa de las movilizaciones iniciada a finales del 2022 y el primer trimestre del 2023.
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Otra de las limitaciones tiene que ver con una división en la misma Conlup, ya que además de delegaciones que formaron sus propias asambleas, antes de la marcha del 19 de julio, un grupo “partidarizado” de miembros de esta organización, hoy bautizado como Coordinadora Nacional de Lucha (CNUL) jugaría su propio papel en las marchas.
La figura del expresidente, Pedro Castillo, es otra causal de división; y es que si bien, una asamblea celebrada el Juliaca, el 24 y 25 de junio acordó que descartarían pedir nuevas elecciones y reclamar en cambio, la restitución del profesor rural en el poder -tal como se vio en algunas delegaciones participantes-, en la asamblea celebrada hace dos días, no lograron acordar mantener el acuerdo de reivindicar al rondero, hoy preso en el penal de Barbadillo por cometer un autogolpe de Estado.
Lograron reafirmar pedir la renuncia de Boluarte, además de su sanción y prisión por su responsabilidad en las más de 60 muertes ocurridas en las protestas, el cierre del Congreso, la justicia y reparación para los deudos y las víctimas de las fuerzas del orden, la no renovación de los contratos ley, y la defensa de los recursos naturales (litio, pesca, minería, gas).