La violencia criminal ha puesto en jaque al transporte urbano en San Juan de Lurigancho (SJL), el distrito más grande y poblado del Perú. Esta semana, las empresas de transporte que operan las rutas La 50 y Huáscar decidieron suspender sus servicios debido a amenazas directas y ataques armados perpetrados presuntamente por bandas de extorsionadores.
El hecho ha dejado a miles de usuarios varados y ha revelado el creciente control que organizaciones delictivas ejercen sobre servicios públicos esenciales como el transporte urbano. Se trata de un nuevo episodio dentro del preocupante avance de la inseguridad ciudadana en Lima.
Ataques y amenazas: ¿por qué dejaron de operar las rutas La 50 y Huáscar?
Según los propios transportistas, la medida fue tomada tras una ola de amenazas y atentados, entre ellos el reciente baleo de dos choferes, ocurrido la semana pasada. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga estos ataques como parte de una presunta campaña de extorsión a empresas de transporte en SJL, atribuida a la banda criminal “Los Injertos de San Juan de Lurigancho”.
Antes de suspender completamente el servicio, los buses de ambas rutas habían reducido su frecuencia de salida de cuatro a diez minutos. Sin embargo, tras la escalada de violencia, más de 80 unidades permanecen hoy detenidas, sin brindar servicio.
Impacto directo: usuarios sin transporte y rutas colapsadas
La suspensión afecta a miles de pasajeros que utilizan diariamente las rutas La 50 y Huáscar para movilizarse por principales avenidas del distrito, como:
- José Carlos Mariátegui
- Canto Grande
- Próceres de la Independencia
- Vía de Evitamiento
- Puente Nuevo
- Callao
En los paraderos habituales, los usuarios se enfrentan a largas esperas y rutas alternativas que no cubren toda la demanda. Algunos han optado por el uso del corredor complementario, aunque este tampoco tiene la capacidad de absorber el flujo completo de pasajeros dejado por las líneas paralizadas.
¿Qué está haciendo el Estado frente a esta amenaza criminal?
Hasta la fecha, las respuestas del Gobierno han sido consideradas insuficientes por los gremios de transportistas. Tras los atentados, un grupo de conductores realizó una protesta simbólica frente al Congreso de la República, exigiendo mayor presencia policial, patrullaje permanente y protección específica para trabajadores del sector.
Sin embargo, según relatan varios transportistas —la mayoría sin identificarse por temor a represalias—, las amenazas continúan y la presencia del Estado es casi inexistente en las zonas de mayor riesgo. Algunos incluso han optado por dejar el trabajo de forma indefinida.
“Ya no podemos salir a trabajar tranquilos. Si no pagas, te matan. Así de simple”, comentó un conductor que prefirió mantenerse en el anonimato.
San Juan de Lurigancho: un distrito sitiado por la criminalidad
Este caso no es aislado. San Juan de Lurigancho ha sido durante 2025 epicentro de múltiples episodios de violencia, desde extorsiones hasta asesinatos por sicariato. En los últimos meses, el distrito ha sido blanco de:
- Extorsiones a comerciantes y transportistas
- Cobros de cupos a conductores de rutas formales e informales
- Detonación de explosivos frente a viviendas y negocios
- Homicidios ligados a ajustes de cuentas entre bandas rivales
La situación ha llegado al punto en que muchas familias han optado por cambiar de domicilio o enviar a sus hijos a estudiar en distritos cercanos, ante el temor de ser víctimas colaterales de la violencia.
¿Qué dicen los transportistas? El miedo se ha vuelto rutina
Pese a la gravedad de los hechos, la mayoría de los choferes y cobradores evita declarar ante medios de comunicación. La razón es simple: miedo. Muchos afirman haber recibido llamadas telefónicas, mensajes anónimos o amenazas directas para pagar “cuotas de seguridad”.
“Nos están acorralando. O pagas o te disparan. No hay forma de trabajar así”, expresó uno de los operadores de la línea La 50. Otros han comenzado a buscar trabajo en otros distritos o incluso en otras regiones, cansados de vivir bajo amenaza.
Una crisis que afecta al corazón del transporte limeño
El transporte público en Lima ya enfrenta múltiples problemas: congestión, informalidad, falta de planificación y deficiencia en la fiscalización. A eso se suma ahora el factor criminal, que ha penetrado incluso a rutas formales con años de operación.
Expertos en seguridad advierten que, si el Estado no actúa con decisión, se corre el riesgo de que las bandas criminales “copien el modelo” en otros distritos, comenzando una ola de extorsiones en serie a empresas de transporte.
Conclusión: ¿se puede garantizar el derecho al trabajo y a la movilidad?
Lo que ocurre hoy en San Juan de Lurigancho es un reflejo del deterioro del tejido urbano y de la seguridad pública. Cuando un grupo de ciudadanos no puede salir a trabajar sin arriesgar su vida, y miles más no pueden movilizarse por falta de transporte, el Estado está en deuda.
La paralización de las rutas La 50 y Huáscar no es solo un problema de transporte. Es una alerta roja de control territorial por parte del crimen organizado, que ha pasado de atacar negocios locales a tomar de rehén a todo un distrito.
El mensaje de los transportistas es claro: sin seguridad, no hay transporte. Y sin transporte, la ciudad simplemente no funciona.